En octubre de 2023, en plena guerra por rebajar el precio del barril de petróleo para combatir la inflación, Biden puso sus ojos en Venezuela. La nación caribeña, antaño un gigante del petróleo de 3,3 millones de barriles diarios (un 14% de la OPEP) y el país con las mayores reservas probadas del mundo (24,4%) tenía a su infraestructura bajo mínimos produciendo unos escasos 750.000 barriles diarios, asediada por la falta de inversión, la quiebra de su empresa estatal y las sanciones de EEUU. En aquel momento Washington alivió las medidas contra Caracas a cambio de que firmase una hoja de ruta hacia la democracia con unas elecciones para julio de 2024.
Este mes es el último para ampliar esta decisión y, tras reiterados incumplimientos la incertidumbre se ha adueñado por completo de este 'despertar petrolero'. La gran parte de los expertos dan por hecho que diversas medidas e iniciativas del Gobierno latinoamericano, liderado por Nicolás Maduro, bloquearán por completo este deshielo, acabando con la opción de una Venezuela produciendo a pleno pulmón.
Entre las medidas que se han considerado incumplimientos destacan las intervenciones en la candidatura de la oposición, que supondrían una violación del acuerdo de Barbados firmado con sus rivales y cuyo cumplimiento es un punto clave del acuerdo con EEUU. En primer lugar fue María Corina Machado, que arrasó en las primarias con un 92,5% del voto. La candidata liberal ya estaba inhabilitada por 15 años debido a su respaldo y reuniones con Juan Guaidó, expresidente del parlamento Venezolano y que proclamó líder del país en 2019. Se esperaba que con el acuerdo esta pena se retirase pero comité electoral lo mantuvo.
Ante este contratiempo, la oposición pactó una candidatura unida por Corina Yoris, una académica de bajo perfil público. El Consejo Nacional Electoral tampoco ha permitido su candidatura por un problema de plazos. Presuntamente el periodo de inscripción finalizó el 25 de marzo y, según la candidata, no tuvo acceso al sistema y fue bloqueada sin motivos. Esto ha provocado que hayan tenido que presentar provisionalmente a Edmundo González Urrutia como candidato alternativo mientras se resuelve esta segunda negativa.
Por otro lado está el problema de las tensiones por arrebatarle Esequibo a Guyana. Venezuela votó en un referéndum nacional anexionarse el Esequibo, una región de 160.000 kilómetros cuadrados. Desde diciembre Maduro recibió el respaldo de la población para emprender "un plan acelerado para atender a la población actual y futura de esta región". ExxonMobil, principal firma que opera en la región, da por hecho que para 2025 podría superar la producción petrolera de Venezuela con 800.000 barriles diarios.
Ahora Maduro se encuentra en un procedimiento en el que sigue dando pasos a una posible ofensiva militar y, de hecho, aprobó la semana pasada una ley para anexionarse el territorio . "Queremos el rescate pacífico de la Guyana Esequiba". Según Venezuela esta región fue arrebatada ilegalmente por el imperio británico en 1841, en la primera década de vida de la república caribeña. Estas tensiones están siendo un factor clave y, los analistas de BCA Research las señalan como el principal motivo detrás del fin del deshielo. "Esperamos que Estados Unidos despliegue buques de guerra si Venezuela hace un movimiento en territorio guyanés".
El final de acuerdo con EEUU
Todos estos asuntos han puesto muy difícil a EEUU mantener el acuerdo actual de alivio de las sanciones. "Los acontecimientos de la semana pasada han asestado un golpe más a las esperanzas y optimismo y deshielo que nacieron en octubre", comentan los expertos de Capital Economics. "Prohibir a dos candidatos seguidos presentarse es otra clara violación del acuerdo y ahora lo más probable es que se reestablezcan por completo las sanciones". Una situación que "cortaría de raíz toda la recuperación que parecía que podría ocurrir".
Las sanciones de EEUU se iniciaron en 2017, cuando Maduro cerró el Parlamento del país, donde estaba en minoría, para establecer una Asamblea Nacional Constituyente encargada de redactar una carta magna pero que en la práctica solo se dedicó a legislar. Posteriormente su gobierno fue acusado por EEUU de fraude electoral para mantener la cámara y la presidencia. En 2019 las sanciones se ampliaron de la mano de Donald Trump y terminaron de hundir una industria petrolera que era el gran escudo del país frente a la hiperinflación.
Los analistas de ING, por su parte, aunque no dan por hecho que esto supondrá el fin total del deshielo, creen que se instalará una incertidumbre sobre el suministro que bloqueará por completo la inversión. "La incertidumbre persiste y todo sugiera que diversos compradores, como por ejemplo la India, ya han comenzado a recortar las compras del país". El objetivo, según la firma neerlandesa, es no depender de una producción que puede ser inestable y tener que rediseñar su abastecimiento de forma improvisada.
