Nuevo varapalo del Tribunal Supremo al Estado por su gestión de los problemas derivados del almacén de gas submarino Castor: deberá reintegrar a los consumidores de gas más de 100 millones de euros pagados a Enagás en 2016 por las tareas de mantenimiento de la infraestructura y repercutidos en los recibos de los usuarios. Esta cantidad se suma a los 18 millones correspondientes a 2015 que ya obligaba a devolver en una sentencia emitida en noviembre, en sendos procesos iniciados a instancias de la patronal catalana Cecot.
Esta organización confía en que la imposición del reintegro de las cantidades abonadas a Enagas y cargadas en los recibos de los consumidores se extienda a los ejercicios 2017 y 2018.
En su recurso, Cecot alegaba, entre otras cuestiones, que la orden donde se establecían los pagos se basaba en el Real Decreto-Ley 12/2014, parte de cuyo contenido fue declarado inconstitucional en diciembre de 2017. Por su parte, las partes demandadas -la Administración y Escal UGS, sociedad participada por ACS que construyó el almacén-, sostenían que la declaración de inconstitucionalidad de determinados apartados de la norma no implicaba que fuera contraria de derecho.
En un comunicado, la patronal explica que el Gobierno dispone de dos meses para reintegrar las cuantías; mientras tanto, permanece atenta a la articulación de un mecanismo de devolución del importe repercutido en las facturas de gas de los consumidores desde el 2014 "por el mantenimiento de una infraestructura que no se ha llegado a poner en funcionamiento, ni prestado servicio alguno".
El Gobierno suspendió, en 2013, la actividad del almacén de gas, después de que provocase más de 500 seísmos en la zona. El Estado abonó a la gestora 1.350 millones en concepto de indemnización, que fue anulada por el Tribunal Constitucional
