
La futura ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, tiene por delante diez medidas clave para impulsar el sector energético y lograr cumplir los ambiciosos objetivos que se han marcado dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el año 2030. Estos son los 10 temas más urgentes que tiene en cartera la próxima titular del área.
1.- Aprobación de la tarifa eléctrica para 2025
Sara Aagesen tendrá como primera medida estrella la propuesta de la próxima tarifa eléctrica. El ministerio todavía no ha dado a conocer el borrador de propuesta de cargos -los costes políticos del recibo- y se espera que publique los detalles en las próximas semanas. Muchas grandes empresas están pendientes de la decisión, ya que en estos momentos dichos costes están rebajados por las medidas que se adoptaron para hacer frente a la crisis energética. También queda saber qué pasará con la variación que se impone en el IVA de la tarifa cuando los precios del mercado mayorista se encuentran por encima o por debajo de los 45 euros/ MWh.
La Comisión Europea, además, ha pedido a España que presente una hoja de ruta para la eliminación gradual de la tarifa eléctrica PVPC para las microempresas y los hogares que no se consideren vulnerables o en situación de pobreza energética.
Bruselas reclama al Gobierno que valore la necesidad y proporcionalidad de la actual tarifa regulada –aprobada hace prácticamente un año– y realice una evaluación de los avances logrados para alcanzar una competencia de mercado efectiva entre los suministradores. Transición Ecológica deberá presentar antes del 1 de enero de 2025 un informe a la Comisión Europea sobre la necesidad de mantener la intervención pública, una evaluación de los progresos realizados para mejorar la competencia y un análisis del impacto financiero de los precios regulados en los suministradores.
2.- Nueva orden ministerial para la eólica marina
Transición Ecológica prepara también la orden ministerial que deberá fijar las condiciones para llevar a cabo las primeras subastas de eólica marina en España. El Gobierno ya introdujo la legislación básica y ahora quedaría decidir si Canarias, Cataluña o ambas serán las que den los primeros pasos para la instalación de estos nuevos gigantes marinos.
3.- Subastas para la Cogeneración
La cogeneración tiene una fuerte presencia en el sector industrial donde se localiza del orden del 92% de la potencia instalada, estando el 8% restante en el sector terciario y residencial. El combustible mayoritariamente consumido por las plantas de cogeneración es el gas natural, que representa el 84% en la producción de electricidad y el 86% en la producción de calor, aunque existen también instalaciones que consumen otros combustibles convencionales o renovables.
Se estima que en 2030 unos 2.400 MW de potencia de cogeneración habrán superado su vida útil regulatoria, por lo que habrán salido del régimen retributivo específico. Por otro lado, la antigüedad de las instalaciones existentes hace que sea necesaria su modernización, para adaptarse a las nuevas circunstancias de los mercados energéticos, en los que cada vez es más necesaria una cogeneración que opere con mayor flexibilidad y eficiencia.
Sobre la base de lo anterior, se plantea la celebración de subastas que contemplen tanto la modificación de las cogeneraciones existentes como la construcción de nuevas instalaciones. Las cogeneraciones adjudicatarias de las subastas tendrán un diseño optimizado en base al calor útil, autoconsumo eléctrico, flexibilidad en su operación de cara al sistema eléctrico y también una alta eficiencia.
4.- Trasposición del Paquete de gas
El Paquete de gas, aprobado ya por Bruselas, debe llegar a la legislación española. La norma pretende facilitar la penetración de los gases renovables en el sistema energético, abandonando de manera progresiva el gas fósil, para contribuir al logro del objetivo climático para 2030 y a la neutralidad climática para 2050 de la Unión Europea. De esta forma, se busca establecer un marco regulatorio incentivador que facilite a los participantes en el mercado dejar de forma gradual y planificada el gas, reutilizando en lo posible las instalaciones existentes para minimizar el coste y evitando efectos de bloqueo, en particular, en los usos industriales y de calefacción.
En concreto, la Directiva a trasponer dispone las reglas generales del mercado que aplican al suministro, transporte y almacenamiento de gas natural, gases descarbonizados e hidrógeno delimitando las regulaciones nacionales en cuestiones de relevancia como la separación vertical y horizontal de los titulares de las redes, la planificación y las condiciones del acceso de terceros a estas infraestructuras, la protección a los consumidores, entre otras.
5.- Trasposición de la Directiva de renovables
La Directiva de Energías Renovables III tendrá también que introducirse en nuestra legislación, lo que supone introducir cambios en el marco normativo existente de las garantías de origen, extendiendo su ámbito a los combustibles renovables de origen no biológico. Adicionalmente, se han estipulado plazos claros de vigencia para las garantías de origen y se permite que las instalaciones de menos de 50 kW puedan obtener la garantía de origen aportando información simplificada.
Por otra parte, la nueva DER III introduce determinadas previsiones sobre la biomasa sólida y los residuos, relativas a los sistemas de apoyo y a los principios de uso en cascada y de jerarquía de residuos. Adicionalmente, se revisan los criterios de sostenibilidad y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero aplicables a los combustibles de biomasa, a los biocarburantes y a los biolíquidos, introduciendo, entre otras medidas, exclusiones y limitaciones a la obtención de biomasa forestal en determinadas zonas especialmente ricas en biodiversidad y carbono, se refuerzan los criterios de riesgo de utilización de biomasa forestal a nivel país y zona de aprovisionamiento, se reducen los límites de potencia para la exigencia de los requisitos y se establecen disposiciones adecuadas de lucha contra el fraude. Por último, se revisan los umbrales relativos a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y se amplía su ámbito a los combustibles renovables de origen no biológico y a los combustibles de carbono reciclado.
