Una carrera sin freno para crecer al máximo en energía renovable

Las empresas energéticas se han lanzado a una carrera frenética para instalar el máximo de instalaciones de energía renovable cuanto antes, alentadas por el Gobierno y por la UE. Los poderes públicos quieren aprovechar la inversión y la capacidad de arrastre del sector energético sobre el resto del tejido productivo para recuperar la economía de la crisis provocada por la pandemia y cambiar el modelo de crecimiento, incrementando su sostenibilidad y su resistencia al impacto del cambio climático en los próximos años.

La UE ha aprobado un paquete para superar la pandemia de 750.000 millones de euros -el Fondo de Recuperación y Resiliencia- que debe orientarse hacia la digitalización y el crecimiento sostenible. A España le han correspondido 140.000 millones, que se añaden a las partidas del Presupuesto comunitario de 2021 a 2027 susceptibles de recalar en materia de clima y energía.

En total, la Comisión Europea calcula que el país dispondrá de 138.600 millones: 35.400 millones de los Fondos de Cohesión, 41.900 millones de la Política Agrícola Común (PAC), 59.200 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia, 800 millones del Fondo de Transición Justa y 1.300 millones de las subastas de CO2. A esas cantidades hay que añadir otras por las que el Gobierno y las empresas tendrán que competir con sus homólogos europeos, como otros 360.000 millones del Fondo de Recuperación y Resiliencia o los 140.000 millones del Fondo de Innovación.

El Gobierno ha tomado nota de la situación y, de acuerdo con las exigencias de Bruselas, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ha asignado el 37% de los fondos disponibles, unos 26.640 millones, a la inversión verde. A esa cantidad habrá que añadir otras, como las de la PAC que están sujetas a prácticas agrícolas sostenibles.

Estos fondos ya tienen reflejo en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021. El Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) ha visto como su asignación total se incrementa un 132%, hasta los 12.307 millones. La mayor subida se produce en el capítulo energético, que alcanza los 9.774 millones, para impulsar la transición energética con renovables y otras soluciones limpias, como la eficiencia o el vehículo eléctrico, en los que ya tienen mucho peso las firmas del sector.

Dependiendo de cómo concluya la negociación parlamentaria de los PGE, el Miteco tiene consignados 1.100 millones a medidas de movilidad sostenible, segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos; 350 millones a actuaciones de rehabilitación de vivienda y regeneración urbana en zonas de declive demográfico y poblaciones con menos de 5.000 habitantes.

Subvenciones de 1.900 millones

La mayor partida, 1.900 millones, será para el desarrollo masivo de energías renovables, incluyendo tecnologías que precisan innovación, como la eólica marina o el biogás, así como actuaciones para el impulso de la cadena de valor de la energía, y una estrategia específica para las islas; otros 750 millones recalarán en las infraestructuras eléctricas, la promoción de redes inteligentes y el despliegue del almacenamiento.

A las instalaciones de hidrógeno verde -producido con renovables- se destinarán 600 millones; y 600 millones más recalarán en la renovación de edificios y propiedades de la Administración General del Estado, especialmente en zonas vinculadas a reto demográfico.

A todo ello hay que añadir otras partidas transversales gestionadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), que recibirá 422 millones, y otros 422 millones para el Instituto de la Transición Justa, al que podrían llegar los 800 millones del europeo Fondo de Transición Justa previstos por Bruselas, aunque aún no se han cerrado las negociaciones en la UE.

El resultado de la abundancia de fondos públicos para reverdecer el sector energético y el conjunto de la economía, es que el Gobierno se ha propuesto acelerar la ejecución del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), la hoja de ruta para que en 2030 España reduzca las emisiones de CO2 un 23% con relación al nivel de 1990 y contribuya al objetivo europeo de bajarlas un 40%.

La materialización del PNIEC exige invertir 241.400 millones durante la década -aumentará el PIB hasta el 1,8% en 2030- y debería crear hasta 350.000 empleos netos adicionales, así como reducir un 27% las muertes prematuras por contaminación, entre otras ventajas.

La aceleración del PNIEC se traduce en alcanzar en 2023 los objetivos previstos para 2025. La indefinición de algunas de las metas del documento impide hacer una valoración detallada de la medida, pero el Gobierno ha anticipado que se instalarán 100.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos, que se añadirán 250.000 de estos automóviles al parque móvil, que habrá 12.000 millones para rehabilitación urbana...

30.000 MW de renovables a 2023

En cambio, el objetivo para renovables sí está definido: se tienen que conectar cerca de 30.000 MW de fuentes verdes. Para ayudar aún más ha conseguirlo, el Miteco prepara una adaptación de las tarifas eléctricas que impulsará el autoconsumo -reducirá la parte fija de la factura- y acaba de lanzar un nuevo sistema de subastas anuales que debería traducirse en la instalación de casi 20.000 MW hasta 2025.

