Las constructoras renunciarán a la revisión de precios planteada por el Gobierno en obras en curso debido a las imposiciones que fija la normativa. La propuesta del Ejecutivo obliga a las empresas a retirar o desistir de cualquier reclamación por causa del incremento de los costes de los materiales de construcción para poder aspirar a la compensación por la subida desde 2021 en las obras en curso.
Esto conlleva, según denuncian fuentes del sector, que las constructoras tendrían que retirar las reclamaciones que pudieran haber surgido con anterioridad por subidas de precios derivadas de distintas situaciones, como paralizaciones o suspensiones de los contratos a instancias de las Administraciones Públicas.
Hay obras en curso que tienen demandas interpuestas como consecuencia de paralizaciones o suspensiones por parte de la Administración
El Real Decreto-ley de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras, aprobado este martes en consejo de ministros, recoge que el "pago de la cuantía resultante de la revisión excepcional de precios quedará condicionado, en caso de que el contratista hubiera interpuesto cualesquiera reclamaciones o recursos en vía administrativa o ejercitado cualquier tipo de acción judicial por causa del incremento del coste de los materiales, a que acredite fehacientemente que ha desistido de aquéllos".
De acuerdo con la redacción de la normativa, las constructoras que decidan acogerse a la revisión de precios sí podrán mantener otro tipo de reclamaciones, pero no aquellas relativas al aumento de los costes de los materiales. En el sector explican que hay obras en curso que tienen demandas interpuestas como consecuencia de paralizaciones o suspensiones por parte de la Administración. Éstas devienen en muchos casos de conflictos por expropiaciones, de hechos sobrevenidos como la aparición de elementos arqueológicos o, incluso, sobre todo tras la crisis financiera, por falta de liquidez. En consecuencia, los proyectos se retrasan con sobrecostes para las contratistas, que en ocasiones retomaron las obras con años de dilación, cuando los precios ya no eran los mismos que se contemplaban al inicio del contrato, o que incurrieron en gastos extraordinarios para, por ejemplo, el mantenimiento de la maquinaria, el traslado o el despido de los trabajadores.
Rehusar la revisión
Ante este escenario, la determinación a la que están llegando las empresas es la de rehusar a presentar la solicitud para la revisión de precios en algunas de sus obras.
Esta restricción se añade a aquellas relativas a los umbrales y máximos en el alza de precios para optar al reequilibrio económico, lo que dejará fuera del mismo a numerosas obras, según denuncian en el sector. En concreto, como adelantó elEconomista el 16 de febrero, el RD-Ley establece que la compensación no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato. Asimismo, previamente, los contratistas deberán acreditar que el incremento del coste de materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre exceda del 5% del importe certificado del contrato en 2021. El Gobierno ha vuelto así a su planteamiento inicial de fijar un 5% y no un 8%, como había trasladado semanas atrás. Un cambio motivado en el marco de las negociaciones con las patronales, que reclamaron que se modificara.
