Feijóo opta deliberadamente por distanciarse de Vox, señalando reiteradamente que no le gustaría gobernar con Abascal, para arañar votos socialistas. Pero no va a tener otro remedio, si logran sumar mayoría absoluta. Con esta hipótesis es difícil hacer predicciones de política económica, porque va a depender de las mayorías del Ejecutivo para sacar sus proyectos adelante.
La campaña electoral tampoco dio muchas pistas sobre las verdaderas intenciones de cada candidato. Los programas son lo suficientemente laxos para dejar margen de maniobra al ganador. Feijóo anunció urbi et orbi que lo primero que hará es una auditoría para ver cómo están las cuentas públicas. Pero lo cierto es que una de las tareas prioritarias será cómo repartir más de 100.000 millones de los fondos Next Generation, que están aún por distribuir. A nadie amarga un dulce como éste.
El Perte Chip atrae solo una décima parte de lo previsto. El dinero se redirigirá a otros proyectos
Uno de los planes estratégicos que se deberá redefinir será el Perte chip, al que se asignaron 12.250 millones para atraer fábricas de semiconductores, pero aún no se han convocado la ayudas ante la falta de proyectos. Los viajes internacionales de Pedro Sánchez para reunirse con los primeros espadas del sector se saldaron con un resultado decepcionante.
Europa aprobó 43.000 millones en el Chip Act, con objeto de duplicar la producción de chips en la próxima década y reducir así su dependencia exterior. Pero las únicas dos grandes inversiones anunciadas han ido a Alemania y tienen bastantes problemas de implantación. Intel, dispuesta a gastarse 17.000 millones en Magdeburgo, aún renegocia la cantidad que recibirá en subvenciones, mientras que la taiwanesa TSMC invertirá otros 10.000 millones junto a Infineon, la holandesa NXP y la alemana Bosch.
El comisionado para el Perte Chip, Jaume Martorell, esperaba que el Centro de Supercomputación de Barcelona (BSC) atrajera a las firmas del sector. Así fue en el caso de Intel y Cisco, que levantarán sendos laboratorios de diseño en Barcelona, pero no hay fabricantes de semiconductores de alta capacidad dispuestos a instalarse en nuestro país ni tampoco de semiconductores tradicionales, pese a que España es el segundo constructor europeo de automóviles.
Broadcom anunció hace unos días que construirá una fábrica en Cataluña, Andalucía o Castilla-La Mancha en la que producirá obleas de chips utilizados en telecomunicaciones, en lo que también destacamos. Pero con una inversión modesta en comparación con las grandes del sector, unos 900 millones.
Además, en contra de lo que presume Sánchez, su consejero delegado, Charlie Karwaas, llegó a través del consultor Antonio Fournier y no por las gestiones oficiales. La inversión deberá recibir el visto bueno de las autoridades de Competencia europeas antes de otorgar las ayudas, por lo que tampoco se sabe cuanto tardará.
Europa nos dio 157.000 millones, entre subvenciones y créditos blandos como veremos más adelante, a los que añadió otros 10.300 millones a causa de la lenta recuperación de la economía española. En total, casi 170.000 millones, de los que la mitad (84.000) son por la famosa adenda, consistente en financiación barata, pero reembolsable.
De la parte subvencionada, hasta el 30 de junio había comprometidos 56.7000 millones, es decir, quedan unos 24.000 millones en busca de destino, que sumados a los 84.000 de la adenda, ascienden a 108.000 millones.
Ese es el dinero que queda por repartir, aunque la cifra total será aún mayor, porque una parte de las ayudas comprometidas no se adjudicarán jamás.
El nuevo Gobierno heredará 120.000 millones a repartir de los Next, entre ayudas y créditos
Calviño armó un galimatías retórico para esconder el fracaso de la gestión de los Next Generation. Distingue entre el dinero comprometido, al que acabamos de hacer referencia, del adjudicado (cuando se publica una convocatoria o se anuncia una licitación) y el desembolsado, cuando se entrega a su destinatario final. La CEOE estimó esta última cifra en solo 6.000 millones. Casi ningún empresario ha recibido fondos Next Generation hasta la fecha.
