El proyecto estrella, en el ámbito de las infraestructuras, del Gobierno de la Comunidad de Madrid que dirige Isabel Díaz Ayuso, la Ciudad de la Justicia, corre el riesgo de quedarse sin empresas licitadoras.
El motivo fundamental es el escaso presupuesto asignado para la ejecución de las obras, que provoca que la rentabilidad asociada sea insuficiente para los mínimos con que trabajan las constructoras y, en consecuencia, para obtener la financiación, máxime en el contexto actual de escalada de precios y escasez de suministros. Así lo denuncian diversas fuentes del sector empresarial, que advierten de que los consorcios y empresas interesadas tengan serias dudas de concurrir al proceso cuyo plazo para presentar las propuestas culmina el próximo 20 de octubre.
El proyecto de la Ciudad de la Justicia, cuya licitación fue publicada por la Comunidad de Madrid a finales de julio, cuenta con un presupuesto para la fase de construcción de 507 millones de euros. En el sector privado aseguran que este presupuesto está muy alejado de sus estimaciones, hasta el punto de que los cálculos que manejan la mayoría de las constructoras interesadas lo sitúan un 20% por ciento por encima -superando así los 600 millones de euros-. El contrato, licitado como una concesión de obras con un plazo de 40 años, tiene un valor total de 2.848 millones de euros (sin IVA), a razón de 49,4 millones de euros -revisable a partir del octavo año-.
El proyecto había atraído a las mayores constructoras españolas. Así, ya durante la pasada primavera se forjaron las primeras alianzas, como adelantó este diario. En concreto, Ferrovial y Sacyr se unieron en un consorcio para el que mantuvieron negociaciones para incorporar al fondo de infraestructuras francés Meridiam, aunque finalmente, dadas las condiciones de la licitación y las limitaciones a la rentabilidad que impone la ley de desindexación de la economía española, no fraguaron. De igual modo, ACS, a través de Dragados y de Iridium, se alío con Acciona. FCC, por su parte, decidió concurrir en solitario, mostrando la capacidad financiera que le confiere su dueño, el mexicano Carlos Slim. Otras firmas como OHLA y Grupo Sanjose continúan buscando socios, abriéndose a sumar fuerzas con fondos de inversión y con otras constructoras e ingenierías.
El bajo presupuesto para las obras es el principal caballo de batalla, aunque no el único
Todas ellas, sin embargo, han diluido su interés tras conocer los pliegos finales del contrato. En el caso de Ferrovial, de hecho, algunas fuentes dan por descartada su participación en las condiciones actuales, un camino que también podría seguir Sacyr. De igual modo, Acciona y ACS tampoco tienen seguro presentar una oferta. Todas las empresas consultadas declinan hacer comentarios, pero por el momento algunas de ellas, según fuentes conocedoras, han transmitido a la Comunidad de Madrid distintas apelaciones y solicitudes para modificar los pliegos y propiciar así que sea un contrato rentable.
El bajo presupuesto para las obras es el principal caballo de batalla, aunque no el único. Según explican fuentes conocedoras, la falta de concreción del proyecto también genera incertidumbres. Una advertencia que está alineada con uno de los puntos contenidos en la impugnación que el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) presentó contra la licitación el 22 de agosto. Esta organización también alegó que los pliegos no cumplen con la Ley de Calidad de la Arquitectura al no realizarse un concurso de proyectos previo a la concesión de obras El Tribunal Administrativo de Contratación Pública ( TACP) ha desestimado el recurso interpuesto por el COAM, como adelantó elEconomista.es el 9 de septiembre.
Las alegaciones de Seopan
El rechazo de esta impugnación se suma a la respuesta desestimatoria que ya hizo a comienzos de año la Comunidad de Madrid a todas alegaciones que Seopan presentó sobre el Estudio de Viabilidad del proyecto de la Ciudad de la Justicia. Esta organización, que agrupa a las mayores constructoras españolas, incluidas ACS, Acciona, Ferrovial, FCC, Sacyr y OHLA, alegó una docena de cuestiones, como la distribución de riesgos, la tasa de descuento, las actividades comerciales, la fórmula de revisión de precios y actualizaciones, la amortización del inmovilizado o las reinversiones, entre otras.
El proyecto de la Ciudad de la Justicia promovido por Isabel Díaz Ayuso sucede al impulsado por el expresidente Ignacio González, que en 2015 adjudicó el contrato a OHL -hoy OHLA- y Acciona. Sin embargo, el Ejecutivo de Cristina Cifuentes lo tumbó posteriormente al no haberse resuelto un litigio por el proyecto previo del Campus de la Justicia, lanzado bajo el mandato de Esperanza Aguirre. Acciona y OHLA abrieron una batalla legal con la Comunidad y en 2020 el Tribunal Supremo desestimó sus recursos.
28 edificios
El nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid agrupará en una única parcela en Valdebebas de 136.606 metros cuadrados los 28 edificios judiciales que actualmente están dispersos por distintos puntos de Madrid. El nuevo recinto estará compuesto por 17 inmuebles y se estima que unas 31.000 personas podrán hacer uso a diario de las instalaciones.
