La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha convocado para el próximo jueves su primera gran cumbre energética desde que tomó las riendas del departamento.
El Ministerio ha citado para una gran reunión a las principales compañías y asociaciones con las que pretende discutir las líneas maestras de su departamento y escuchar sus propuestas.
El encuentro se verá marcado por la petición de diálogo que han lanzado tanto Endesa como Iberdrola para tratar de buscar una fórmula que permita rebajar la fiscalidad de las centrales nucleares para poder incrementar su funcionamiento y mejorar la garantía de suministro eléctrico del país.
La petición de ambas eléctricas coincide además con la presentación por parte de la Comisión Europea del Plan de energía asequible en el que se reconoce a la energía nuclear como una de las opciones a tener en cuenta para poder mantener el nivel de competitividad de la industria.
El encuentro convocado por Aagesen se produce en un momento de gran ebullición en el sector, ya que las empresas están esperando importantes avances normativos y en el que el Gobierno ha abierto la puerta a escuchar sus reflexiones, aunque por el momento se mantiene en que el cierre nuclear no provocará ningún problema de suministro, al menos, hasta el año 2030 y ha encargado un estudio sobre el impacto del cierre de Almaraz.
El departamento de la vicepresidenta tiene que presentar en las próximas semanas un documento clave para el futuro como es la Planificación energética 2025-2030.
Según fuentes consultadas por este diario, el Ejecutivo tiene previsto que se destinen alrededor de 52.360 millones hasta el año 2030.
Para lograr alcanzar esta cantidad, el Gobierno tendrá que triplicar el límite a la inversión actual puesto que se acumula un retraso importante, de casi el 80%, que no se ha invertido en el periodo actual por los topes a la inversión.
En el borrador de nueva Planificación energética, al que ha tenido acceso elEconomista.es, el Ministerio expresa ya su disposición a elevar dichos límites para la inversión en distribución y transporte pero advierte que mantendrá la vigilancia para contener los peajes. De este modo, el Ejecutivo quiere acompasar la inversión en redes al incremento real de demanda eléctrica para evitar una subida del recibo de la luz de los consumidores.
Transición Ecológica espera establecer un nuevo procedimiento para la autorización puntual de inversiones por encima del volumen máximo vigente, previa solicitud de las empresas transportistas y distribuidoras si previamente han superado el límite de inversiones previsto en la normativa. De este modo, el Ejecutivo logra mantener una supervisión sobre los límites mucho más dinámica y facilita su actualización en función de las necesidades reales existentes conforme evolucione tanto el consumo como de generación eléctrica o almacenamiento.
Asimismo, Aagesen dejará un margen a las compañías para que si la retribución que finalmente se marque para el próximo periodo regulatorio es atractiva pueden incluso reforzar sus planes de inversión de forma adicional. De hecho, compañías como Endesa cuentan ya con 4.000 millones de euros de colchón para incrementar si fuera necesario estas inversiones y aseguran que el aumento de demanda permitirá incluso reducir el coste de los peajes.
El Gobierno tiene ante sí además el reto de trasponer la Directiva de RED III (Revisión de la Directiva de Energías Renovables) que establece un marco legal para aumentar el uso de energías renovables en la UE. Fija un objetivo vinculante del 42,5% de renovables para 2030, promueve el hidrógeno verde, acelera permisos para proyectos renovables y refuerza biocombustibles sostenibles y tiene pendiente también avanzar en la regulación del agregador de demanda.
El Ejecutivo tiene que poner en marcha la transposición del Paquete de Gas de la UE, que moderniza el mercado para facilitar la transición al hidrógeno y gases renovables. La medida introduce normas para infraestructura de hidrógeno puro, acceso equitativo a redes, descarbonización progresiva y mayor transparencia en precios. Busca reducir la dependencia del gas fósil y mejorar la seguridad energética. El sector espera avances antes de acabar este mismo año.
Ofensiva parlamentaria
Por otro lado, el Grupo Parlamentario Vox defenderá mañana en el pleno del Congreso de los Diputados una moción consecuencia de interpelación urgente sobre las medidas que adoptará el Gobierno para garantizar la soberanía energética de España.
La formación considera la soberanía energética como un "pilar fundamental para la estabilidad económica, la competitividad y el bienestar de cualquier nación", y se posiciona en contra de las políticas energéticas que se han aplicado tanto desde el Gobierno como desde Bruselas, que "han comprometido la capacidad de España para garantizar un suministro seguro, asequible y estable de energía".
La ley de cambio climático y transición energética, sumado a las estrategias derivadas del Pacto Verde Europeo, han "incrementado nuestra dependencia del exterior y debilitado la industria nacional", y mientras países como Francia han reforzado su apuesta por la energía nuclear, España pone "en riesgo su estabilidad energética y su capacidad productiva" mediante el cierre de reactores.
Por todo ello, VOX exige al Ejecutivo: Impulsar un modelo energético competitivo y alineado con los intereses nacionales, promover una política energética que responda a las necesidades de la nación, impulsar la energía nuclear, efectuar una rebaja de la carga fiscal sobre los hogares españoles y garantizar la protección del sector primario ante la expansión descontrolada de instalaciones de energías renovables.
Del mismo modo, el Partido Popular ha presentado ante la Asamblea insta al Gobierno de la Comunidad de Madrid para que inste al Gobierno de la Nación a ampliar la vida útil de las centrales nucleares. Para ello, solicitan la revisión del calendario de cierre de las centrales nucleares, eliminando criterios ideológicos en favor de criterios técnicos y de seguridad. Abrir un diálogo con las empresas operadoras para la continuidad de las instalaciones nucleares actuales como Almaraz para garantizar su continuidad operativa, siguiendo el ejemplo de países europeos que han optado por prolongar la vida de sus reactores nucleares.
