La Comunidad de Madrid prevé lanzar la licitación del nuevo proyecto de la nueva Ciudad de la Justicia en el segundo semestre de este año. Un proyecto que saldrá a concurso en régimen concesional de pago por disponibilidad y que tiene una valoración estimada para la construcción de 507 millones de euros. Con ese horizonte, la mayoría de las grandes constructoras ya están negociando la formación de consorcios con fondos de inversión, fundamentalmente de infraestructuras, para que aporten la financiación necesaria, de acuerdo con fuentes de las propias firmas.
ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA tienen interés en el proyecto y están evaluando sus opciones, en algunos casos ya con negociaciones en marcha para crear alianzas. Hay conversaciones cruzadas entre estas y otras constructoras y, en paralelo, con fondos que se han abierto a participar en la iniciativa. En el sector señalan a firmas como la holandesa DIF, la británica Aberdeen y la gala Meridiam entre las más interesadas, si bien hay otras siguiendo el proceso.
La disposición de los fondos a entrar en la concesión de la nueva Ciudad de la Justicia contrasta con lo acaecido en otras iniciativas de los últimos años, con el Plan Extraordinario de Inversión en Carreteras (PIC) como máximo exponente, debido a las limitaciones a la rentabilidad que impone la ley de desindexación -fija una tasa de descuento del bono del Tesoro a 10 años más 200 puntos básicos, lo que hoy sólo arroja un 2,68%-. En este caso, los riesgos asociados a la construcción y la explotación están más acotados, lo que acerca el interés de los inversores y, además, el criterio con el que algunas Administraciones están interpretando de la normativa apunta a que sirva para fijar el plazo de amortización y no el rendimiento.
Las estimaciones que hace el sector para el caso concreto de la Ciudad de la Justicia oscilan entre el 5,5% y el 7,5% de tasa de descuento. Ahora bien, la Comunidad de Madrid aún está definiendo el pliego y, en última instancia, el Ministerio de Hacienda deberá dar su autorización. El sector demanda al Gobierno desde hace años que modifique la ley para mejorar la rentabilidad y, en consecuencia, reactivar los proyectos concesionales.
Siguen el proyecto ACS, Sacyr, OHLA y Acciona y fondos como Meridiam, DIF y Aberdeen
Las expectativas con este proyecto son a día de hoy optimistas, como lo prueban los movimientos en el sector privado, si bien empresas y fondos son cautelosos hasta conocer del pliego. No en vano, en la memoria reciente permanece el PIC, lanzado en primera instancia en 2017 y para el que se forjaron una decena de consorcios entre constructoras grandes y medianas con fondos como DIF, Meridiam, Macquarie, Aberdeen, John Laing, InfraRed o 3i, entre otros.
Por el momento, Acciona y OHLA, las constructoras que fueron elegidas para el anterior proyecto de la Ciudad de la Justicia que decayó, tienen intención de concurrir, al igual que otros grupos de primera línea. La alternativa a los fondos es recurrir a deuda bancaria, opción que contemplan aquellas con mayor músculo financiero.
El nuevo proyecto de la Ciudad de la Justicia agrupará en una única parcela en Valdebebas los 28 edificios judiciales que actualmente están dispersos por distintos puntos de Madrid. El nuevo recinto estará compuesto por 17 inmuebles. El estudio de viabilidad, construcción y explotación contempla, acorde con la ley, un régimen concesional máximo de 40 años con un canon estimado de unos 50 millones anuales, es decir, 2.000 millones.