Ya hay techo en la producción
Al calor del deshielo Venezuela ha logrado un potente crecimiento de su producción. Desde el mismo mes de octubre la producción no ha parado de aumentar, pasando de unos 760.000 barriles diarios en septiembre a 877.000 barriles en febrero de 2024, el último mes del que hay registros. Sin embargo, esta gran subida se debe especialmente a un solo operador, Chevron, que bajo una licencia especial (la licencia 41) ha podido operar sumando más de 100.000 barriles extra.
Tras años sin tener licencia para operar en el país por las sanciones, ahora ha vuelto este mes de marzo a retomar oficialmente la perforación de crudo con un nuevo proyecto en su principal región productora, la Faja del Orinoco. Según la compañía la idea es levantar 30 nuevos pozos hasta 2025 lo que elevaría la producción de esta firma en el país a los 250.000 barriles diarios. Firmas como PetroChina también han llegado a acuerdos aprovechando las menores sanciones.
Esta situación ha llevado a los analistas a contemplar una victoria 'agridulce'. Un Biden que renueve solo parcialmente las sanciones pero que, con una retirada de buena parte de los acuerdos, se cierre la puerta a una reconstrucción a medio plazo de lo que fue un "titán del crudo". Francisco Monaldi, director del programa de Energía en Baker Institute, cree que "habrá una renovación parcial del acuerdo, manteniendo la licencia 41 (que permite operar a Chevron) y dejando caer el resto".
"La producción llegaría a un techo de 1 millón de barriles diarios para luego decrecer si EEUU quita las licencias pero mantiene la de Chevron"
El experto señala que en caso de mantenerse otro tipos de licencias, como la 44 (que permite a PDVSA vender crudo fuera del mercado negro) "esto permitiría a Venezuela ingresas 5.000 millones de dólares por el petróleo y si se cancela solo serían 2.000". Aunque según indica "no sería problemático si la licencia de Chevron se mantiene, tal y como las autoridades parecen estar telegrafiando". Esta situación permitirá un incremento gradual de la producción pero, por ejemplo deja en entredicho otras licencias como las de Repsol y otras firmas europeas.
"La producción va a subir en cualquier caso pero existen tres escenarios", explica Mondaldi. En el mejor de los casos, si se mantiene inalterado el acuerdo llegaría a una producción de 1,2 millones de barriles diarios en 2026, lo que seria su techo dado que, en cualquier caso, se cerraría el camino a una nueva quita de sanciones y nuevos pasos hacia una distensión, el camino hacia volver a producir como en su época dorada quedaría cortado. Por otro lado, si solo se mantuviese la licencia de Chevron y se otorgase ese mismo permiso a los operadores que lo están litigando (Repsol, por ejemplo) "la producción subiría hasta 1 millón de barriles en 2025 y luego iniciaría una tendencia a la baja". Por último si se cancelan todas las licencias y medidas la subida se congelaría "en los 900.000 barriles y luego empezaría a bajar de forma sensible".
Desde distintos medios, como Wall Street Journal y Washington Post han publicado que Biden sería favorable a no reimponer todas las sanciones a pesar de los incumplimientos del acuerdo inicial. El motivo por parte del ejecutivo estadounidense es evitar una caída en un productor para no presionar, aunque sea ligeramente, al alza los precios del barril a nivel mundial. Además, la Casa Blanca teme que este movimiento provoque una oleada migratoria hacia EEUU justo en periodo electoral.
El gigante petrolero no volverá
Sin embargo, desde la propia Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) advertía que la producción actual y las ligeras mejoras que pueden darse en los próximos años suponen el techo de Venezuela dadas las circunstancias. "Años de subinversión y mala gestión del sector energético significa que el crecimiento estará limitado a 200.000 barriles diarios extra" si la retirada de sanciones se mantuviera durante todo 2024. "Se necesitaría mucho más tiempo e inversión para conseguir un crecimiento adicional" sentenciaba el organismo. Una inversión que seguiría atenazada por la incertidumbre de un nuevo conflicto y que, además, no tendría el apoyo de nuevos pasos en el 'deshielo' que parecía plantearse en octubre de 2023.
PDVSA la empresa pública encargada de todo el petróleo del país está quebrada y Venezuela, con una deuda pública del 175% del PIB es incapaz de reflotar esta industria, tras años de hiperinflación. En ese sentido, toda su esperanza de reutilizar su infraestructura y seguir aumentando el crecimiento pasa por unas inversiones internacionales prácticamente inviables sin inversión internacional. Además, su petróleo más pesado que el de EEUU o Arabia Saudí necesita componentes que también son complicados de adquirir si están bajo el foco de EEUU.
En cualquier caso, el propio gobierno también ha mostrado un perfil duro desde enero con el primer bloqueo a la candidatura de Corina Machado. La versión oficial de EEUU sigue siendo, salvo un giro de 180 grados, las sanciones a Venezuela volverán con la misma fuerza de la era Trump. "Las acciones de Nicolás Maduro y su gobierno de arrestos a opositores y prohibición a candidatos de competir electoralmente, son totalmente incompatibles con los acuerdos alcanzados", explicaba Mathew Miller, portavoz del Departamento de Estado. "A falta de avances EEUU no renovará las licencias cuando estas expiren el 18 de abril".