Las constructoras han llevado su órdago al Gobierno de la Comunidad de Madrid hasta el final. En la media noche de este jueves concluyó el plazo para presentar ofertas por el proyecto de la Ciudad de la Justicia de Madrid, que el Ejecutivo regional había tenido que ampliar previamente, y ninguno de los grupos y consorcios interesados concurrió, de acuerdo con fuentes empresariales conocedoras. Las condiciones insuficientes de rentabilidad han provocado que, como ya ocurriera el pasado 20 de octubre, la licitación haya quedado desierta. Aún no estaba claro si el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso extendería el plazo otra vez para tratar de convencer a las compañías o si asume el fracaso y reconsidera el proyecto con la elaboración de un nuevo pliego.
En las últimas tres semanas el Ejecutivo autonómico ha intentado sin éxito atraer a las constructoras que habían mostrado interés por participar en el concurso. Ha continuado dando respuesta a decenas de aclaraciones, pero las condiciones económicas del proyecto se han mantenido intactas respecto a lo recogido en el estudio de viabilidad. De este modo, las empresas se han enrocado al considerar que la tasa de retorno es insuficiente. Además, en las respuestas de la Administración también se ha confirmado que las UTEs (uniones temporales de empresas) han de incluir una compañía con credenciales en materia de seguridad y vigilancia.
Tanto FCC, que pretendía concurrir en solitario, como los consorcios formados por ACS y Acciona, por Ferrovial y Sacyr y por OHLA, Azvi-y el fondo TIIC, habían expresado su interés en hacerse con el contrato de construcción y explotación de la Ciudad de la Justicia de Madrid, erigido en el proyecto estrella de infraestructuras del Gobierno de Ayuso. Sin embargo, las condiciones económicas del mismo han ido apagando el apetito. Ya el 20 de octubre dejaron desierta la licitación y la Comunidad de Madrid atendió la petición de las empresas para ampliar el plazo y poder estudiar mejor los pormenores del contrato. Pese a que en estas semanas ha abundado en las explicaciones sobre la rentabilidad del proyecto, no ha atendido la demanda de los grupos de mejorar la tasa de retorno y equipararla así a la que se ofrecen en países donde tienen presencia. La iniciativa cuenta con un presupuesto para la construcción de 507 millones de euros. El contrato, licitado como una concesión de obras con un plazo de 40 años, tiene un valor total de 2.848 millones de euros.
Más materiales para la revisión de precios
Hacienda ha aprobado una Orden Ministerial para incluir otros seis nuevos materiales de construcción en el decreto de revisión de precios en los contratos de obras públicas, aunque sigue sin incluir la energía, una de las principales demandas del sector. Entran el cemento, los materiales cerámicos, la madera, los plásticos, los productos químicos y el vidrio, con lo que se unen a materiales siderúrgicos, bituminosos, aluminio y cobre.