Con las nuevas subastas, las centrales adjudicatarias recibirán una tarifa por su producción eléctrica, con cierta modulación en función del precio del mercado eléctrico, con la intención de que un buen número de empresas de tamaño modesto participan en el crecimiento de la energía renovable, al reducir grandemente el riesgo de dicho mercado.

La exposición al precio del mercado no es un problema para las grandes empresas integradas, con clientes finales, como Iberdrola, Endesa, Naturgy o Repsol. Aunque tampoco parece haber preocupado al resto de compañías, habida cuenta de la especulación desatada con los derechos de acceso a la red eléctrica: REE ha otorgado más de 100 GW de potencia verde que deberían materializarse en un plazo de cinco años, so pena de perder avales millonarios.

Sea como fuere, sólo los principales Grupos empresariales tienen proyectos para instalar más de 50.000 MW hasta 2025, y la temperatura del mercado se mantiene muy alta, con constantes operaciones de compraventa de activos y la entrada de nuevos agentes e inversores.

Por ejemplo, la noruega Statkraft ha sumado en poco tiempo una cartera de 2.000 MW fotovoltaicos y quiere instalar 3.000 MW, la portuguesa Galp le ha comprado a ACS 2.900 MW, la china CTG se ha hecho con 500 MW de X-Elio, la francesa Total suma 5.500 MW, la coreana Hanwha tiene derechos por otros 1.500 MW...

Las empresas que van en cabeza

A la hora de sumar cartera tiene el primer puesto del podio Capital Energy, con 10.000 MW para 2025. Con vistas a ese mismo horizonte temporal está a continuación Iberdrola, que acaba de aumentar sus previsiones hasta los 8.000 MW; la primera eléctrica española piensa invertir 14.300 millones en el país, la inmensa mayoría relacionados con la transición energética.

En tercer lugar se sitúa Solaria, con 6.200 MW. La última integrante del Ibex-35 es un buen ejemplo de la potencia de firmas medianas, recién llegadas a los mercados de valores, como Solarpack, Grenergy, Audax o Greenalia.

A continuación se sitúa Repsol, con 5.900 MW, aunque incrementará pronto estas expectativas. La compañía también pisa con fuerza en el ámbito de los biocombustibles y espera incrementar su producción desde las 720.000 toneladas hasta los 1,4 millones al final de la década, adentrándose en los combustibles sintéticos. A su zaga está la francesa Total, que ha convertido España en uno de los mercados clave para alcanzar sus aspiraciones verdes.

A más corto plazo, 2023, Endesa cuenta con 4.200 MW firmes, que se incrementan hasta los 6.900 MW a más largo plazo, sin especificar. Acciona piensa ejecutar 3.000 MW antes de 2025 y acaba de anunciar los primeros desarrollos. Naturgy, con cifras que se actualizarán e incrementarán a corto plazo, contabiliza 3.000 MW, sucedida por Statkraft y Galp.

El hidrógeno, la estrella del momento

La producción de hidrógeno verde, obtenido con electrólisis a partir de fuentes renovables, es la tecnología de moda: está recibiendo un apoyo incondicional de la UE y del Gobierno, que aspira a canalizar una inversión de 8.900 millones en su desarrollo hasta 2030.

Todavía en un estadio muy inmaduro, el hidrógeno se perfila como la gran solución para almacenar electricidad verde y usarla cuando no sople el viento o no luzca el sol. España, según las estimaciones de Bruselas, es el socio de los 27 con mayor potencial -15 GW de electrolizadores para obtener hidrógeno a partir del agua- y el Gobierno lo considera una apuesta del país y va a repartir 1.500 millones en ayudas hasta 2023.

Las empresas energéticas lo han visto con claridad y los proyectos proliferan, tanto de las eléctricas como de las petroleras o las gasistas, que convergen en este gas. Iberdrola, quiere invertir 1.800 millones para instalar 800 MW de electrolizdores para las instalaciones de Fertiberia en Puertollano y Palos de la Frontera y otros 100 millones para fabricar electrolizadores en España con Ingeteam.

Repsol, el primer consumidor de hidrógeno del país, lo va a usar en una planta de combustibles sintéticos que promueve en Bilbao, junto con el coloso petrolero saudí Aramco, e invertirá de 2.200 a 2.900 millones entre 2021 y 2026.

A continuación sobresale Enagás, que quiere invertir 300 millones hasta 2026 -tiene 12 proyectos que requieren 1.500 millones- y cuenta con un proyecto muy avanzado en Baleares, con Acciona, Redexis y Cemex, que es el primero en ser aceptado por Bruselas para recibir ayudas comunitarias. Naturgy -que estudia 70 MW en León y La Coruña- y otras firmas como Endesa, han apuntado planes relevantes, pero sin concretarlos aún.