La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 203,6 millones de euros a seis de las principales constructoras españolas por haber alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras. Las sancionadas son Acciona, Dragados, FCC, Ferrovial, OHLA y Sacyr.
Según ha informado el organismo en un comunicado, desde 1992 el grupo celebraba reuniones semanales para analizar las licitaciones de obra pública que se habían publicado en diferentes plataformas de contratación del Estado. En esas citas, las empresas decidían los concursos en que iban a compartir -entre todas o en un subgrupo- una parte o la totalidad de los trabajos que compondrían las ofertas técnicas de las licitaciones. "Los trabajos se encargaban conjuntamente por los miembros del grupo a empresas externas", indica la CNMC.
El modus operandi de grupo queda demostrado para la CNMC. "Las empresas no podían modificar los trabajos generados en conjunto para presentarlos en sus ofertas sin el conocimiento y la aprobación del resto de miembros del grupo. La única personalización admitida era la inclusión de logos y denominaciones de cada empresa en el documento conjunto para dar a las administraciones una apariencia de independencia en la presentación de las ofertas". Según el comunicado, las seis compañías desarrollaron unas complejas normas de funcionamiento que fueron evolucionando durante el tiempo que duró la conducta.
En esos encuentros semanales, las empresas también intercambiaban información comercial sensible (diferente de la necesaria para compartir los trabajos), como podía ser su intención de concurrir o no a licitaciones, o la intención de formar UTEs (Unión Temporal de Empresas) y los miembros que las integrarían.
Incumplieron los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones
En el caso de los contratos de edificación y obra civil de infraestructuras de interés general, como son hospitales, carreteras o aeropuertos, entre otros, la oferta técnica era en muchas ocasiones la variable competitiva con mayor importancia (llegaba a alcanzar el 70% de la puntuación del concurso, frente al 30% correspondiente a la puntuación económica). Pues bien, según lo concluido por la CNMC, en algunos casos las empresas llegaron a compartir el proyecto de licitación que iban a presentar a la Administración.
"El hecho de compartir las ofertas técnicas y los intercambios de información entre licitadores incumplen los deberes de proposición única y de secreto de las proposiciones y eliminan la independencia exigida a las empresas en los procedimientos de contratación pública", explica el organismo.
El grupo se disolvió en 2017 consciente de la infracción
La multa total será repartida entre las seis compañías: Acciona (29,4 millones), Dragados (57,1 millones), FCC (40,4 millones), Ferrovial (38,5 millones), OHLA (21,5 millones) y Sacyr (16,7 millones).
En 2017 las empresas disolvieron el G7 (las actuaciones contra Lantania han sido archivadas) y manifestaron expresamente que estos acuerdos podían ser contrarios a las normas de defensa de la competencia.
Efectivamente. Las conductas, apunta la CNMC, constituyen una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. "Se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la sociedad, ya que afectaron a miles de concursos convocados por Administraciones Públicas españolas para la construcción y edificación de infraestructuras como hospitales, puertos y aeropuertos, carreteras, etc".
Menor variedad y menos calidad de las ofertas
Las acciones sancionadas se traducen en una menor variedad y calidad de las ofertas técnicas presentadas por las empresas a la Administración contratante. También afectaron a las empresas competidoras, que "concurrieron a los contratos públicos en desventaja competitiva frente a las empresas del grupo, ya que tuvieron que acometer un mayor coste para la preparación de las proposiciones técnicas".
Además, al no disponer de la misma información estratégica que las empresas del grupo, "se alteraron los términos de competencia leal entre todos los oferentes", recuerda la CNMC.
En este sentido, el organismo hace hincapié en el efecto agregado que tuvieron sobre la competencia estas prácticas debido al gran número de obras en las que compartieron trabajos entre ellas, el elevado importe que entrañaron dichas obras y la prolongada duración en el tiempo de las prácticas.
Entre las AAPP afectadas figuran fundamentalmente las pertenecientes al ámbito de Fomento, incluyendo al Ministerio (ahora Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana) junto con sus organismos y entidades públicas empresariales dependientes.
Las constructoras han anunciado que recurrirán ante la Audiencia Nacional la multa y han mostrado su disconformidad con la sentencia dictaminada por el órgano de competencia.
"Manifestamos nuestra absoluta discrepancia con la resolución de la CNMC. La propia resolución reconoce que no existe un acuerdo restrictivo de la competencia cuyo objeto fuera alterar las licitaciones", ha señalado un portavoz de Ferrovial a Europa Press. En lo que respecta al resto de constructoras, tanto Acciona como Sacyr o ACS también han mostrado a la agencia su intención de recurrir.