6.- Nueva Planificación energética
El Gobierno está preparando una nueva planificación de la red de transporte que deberá tener en cuenta que, en las próximas décadas, el entorno en el que operará la red eléctrica sufrirá cambios sustanciales. Para ello, el Gobierno trabaja en avanzar en la transición del sistema energético español.
El nuevo documento aspira a cumplir con los objetivos y compromisos establecidos para 2030 en el PNIEC y sus sucesivas modificaciones en cuanto a la reducción de emisiones, participación de renovables en el consumo final, electrificación de la economía y eficiencia energética. Impulsar los esfuerzos en generación mediante autoconsumo, el incremento de la capacidad de almacenamiento y del uso del hidrógeno verde.?Permitir la electrificación de los usos finales energéticos al ritmo adecuado para alcanzar los objetivos del PNIEC; dando una respuesta adecuada a las necesidades de nueva demanda que se identifiquen, contribuyendo así a la generación de riqueza, empleo y la vertebración del territorio? Permitir la integración masiva de nueva generación renovable al ritmo necesario para alcanzar los objetivos en el medio y largo plazo, garantizando la operación segura del sistema eléctrico al mínimo coste para los consumidores.
7.- Control a los centros de datos
El Ministerio de Transición Ecológica quiere poner coto a la especulación con las peticiones de puntos de acceso para la demanda eléctrica que ascienden ya a más de 30.000 MW, cerca de un tercio correspondientes a proyectos de centros de datos. Para ello, al igual que para la instalación de energías renovables, el Gobierno se está planteando imponer un sistema de concursos que permitan acceder a los mismos a aquellos proyectos industriales que cuenten con una mayor viabilidad o dilucidar que petición de acceso puede tener una mayor capacidad de salir adelante ante una concurrencia de varias solicitudes en las mismas zonas.
El Ejecutivo tiene que trasponer también la Directiva (UE) 2023/1791, relativa a la eficiencia energética que expone asuntos como que los Estados miembros alentarán a los propietarios y operadores de centros de datos de su territorio, con una potencia eléctrica demandada por los sistemas de Tecnologías de la Información igual o superior a 1 MW, a que tengan en cuenta las mejores prácticas a las que se refiere la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos. De igual modo, los Estados miembros velarán por que los centros de datos con una entrada de energía nominal total superior a 1 MW utilicen el calor residual u otras aplicaciones de recuperación de calor residual, a menos que puedan demostrar que no resulta técnica o económicamente viable.
8.- Revisión de los límites de inversión para las redes
Más de una década después el sector energético en general, y el eléctrico en particular, se encuentran inmersos en una transformación estructural cuyas manifestaciones principales son el despliegue de las renovables, la electrificación de la economía, el desarrollo de nuevos combustibles y la aparición de nuevos modelos de negocio asociados al despliegue de los recursos distribuidos.
En este contexto, el Gobierno considera que puede resultar necesario revisar la regulación que establece la inversión anual y plurianual en redes de transporte y distribución, para acompasarla al nuevo contexto de transición energética y dotarla de mayor flexibilidad.
Con la modificación de esta norma se persigue actualizar el marco normativo que regula la aprobación de los planes de inversión anuales y plurianuales de las empresas transportistas y distribuidoras y los volúmenes de inversión a las nuevas necesidades derivadas de la transición energética
En particular, se busca adaptar la regulación a las nuevas oportunidades industriales y económicas que la transición energética representa para España a través de una mayor inversión en redes de transporte y distribución con la máxima eficiencia económica
La reforma perseguirá un desarrollo eficiente de la red de transporte y distribución, priorizando maximizar la utilización de la red ya construida y preservando las señales de electrificación y competitividad económica minimizando el coste de los peajes para los consumidores.
9.- Mejora del régimen económico de las energías renovables
El régimen económico de energías renovables (REER) es un sistema de cobertura del riesgo de precio para los productores renovables y de estabilización y reparto de rentas para los consumidores, que se basa en la constitución de contratos a plazo a un precio fijo entre los productores renovables y el sistema eléctrico con liquidación por diferencias (CfDs) y que se encuentra regulado por el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre.
Ahora el Gobierno trabaja para la mejora del diseño de las subastas en tres grandes ámbitos: La inclusión de criterios de adjudicación no económicos. Contribuir a una mayor flexibilidad del sistema, facilitando la integración de la energía generada por los proyectos adjudicatarios de las futuras subastas en los momentos en que sea más necesario para el sistema eléctrico. E Introducir mejoras en el diseño y procedimiento de las subastas y el régimen económico asociado.
10.- Nueva Estrategia de pobreza energética
El Ministerio de Transición Ecológica prepara una revisión de la Estrategia contra la pobreza energética ante el rotundo fracaso que parece haber cosechado la que está en vigor. La intención del Gobierno es presentar un nuevo documento que dará continuidad al que está en vigor para el periodo 2019-2024.
La actual Estrategia establecía, por primera vez, una definición de la situación de pobreza energética y del consumidor vulnerable, al tiempo que realizaba un diagnóstico de la situación en España, determinando ejes de actuación y objetivos de reducción de este problema social que afectaba a más de 3,5 millones de personas en nuestro país.