La consultora PwC ha avalado este miércoles y jueves ante el juez la solvencia y el plan de negocio de Celsa, que también ha contado con el apoyo del catedrático de Economía Financiera en la Universidad de Zaragoza José Antonio Laínez Gadea para constatar su viabilidad.
Han defendido así los informes que han elaborado por encargo de la compañía siderúrgica, y que forman parte de la documentación en manos del Mercantil 2 de Barcelona para decidir si acepta el plan de reestructuración presentado por los fondos acreedores de la deuda de Celsa, que reclaman asumir el control de la compañía de la familia Rubiralta.
La pugna de informes y contrainformes entre fondos y accionistas por la valoración de la compañía y su viabilidad se está reflejando estos días en el juzgado, donde los representantes de PwC defendieron el miércoles la solvencia de Celsa y este jueves avalaron su plan de negocio y argumentaron su ventaja competitiva respecto a compañías competidoras.
Asimismo, durante las dos sesiones mostraron su desacuerdo con los informes elaborados a petición de los fondos acreedores y del experto independiente Lexaudit. En este sentido, afirmaron haber detectado "graves inconsistencias" en el informe de Grant Thornton; que el informe de Houlihan Lokey tampoco se adecúa a los requisitos normativos, y que el de Deloitte adolece de "defectos" en cálculos.
También consideraron un error que Grant Thornton y Deloitte hayan basado sus proyecciones de futuro para Celsa tomando como referencia únicamente datos de Celsa en el pasado y estimaciones a futuro de la media de mercado, y con una selección de empresas que "no son comparables" ni en márgenes ni en tipo de producto con Celsa.
En este sentido, los responsables del informe encargado por Celsa a BDO sostuvieron que los trabajos de Grant Thornton y Deloitte no son "fiables" porque parten de un "error de partida" en las proyecciones y valoraciones, al igual que el de Houlihan Lokey.
Es por ello que BDO determinó el valor del grupo siderúrgico catalán "corrigiendo los errores metodológicos" del informe de Grant Thornton, con la conclusión es que se puede establecer un valor medio del grupo Celsa de 4.200 millones, frente a los 2.600 estimados por Grant Thornton.
Esta diferencia es clave en la causa, ya que Houlihan Lokey se basa en la estimación más baja, y por tanto defiende que el valor de Celsa no es suficiente para hacer frente a su deuda, de mayor importe, mientras que BDO asegura que el valor de la empresa está por encima del importe de la deuda.
Houlihan Lokey es el asesor financiero del grupo de acreedores que representa el 90% de la deuda jumbo y en torno al 90% de la deuda convertible de Celsa, y su socio Manuel Martínez-Fidalgo insistió el miércoles en que el plan de reestructuración presentado por los fondos incluye únicamente una reestructuración financiera, y que en él no están previstos ni cierres de plantas ni deslocalizaciones.
Además, argumentó que los fondos son entidades internacionales que tienen capacidad para aportar capital adicional o conceder financiación si fuese necesario en el futuro.
Búsqueda de nuevo consejo
Con todo, Martínez-Fidalgo reconoció que esperan un nuevo plan industrial si los fondos acreedores toman el control de la compañía, ya que prevén crear un consejo de administración "con candidatos con amplia experiencia industrial y de reconocido prestigio".
"Ya hay un head hunter buscando y serán los nuevos consejeros los que diseñen ese plan industrial", desveló.
Los fondos acreedores emitieron ayer un comunicado en el que calificaron de "desastrosa" la gestión financiera de Celsa. Grant Thornton repasó que Celsa ha afrontado más de 14 procesos de refinanciación desde 2010, el último en 2017 (pendiente por tres litigios activos), lo que demuestra que, de forma cíclica, no puede atender sus perspectivas de pago.
