La resolución judicial sobre la reestructuración de Celsa y su futuro accionarial deberá esperar hasta "los primeros diez días de septiembre", según ha indicado el titular del Mercantil 2 este martes al dejar el caso visto para sentencia.
Álvaro Lobato debe decidir si acepta el plan de reestructuración presentado el pasado septiembre por los fondos acreedores de Celsa, que reclaman asumir el control de la compañía de la familia Rubiralta, y ha expuesto que necesita este tiempo para emitir su fallo y argumentación en base a toda la documentación y testimonios aportados por las partes.
Su objetivo inicial era emitir el fallo este mes de julio, pero ha aducido que no se ve "capaz de tomar una decisión en tan corto periodo de tiempo", pese a ser "plenamente consciente de que el tiempo es una variable esencial para todo el mundo, especialmente para la compañía y los trabajadores". Y es que su postura será determinante, ya que contra su sentencia no cabrá recurso.
En la sesión de conclusiones del juicio, tras cinco días de testimonios la semana pasada, los pilares argumentales -con posturas divergentes- de los representantes legales de Celsa y de los fondos acreedores han vuelto a ser la valoración de la compañía y su viabilidad, con críticas cruzadas de "parcialidad" en los análisis periciales e invalidez de los mismos.
La decisión del juez será de suma trascendencia para el futuro de Celsa, pero también puede sentar base de jurisprudencia, si dirime en favor de los fondos que compraron deuda de Celsa en 2019 y en contra de la familia propietaria de la multinacional con sede en Castellbisbal (Barcelona).
Además, si la sentencia es favorable a los fondos, entrará en juego otro aspecto relevante: Celsa es la cuarta empresa catalana por cifra de negocio y la primera de capital familiar (forma parte además del Top5 de empresas familiares españolas), y está considerada empresa estratégica a nivel nacional.
Por ello, si el juez autoriza la toma de control de la compañía por parte de los fondos, éstos deberían solicitar y recibir autorización del Gobierno español, ya que se trata de inversores extranjeros, según sostiene la Abogacía del Estado en la documentación del caso.
Su relevancia se plasma en ejemplos como que, en los dos últimos años, Celsa ha suministrado la mitad del acero demandado por el sector eólico para la construcción de parques en España, lo que supone 24.500 toneladas entre 2021 y 2022, y prevé seguir creciendo en cuota de mercado en este segmento. Celsa también participa en Shyne, el mayor consorcio en España para impulsar el hidrógeno renovable.
Asimismo, Celsa proveerá a Acciona el acero para reformar el Aeropuerto de Palma de Mallorca, el tercero de más tráfico de la red de Aena. Reciclará el acero procedente de las instalaciones actuales que serán derribadas y suministrará 7.000 toneladas de acero corrugado para las nuevas dependencias.
Reproches cruzados
Para el abogado de Celsa, el hecho de que en las estimaciones para el plan de reestructuración el valor de la empresa en liquidación sea superior al de Celsa como empresa en funcionamiento es "prueba evidente de que el valor de la empresa en funcionamiento ha sido artificialmente reducido" para defender falsamente que vale menos que lo que debe, y también ha calificado de "imposible que el valor de la empresa sea ahora inferior al de 2017", cuando también hubo análisis externos para la refinanciación pactada entonces.
Ha insistido en que Celsa está al corriente de pago de todos sus compromisos excepto respecto a la deuda jumbo y convertible al no considerarlas exigibles, dado que tienen tres litigios judiciales abiertos desde 2020, y que si los fondos no han exigido el concurso necesario de Celsa es porque no han podido acreditar su insolvencia porque no existe.
Ha agregado que los fondos acreedores han aprovechado la reforma de la ley concursal para intentar hacerse con el 100% de la compañía y obtener beneficios económicos: "Esto no es un plan de reestructuración, es una buena inversión financiera". Ha reprochado que los fondos han rechazado todas las opciones de negociación con Celsa y que solo persiguen el cambio de propiedad, sin tener un plan industrial, lo que llevaría a Celsa al "colapso".
Además, ha advertido de que el plan de reestructuración no contempla riesgos como que el Gobierno no autorice que Celsa pase a manos de capital extranjero, o que el consejo de administración actual dimita antes de que los nuevos propietarios designen nuevos gestores.
De hecho, ha exhortado sobre que el plan de los fondos contiene medidas para eludir la ley española que protege a las empresas estratégicas afectadas por las consecuencias de la pandemia, lo que atenta contra la legislación española y contra la propia Constitución.
Por contra, el abogado de los fondos acreedores ha defendido que el plan de reestructuración cumple con todos los requisitos formales y legales exigidos, y que Celsa no tiene capacidad para responder a su deuda, por lo que la alternativa al plan de reestructuración es la entrada en concurso de acreedores, "seguramente de liquidación".
Ha reivindicado que los fondos rechazan el rescate de 550 millones aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para Celsa porque consideran que les implica quitas desiguales respecto a los propietarios actuales: "No están dispuestos a un sacrificio en beneficio del accionista".
También ha lanzado un mensaje a los Rubiralta: "Si basas tu política expansiva en un apalancamiento excesivo, en algún momento te va a tocar cumplir con tus compromisos. No se pueden tomar decisiones y no hacerse responsable de las consecuencias".
En un comunicado tras el juicio, los acreedores han manifestado que la viabilidad de la compañía "no se verá afectada a menos que los actuales accionistas obstaculicen el procedimiento a seguir una vez homologado el plan que prevé la ley para casos de empresas sobreendeudadas".
Han agregado que ultiman la composición de un consejo de administración "independiente, de primer nivel y con profesionales principalmente españoles, con probada experiencia en el sector industrial, que será el que detalle minuciosamente el plan de negocio para convertir a Celsa "a corto plazo en una compañía con futuro, en la campeona europea del sector del acero, con una deuda saneada y asumible".
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