Un informe de la consultora LLYC revela que del dinero comprometido por la Administración General del Estado (el 60% del total, ya que el otro 40% corresponde a las autonomías), la cuarta parte se queda sin adjudicar. Se da, además, la circunstancia de que en el primer trimestre del año el ritmo de concesiones bajó a la mitad, solo se dieron 7.700 millones.
El Ejecutivo culpa a Bruselas, porque está tardando en dar el visto bueno a los nuevos umbrales de ayudas. La Comisión aprobó en febrero un régimen de exenciones para las ayudas de Estado, que aún no ha publicado en el boletín oficial.
En resumen, hay unos 11.000 millones sin adjudicar, que habría que reasignar rápidamente a otros proyectos. Incluida esta última cantidad, el nuevo Gobierno se encontrará con un botín de 119.000 millones para repartir, de los que 25.000 millones es dinero nuevo.
Por eso Feijóo se está agarrando a Bruselas para justificar las reformas laboral o de pensiones o incluso los peajes de las autopistas, ya que son compromisos adquiridos por Sánchez a cambio de ayudas comunitarias. Estas reformas se pueden cambiar, pero solo tendrá unos meses.
El nuevo Ejecutivo tiene un problema de tiempo. El compromiso era que todo estuviera ejecutado antes de 2026, cosa que es imposible. Lo primero que tendrá que hacer el futuro inquilino de La Moncloa será renegociar plazos y condiciones para agilizar la concesión de los préstamos y las subvenciones. Corre prisa. La Comisión debe tener listos los cambios para el Presupuesto de 2024, que se aprueba antes de fin de año.
En el PP guardan silencio. Pero uno de sus planes es acometer un gigante plan de modernización en todos los ámbitos de la Administración Pública, con el objetivo de absorber la jubilación masiva de funcionarios que se producirá entre 2030 y 2050. Su digitalización permitiría rebajar la nómina del Estado y hacer más llevaderos los ajustes necesarios para cumplir con la reducción del déficit y de la deuda públicas.
Europa, el continente más penalizado
Europa vuelve a ser el farolillo rojo de la economía mundial. La desaceleración china, que creció menos de un punto en el segundo trimestre, tendrá un gran damnificado: Europa. Las empresas del Viejo Continente, con Alemania a la cabeza, logran sus mayores márgenes con la exportación a China y a Rusia. Desaparecido el Imperio de Putin, queda el gigante amarillo como único tractor.
La inflación empezó a ceder terreno en Estados Unidos, con un IPC por debajo del 3%, y en el Reino Unido, pero no da tregua en Europa, donde la subyacente subió dos puntos, hasta el 5,5%.
Los mercados anglosajones rompieron resistencias esta semana, sobre todo el americano, al calor de los datos de IPC y con la esperanza de que la subida que la próxima semana anuncie la Reserva Federal sea la última. Sin embargo, en Europa nadie se atreve a poner fecha al fin de las alzas, pese a que la mayoría del continente está ya en recesión.
La inquietud es que lo peor en Europa está por ver, mientras que en el mundo anglosajón se descuentan ya los momentos más bajos. El bloqueo a la exportación de granos ucranianos por Rusia tensionará los precios de los alimentos si no se alcanza un acuerdo. España, segundo importador de grano ucraniano, sería el más afectado.
PD-. Si no puedes vencer, únete. Es el lema de Foment del Treball, que esta semana votó a favor de suprimir la limitación de mandatos del presidente de la patronal. Garamendi contaba con el apoyo de la mayoría de las patronales, después de su reelección, lo que auguraba una victoria aplastante.
El presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, un veterano política que olfatea a lo lejos los éxitos y fracasos, en vez de enfrentarse, optó por un pacto tácito con Garamendi en el que uno no estorbe al otro.
Sánchez Llibre inaugurará oficialmente pasado el verano su delegación en Madrid, con un amplio consejo asesor de personalidades. Foment rescató la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales fundada por un antecesor suyo en 1907, que tendrá sede enfrente del Congreso de los Diputados, con objeto de facilitar la labor de lobby al margen de la CEOE. Se especula con que el propio Garamendi esté en la apertura oficial para resaltar la nueva etapa de entendimiento. Bien está lo que bien acaba.
