Barcelona/Madrid
El PSC recupera el Ministerio de Industria que ya ocuparon José Montilla (2004-2006) y Joan Clos (2006-2008) con el nombramiento de Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona y hasta ahora presidente de Hispasat. El socialista catalán toma la cartera en un momento en el que el continente clama por reindustrializarse a pesar del complicado entorno macroeconómico actual. La gestión de los fondos europeos será una de las claves en un mandato en el que más allá de otorgar los Next Generation EU llega con carpetas por resolver repartidas por toda la geografía: desde la crisis de Siemens Gamesa a la autorización del traspaso de Celsa.
El caso más claro es el de la automoción. Hereu tiene por delante el reto de resolver la sección B de la segunda edición del Perte del vehículo eléctrico y conectado. Esta línea cuenta con un presupuesto de 559,6 millones de euros, de los cuales 344,42 en forma de subvención y 215,24 millones en forma de préstamos reembolsables al tipo de interés del 2,88% y con un plazo de amortización total de 10 años con tres de carencia. También será responsable de llevar a cabo la tercera edición de la convocatoria, prevista para enero y dotada con 1.200 millones de euros.
En materia corporativa, Hereu ha de materializar la inversión que planea Stellantis —el mayor fabricante de vehículos en España— para instalar una gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza). La multinacional francoitaloamericana ha confirmado el interés que tiene en España. No obstante, percibirá por este proyecto un total de 55,86 millones de euros, una quinta parte de lo que solicitó. Una cifra que "no ha cumplido sus expectativas".
Y es que la subvención máxima a la que optaba el consorcio francoitaloamericano para poder levantar una gigafactoría en Zaragoza asciende hasta los 200 millones de euros. El hasta hoy ministro de Industria, Héctor Gómez, reconoció que Stellantis trabaja con el Gobierno en una "hoja de ruta que, más allá del Perte_VEC II y a través de otros mecanismos y líneas existentes, permitan crear las condiciones para alcanzar el nivel de ayudas necesarias".
Otro frente que tendrá que afrontar será la posible llegada de Tesla a la Comunidad Valenciana. Una opción que saltó por los aires al filtrarse a la prensa. Tampoco ayuda que la multinacional norteamericana haya decidido que fabricará en la gigafactoría de Berlín un modelo eléctrico que tendrá un precio de partida por debajo de los 25.000 euros. En la región también se esperan las inversiones de Ford. Una medida que, de momento, se mantiene en el aire. Desde UGT señalaron la semana pasada que la marca ha optado por "aplazar cualquier decisión que tenga que ver con las inversiones relacionadas con la electrificación". Desde la marca reconocen que "a medida que el mercado y nuestros clientes hagan la transición a los vehículos eléctricos, equilibraremos el volumen con la demanda manteniendo el enfoque de costes". Por lo pronto, la compañía ha aceptado las ayudas de 37,6 millones de euros que le ha asignado el Ministerio de Industria para una nueva planta para el montaje de baterías de vehículos 100% eléctricos.
Además, deberá monitorizar la ejecución del plan Future Fast Forward de Seat y Volkswagen para electrificar sus plantas en el país y erigir un centro de cargadores en Sagunto.
Más allá del automóvil: Hereu manejará el Perte Naval, el agroalimentario y el de descarbonización
Pero no solo hay dinero para el automóvil en el Ministerio de Industria. Sobre él recae también el Perte Naval, el agroalimentario o el de descarbonización industrial, con recursos por 3.100 millones y abierto hace menos de un mes con la primera línea de 1.000 millones.
Precisamente en este último, más allá de las licitaciones públicas, hay una partida de 450 millones reservada para Arcelormittal y la reconversión de su planta de Gijón para que trabaje con hidrógeno verde. La siderúrgica siempre dijo que estaba dispuesta a ejecutar la obra, pero solo si se le garantizaba energía barata, algo para lo que mantiene negociaciones con el Gobierno desde antes de verano. El momento además no ayuda, con la industria del acero recortando beneficios a la mitad.
Otro Perte, todavía sin fechas, es el de los microchips, en el que el Ejecutivo depositó muchas esperanzas para captar a fabricantes de semiconductores para que se instalasen en España una vez visto como la escasez de estas piezas segó durante casi dos años la recuperación de sectores como el automóvil tras la pandemia. Como explicaba elEconomista.es, la falta de proyectos ha ralentizado esta convocatoria, para la que se preveía movilizar 12.000 millones de euros.
La crisis de Gamesa y el rearranque de Alcoa, en la agenda
Pero Hereu no solo deberá afrontar el reparto de los fondos Next Generation EU, solo llegar al despacho, por ejemplo, deberá abordar el papel del Estado en el rescate de Siemens Gamesa, que cerró su año fiscal 2023 con unas pérdidas de 4.588 millones de euros debido a los fallos en sus aerogeneradores y que emplea a más de 5.000 personas en la Península Ibérica.
La empresa solicitó el salvavidas de la administración y Alemania aprobó una ayuda de hasta 7.500 millones de euros para el fabricante de turbinas eólicas. Sin embargo, la firma necesita aproximadamente 15.000 millones, por lo que España, según admitió el predecesor del catalán, participará con una posible línea de avales bancarios con la cobertura de CESCE.
En paralelo, deberá aprobar la entrada de los fondos acreedores en Celsa en virtud de la ley antiopas. Aquí en principio su papel debería ser testimonial, pues los inversores presumen de un acuerdo con el anterior Ejecutivo socialista con el que se autorizaba su aterrizaje en la siderúrgica a cambio de que diesen entrada a un socio nacional y mantuvieran la españolidad y los puestos de trabajo en el país.
Así, los Rubiralta deberían tener los días contados al frente de la organización algo que, según cuentan fuentes cercanas a ellos, tienen ya asumido.
También en Cataluña, Hereu deberá tener un ojo puesto en la reindustrialización de la planta de Nissan en la Zona Franca de Barcelona. Firmada a comienzos de año, con la australiana Goodman como inquilino y QEV y Btech como responsables de la actividad industrial, los calendarios de contratación ya comienzan a incumplirse, según denuncian los sindicatos. La cifra de incorporaciones a final de año rondará las 140 personas, la mitad de lo previsto.
Además, cada vez hay más voces que señalan que la única manera de que el proyecto sea viable es con la materialización del acuerdo con la china Chery para terminar de montar sus vehículos en la capital catalana. La empresa asiática se ahorraría así los aranceles que impone la Unión Europea a las importaciones de automóviles.
Otro rearranque a monitorizar será el de la planta de Alcoa en San Ciprián, que a pleno rendimiento consume el 1,5% de la energía del país. En principio está previsto para enero, pero la cúpula estadounidense de la organización lamenta que la situación "es y sigue siendo muy difícil" y la reestructuración acometida este mismo mes de noviembre para eliminar la figura del presidente en España ha despertado temores entre la plantilla de que el calendario vaya a sufrir alteraciones.
