Madrid
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado la oferta pública de adquisición del fondo francés Antin, a través de GCE BidCo, para hacerse con el 100% del capital de Opdenergy por un importe de unos 866 millones de euros. El visto bueno del regulador bursátil llega tras la aprobación del Gobierno, que negoció con el fondo francés, con el que previamente había protagonizado distintos desencuentros con motivo de los arbitrajes en el terreno de las renovables.
El visto bueno del supervisor bursátil da paso a la activación del plazo de aceptación de la opa, que es de 23 días naturales y comenzará previsiblemente el próximo jueves 22 de febrero para finalizar el viernes 15 de marzo. En garantía de la operación, GCE Bidco, vehículo de Opdenergy creado con motivo de la opa, ha presentado dos avales por 865,9 millones de euros que han sido suscritos por Crédit Agricole y Banco Santander.
Antin, firma de capital riesgo centrada en infraestructuras, recuerda que el precio ofrecido es de 5,85 euros por acción y tiene la consideración de precio equitativo al ser el precio más alto pagado o acordado pagar por Opdenergy.
Además, dicho precio se encuentra por encima del rango de valor que resulta del informe elaborado por Kroll Advisory como experto independiente, que entregó su trabajo el pasado 12 de febrero tras llevar a cabo un análisis exhaustivo en el que se incluyen entrevistas con el CEO y el CFO de Opdenergy para aclarar dudas relativas a la información pública de la compañía divulgada hasta el momento.
Compromisos adquiridos
A la espera de ver cuál es el resultado final de la oferta de Antin, el fondo francés ya cuenta con compromisos de aceptación por un porcentaje significativo de los accionistas actuales, concretamente con el de los fundadores de la compañía energética, su consejero delegado, Luis Cid Suárez, e Indumenta Pueri, el familly office de la familia Mayoral.
También han dado el sí a Antin las sociedades Marearoja Internacional (29,903% del capital), Jalasa Ingeniería (11,087%) y Luis Cid Suárez (0,279%). Todos ellos suscribieron compromisos irrevocables de aceptación de la opa, con la obligación por parte de algunos de ellos de reinvertir parte de los fondos recibidos como contraprestación.
Condicionado por los arbitrajes
Al margen de las autorizaciones de la CNMV, la opa de Antin por Opdenergy ha estado marcada por el plácet del Gobierno que, a través de la Junta de Inversiones Extranjeras (JINVEX), organismo dependiente del Ministerio de Economía, tiene la capacidad de supervisar e incluso condicionar la compra de activos por parte de grupos internacionales.
El visto bueno del Ejecutivo tardó más de medio año en llegar y terminó incluyendo un "compromiso voluntario" presentado por el fondo galo el pasado 18 de enero, en el que se comprometía a someterse al sistema judicial de la Unión Europea para resolver cualquier controversia que pudiese surgir frente a las autoridades españolas en relación con la actividad del grupo Opdenergy en España.
De esta forma, Antin se ha autoimpuesto condiciones para la compra de Opdenery y renuncia desde entonces a iniciar arbitrajes internacionales contra el Gobierno por desacuerdos con sus inversiones -a diferencia de lo que había sucedido hasta el momento-, dejando como vía los tribunales ordinarios en todos sus instancias.
