El Ministerio de Transición Ecológica prepara la nueva Planificación energética 2025-2030. Los cerca de 70.000 MW que hay en tramitación de renovables en nuestro país han provocado, tal y como reconoce el propio Gobierno, una mayor incertidumbre a la hora de elaborar el nuevo mapa de la red. Prueba de ello es que el Gobierno ha registrado más de 7.000 solicitudes de distintas actuaciones.
"Actualmente, la información de las solicitudes de acceso a la red de transporte ya no resulta totalmente coherente con el escenario objetivo del PNIEC, especialmente para las tecnologías eólica y fotovoltaica" indica el borrador que reconoce que las peticiones registradas exceden notablemente las previstas por el propio Gobierno.
El reto fundamental, por lo tanto, será plantear las actuaciones necesarias para mantener la calidad y garantía de suministro con una demanda creciente, integrando el máximo posible de renovables y con la previsión de una menor producción térmica (cierre del carbón) y nuclear.
Para hacerlo, el Ejecutivo pretende llevar a cabo un examen que le permitirá decidir las zonas en las que reforzar la red de transporte con una mayor prioridad. Para ello, Transición Ecológica elabora una metodología con la que prevé estimar el despliegue real de renovables teniendo en cuenta cuatro pasos: la distribución geográfica del recurso, la facilidad o dificultad de la tramitación ambiental, el nivel de avance de dicha tramitación y las solicitudes existentes por tecnología.
El departamento que dirige Sara Aagesen tendrá en cuenta cuatro factores: el recurso solar, el recurso eólico, el avance en la tramitación y la ubicación en las zonas donde se da una mayor facilidad para la instalación de energías limpias.
Para la valoración de la madurez de los proyectos se considerará el estado de avance de las propuestas declaradas así como la coherencia con estrategias europeas y nacionales (proyectos catalogados de interés común, adjudicatarios de ayudas económicas y compatibles con objetivos sectoriales como la reciente estrategia de inteligencia artificial en el caso de los centros de datos), a la vez que sean coherentes con las políticas industriales y ambientales incluidas las de agua de las comunidades y ciudades autónomas.
El Gobierno se ha fijado como objetivo en el borrador de Planificación energética la elaboración de un análisis coste-beneficio de cada actuación propuesta desde el punto de vista del sistema eléctrico, así como una justificación de la alternativa óptima para las necesidades identificadas. El análisis estará inspirado en la metodología de ENTSO-E y considerará tanto los beneficios y costes monetizables como los no monetizables mediante un conjunto de indicadores. La búsqueda de la eficiencia se traducirá en la incorporación de soluciones de modernización y digitalización de la red existente para maximizar su uso, previa a proponer nuevos desarrollos, y para, finalmente seleccionar el conjunto de las alternativas que proporcionen mayor valor.
