La azulejera Todagres, que pertenece al Grupo Fuertes, propietario de ElPozo, ha confirmado a los trabajadores el peor escenario posible en la primera reunión para negociar el expediente de regulación de empleo (ERE). La compañía incluye en él a la totalidad de la plantilla, que actualmente supera los 160 trabajadores, debido a su intención de abandonar por completo la actividad.
La histórica empresa de Vila-real incluso ha puesto una fecha para consumar el cierre de su factoría: el próximo 31 de diciembre. Según han explicado fuentes del comité de empresa, la compañía ha justificado esta decisión en las pérdidas acumuladas y la falta de viabilidad de su actividad.
En el caso de Todagres, aunque la compañía arrastraba dificultades financieras desde la anterior crisis de la burbuja inmobiliaria, la subida de los precios del gas que se ha multiplicado en el último año, ha dado la puntilla a la marca especializada en porcelánico técnico y además ha imposibilitado la búsqueda de alternativas como una posible venta.
La confirmación del cierre de Todagres se produce después de que otras firmas, como Azulejera Alcorense del Grupo Pamesa, hayan anunciado también su intención de cerrar plantas y acometer ERE. Unos despidos que se suman a los Ertes que se han extendido por el sector durante todo el año para tratar de reducir la producción en los momentos en que los precios han alcanzado sus máximos.
Los nubarrones sobre la mayor industria de la provincia de Castellón y uno de los grandes exportadores valencianos ha llevado incluso al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a pedir a la Comisión Europea la necesidad de adoptar una "acción ofensiva urgente" para garantizar la viabilidad de la industria azulejera ante la situación "crítica" generada por el aumento de los costes del gas, con medidas inmediatas que permitan actuar para evitar el cierre de empresas.
El jefe del Consell, de visita institucional en Bruselas, ha trasladado esa petición al vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para el Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, y reiterará esta tarde ante el vicepresidente ejecutivo para una Economía al Servicio de las Personas, Valdis Dombrovskis, la necesidad de lograr una armonización de las ayudas directas para evitar la distorsión de la competencia que produce que países con mayor capacidad fiscal puedan subvencionar más a sus empresas. "Pedimos equidad e igualdad de oportunidades", ha indicado.
Reclamación a Sánchez
Preguntado por los medios sobre varias empresas del sector azulejero que han entrado en Erte o ERE, Puig ha aseverado que la administración valenciana está en contacto con el Gobierno de España para que se aplique, "las mismas ayudas que por ejemplo se están implementando en Italia".
Precisamente esa es una de las grandes reclamaciones de las empresas agrupadas en la patronal cerámica ASCER, que critica que las ayudas máximas fijadas por el Gobierno central son de 400.000 euros, cuando el marco de Bruselas permite hasta 50 millones de euros en determinadas condiciones. Además piden que se aplique créditos fiscales como en Italia, que los aplica hasta un 25% de la factura energética de las industrias, lo que les genera "liquidez" en un momento en que el coste energético prácticamente se comerá la mitad de lo que ingresan en ventas.
El máximo responsable del Consell también ha anunciado que el próximo martes reunirá a la Mesa de la Cerámica en Castelló de la Plana para abordar tanto las ayudas directas al sector por parte del Consell y del Gobierno central como la situación global, y también para informarles sobre las gestiones realizadas en esta misión institucional en Bruselas.