Santander, Caixabank y Bankia han decidido retomar la batalla legal por los 1.350 millones del almacén de gas Castor y han presentado ante el Tribunal Supremo una demanda contra el Gobierno para recuperar este dinero, que contaba con el aval del estado.
Las entidades financieras deben tomar medidas ya que los Presupuestos Generales del Estado, en los que esperaban que se incluyera una solución, ni están ni se les espera y el Gobierno ha dejado pasar casi nueve meses sin darles respuesta alguna.
Ante esta situación, Linklaters -el despacho que representa a las entidades financieras- ha dado un paso adelante tras el silencio del ministerio.
Una decisión similar adoptó la semana pasada Enagas ante la imposibilidad de recuperar las cantidades previstas por el mantenimiento de este polémico almacén también inició una reclamación patrimonial. De hecho, la CNMC ha reclamado ya el dinero recibido por parte de los operadores pero estas cantidades no se han trasladado a los consumidores de gas en las revisiones de peajes realizadas.
Santander, CaixaBank y Bankia ofrecieron en su momento al Gobierno alcanzar un acuerdo que permitiera llevar a cabo la devolución de una manera flexible, a fin de evitar un grave impacto en las cuentas del Estado o en los consumidores de gas, pero en este plazo no han recibido ninguna propuesta por parte del Ejecutivo para poder recuperar los cobros que anuló la CNMC.
Las tres entidades han ofrecido que, en lugar de devolver de modo inmediato todo el importe, el Estado lo pague de modo gradual, en los mismos términos y con las mismas condiciones -de tipo de interés y de plazo- en que estaba previsto en el Real Decreto-ley 13/2014. Con esta medida no se ocasionaría ningún daño adicional. De hecho, las entidades creen que no tiene que provisionar las cantidades pendientes, por contar con la garantía del Estado. La sentencia del Constitucional supone anular todos los contratos firmados entre Banco Santander, Bankia y Caixabank con el Tesoro, a través de un derecho otorgado a Enagas, y asimismo la legitimidad de los pagos por lo que una solución de este calibre también sería dudosa.
