La Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha remitido ya al Consejo de Estado su propuesta para poder recuperar las cantidades pagadas por el sistema gasista a la banca por el almacén de gas Castor, durante los dos años que se fue abonando mediante el procedimiento que acabó tumbando el Tribunal Constitucional.
Una vez quede informado este sistema, tramitado por carácter de urgencia, el organismo que preside José María Marín Quemada podrá recuperar los más de 200 millones de euros que ya se habían entregado a Banco Santander, Bankia y Caixabank en concepto de financiación de la indemnización pagada a ACS y Escal por la devolución de esta concesión fallida.
La intención de la banca, según indican fuentes consultadas por este diario, es incrementar en la misma línea su reclamación patrimonial al Estado. De hecho, en la demanda presentada -que se tendrá que sustanciar además en los próximos días de manera firme- ya se incluye este supuesto.
Con la recuperación de esta cantidad, el dinero utilizado para el pago de Castor quedará completamente reintegrado al sistema gasista, mientras que el Gobierno decide cómo se pagan los 1.500 millones o espera a una decisión judicial que fuerce el pago por la garantía del Estado otorgada a estos avales en su momento, pero lo que parece claro es que el consumidor no tendrá una devolución en su recibo por este concepto.
¿Desmantelamiento?
El Ministerio para la Transición Ecológica parece que avanza en el desmantelamiento del almacén subterráneo Castor, pero siguen dejando la puerta abierta a otros escenarios.
En una resolución de la Secretaría de Estado de Energía se pone en duda el camino que finalmente se adoptará, pese a que el Gobierno aseguraba el pasado mes de enero que se estaba preparando una propuesta para llevarla al Consejo de Ministros "en las próximas semanas".
Ladirectora general de Política y Minas, María Jesús Martín, a una pregunta de este diario sobre el proceso de desmantelamiento en el Portal de Transparencia, asegura que: "Hasta el momento, el Consejo de Ministros no se ha pronunciado oficialmente en relación con el fin de la hibernación de las instalaciones, si bien se han producido diversas manifestaciones públicas de miembros del Gobierno referidas a su posible desmantelamiento. En este sentido, sin perjuicio de la información que pueda obrar en poder de otras unidades, esta Dirección General está trabajando en diversas hipótesis, existiendo documentos de trabajo en curso de elaboración".
La directora añade que "hasta el momento no se encuentra en tramitación ningún procedimiento administrativo para la autorización del proyecto de desmantelamiento de las instalaciones del almacenamiento subterráneo "Castor".
Según el Real Decreto-ley 13/2014, una disposición del Consejo de Ministros deberá poner término a la actual hibernación bien con el desmantelamiento o, en su caso, con la integración de la instaciones en una concesión de explotación del almacenamiento, lo que deja el abanicio de posibilidades para el Ministerio muy acotado.
Transición Ecológica además deniega la solicitud de los estudios de costes presentados por los promotores, así como, si los hubiere, los de desmantelamiento, por tratarse de un material que al estar en curso de elaboración puede reservarse el Gobierno.
El pasado 19 de junio, Teresa Ribera dijo en el Senado que todavía no había encontrado los informes que el anterior Gobierno anunció que iba a recabar para saber cuándo se podría desmantelar el almacén de gas Castor, y se comprometió a encargarlos rápidamente.
Ribera se comprometió a "averiguar dónde estamos" y a traer la información al Parlamento.
Desde entonces, a tenor de la respuesta del Ministerio, parece que los avances no se han logrado, aunque se espera que próximamente se puedan licitar estos estudios de desmantelamiento, indican fuentes del Ministerio consultadas por este diario.
Ribera se comprometió a "averiguar dónde estamos" y a traer la información al Parlamento y compartirla con diputados y senadores. "Espero tener respuesta lo antes posible y los mantendré informados", dijo la ministra, que mostró su disposición a llevar los informes a la Cámara para escuchar las opiniones y recomendaciones de los parlamentarios respecto a los pasos a seguir, pero la convocatoria de elecciones generales puede haber truncado estos planes.
Informes del MIT
Por otro lado, Escal UGS, compañía participada en un 66% por ACS, presentó el pasado miércoles 20 de febrero, ante el Ministerio de la Transición Ecológica, un documento en el que notificaba que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard han rechazado haber elaborado de forma oficial el informe que propició, en parte, que el Ministerio de Energía ordenara la hibernación de la instalación.
El informe presentado en aquel momento incluye la firma de los autores de los mismos, pero fue elaborado al amparo de un grupo llamado Earth Resources Laboratory, una organización afiliada al MIT Department of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences.
Por otro lado, el Ministerio de Transicion Ecológica sacó el lunes a consulta pública la estrategia nacional de pobreza energética, con el que pretende llevar a cabo una reforma del actual bono social eléctrico y térmico.
