El G7 de la construcción se disolvió en 2017 al admitir posibles ilegalidades

"Podría no ser lícito preparar trabajos que son objeto de valoración en común"; "irá relacionado con lo que os comenté en enero, que (empleados de Dragados no identificados) me decían que pensaban que lo del grupo raya la legalidad de la competencia"; "sobre otros trabajos de Plan de Seguridad, Calidad o Medioambiente tengo mis dudas, creo que no se podrían compartir ya que si se presentan tal cual se elaboran se está anulando la capacidad del promotor para valorar de forma diferente. Sería interesante tener una opinión legal sobre el asunto para poder tomar una decisión sobre nuestra continuidad en el Grupo (el G7)".

Estos son algunos de los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp intercambiados por directivos de las constructoras del denominado G7, integrado por Dragados (ACS), FCC, Ferrovial, Acciona, OHL (hoy OHLA), Sacyr y la ya extinta Isolux Corsán, y al que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una sanción de 203,6 millones de euros, la mayor en la historia empresarial de España por prácticas contrarias a la libre competencia.

"Se producía una reducción de la incertidumbre inherente a los procesos de contratación pública, un ahorro de costes y una ventaja competitiva de los miembros del G7"

Estos y otros mensajes constatan cuanto menos las dudas  por parte de las empresas de las irregularidades en que estaban incurriendo con sus prácticas que, en opinión de la CNMC, alteraron durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Los mensajes se realizaron en abril de 2017 a raíz de que Dragados, Ferrovial y Sacyr decidieran abandonar el G7. Les siguieron FCC y OHL en las semanas posteriores, certificándose la disolución de este grupo el 11 de mayo de aquel año.

Desde 1992, las constructoras se reunían semanalmente para analizar licitaciones de obras que se habían publicado en diferentes plataformas. En esas reuniones, las empresas se comunicaban entre sí la decisión de compartir –entre todas o en un subgrupos- una parte o la totalidad de los trabajos que componían las ofertas técnicas que presentaban en los procedimientos de contratación de obra y edificación licitados por diversas Administraciones Públicas en España, siempre por un importe inferior a un millón de euros y nunca por encima de los 100 millones de euros. Además, las empresas intercambiaban en estas reuniones otra información comercialmente sensible como su intención o no de concurrir a licitaciones o la intención de formar UTEs.

A espaldas de los licitantes

Todo ello lo hacían, a juicio de la CNMC, a espaldas de los órganos licitantes. De este modo, "se producía una reducción de la incertidumbre inherente a los procesos de contratación pública, un ahorro de costes y una ventaja competitiva de los miembros del G7 respecto del resto de competidores", señala la resolución.

Para la CNMC, "las conductas constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea". El organismo que preside Cani Fernández no ha calificado esta práctica de cártel por no tratarse de fijación de precios o reparto de mercado.

La CNMC ha impuesto una multa económica a seis de las siete empresas del G7 (la quebrada Isolux Corsán y la heredera de algunos de sus negocios, Lantania, han sido excluidas del expediente) de 203,6 millones de euros, superando su mayor sanción hasta ahora, de 171 millones, a 21 empresas del sector de la automoción. En concreto, Dragados (ACS), ha sido multada con 57,1 millones, FCC Construcción con 40,4 millones, Ferrovial Construcción con 38,5 millones, Acciona Construcción con 29,4 millones, OHL –hoy OHLA– con 21,5 millones, y Sacyr Construcción con 16,7 millones.

La cuota conjunta media del G7 entre 2008 y 2017 en proyectos de más de 10 millones de euros fue del 44,6%

El importe de las sanciones se ha calculado sobre un volumen de negocio conjunto de las empresas vinculado con licitaciones públicas de 133.171 millones. La cuota conjunta media del G7 entre 2008 y 2017 en proyectos de más de 10 millones de euros fue del 44,6%, siendo también un porcentaje "muy relevante" en proyectos de menos de 10 millones.

La CNMC ha acordado remitir la resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública de Estado para que determine, si procede, la duración y el alcance de la prohibición de contratar a estas constructoras con las Administraciones Públicas.

Las seis empresas recurrirán la resolución de la CNMC ante la Audiencia Nacional, quedando en suspenso la ejecución de las multas. Ferrovial y Acciona ya presentaron un recurso contra la incoación del expediente, de 21 de julio de 2020, pero fue desestimado. Las empresas también presentaron alegaciones en el marco de la investigación que no han convencido a la CNMC.

A lo largo de los años de duración de la conducta hubo cientos de licitaciones públicas en las que las empresas del G7 presentaron el mismo proyecto

Entre ellas inciden en que los trabajos técnicos compartidos carecerían de capacidad para uniformizar sus ofertas técnicas porque la puntuación que les era atribuida representaría una parte reducida de la reconocida por la Administración en cada caso a la oferta técnica. La CNMC arguye que "para que exista tensión competitiva entre las empresas en cada uno de los elementos de una oferta, es necesario que éstas sean realmente independientes". "Solo de este modo se fomenta el incentivo a la mejora e innovación entre los competidores, inherente a todo proceso de contratación pública", añade.

Las empresas también señalan que compartieron el proyecto de licitación en torno a un 5% de las veces en que se presentaron a una licitación. La CNMC considera, en todo caso, que "compartir el proyecto de licitación es en sí mismo un elemento que tiene aptitud para afectar a la competencia" y advierte de que "un número elevado de casos haría más grave la conducta, pero el mero hecho de compartir una parte de las ofertas altera el proceso competitivo, especialmente cuando lo que se comparte es el conjunto del proyecto que se presenta a la licitación". "Compartir el proyecto de licitación en el porcentaje reconocido por las empresas lleva a concluir que a lo largo de los años de duración de la conducta hubo cientos de licitaciones públicas en las que las empresas del G7 presentaron el mismo proyecto; un hecho no controvertido que por sí solo supone una alteración muy grave del proceso competitivo", resalada el organismo de Competencia.