Madrid
Teresa Ribera repite como vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico en el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Se confirma su presencia en el núcleo duro del Ejecutivo, desde el que forma parte desde 2018. En 2020 fue nombrada vicepresidenta cuarta en el segundo gobierno de Sánchez y en 2021 pasó a ser vicepresidenta tercera, en sustitución de Yolanda Díaz. Ribera iba de 'número '2 de Pedro Sánchez en las listas del PSOE por Madrid a las elecciones generales de este 23 de julio y durante la campaña electoral el presidente ya había avanzado su voluntad de que siguiera al frente de la política energética en España. La ministra comenzará la nueva legislatura con la mochila cargada de retos, muchos de ellos pendientes de su anterior legislatura.
Más de 30.000 MW renovables en juego
La ministra de Transición Ecológica tendrá que decidir el futuro sobre proyectos renovables de más de 30.000 megavatios (MW) de potencia que están pendientes de las aprobaciones administrativas necesarias para su contrucción. Según fuentes consultadas por este diario, el ministerio ha trasladado a las principales asociaciones de renovables su intención de llevar a cabo el próximo mes de enero una profunda revisión de la situación de los proyectos. Todas estas plantas tienen hasta el 25 de enero para tener lista toda la documentación, ya que en caso contrario obligaría a ejecutar los avales y retirar los permisos concedidos en estos últimos años.
Posteriormente, el sector cuenta con un plazo de dos años para la construcción. Es ahí donde el sector renovable advierte de un inminente cuello de botella que probocará la pérdida de inversiones millonarias en el país.
Aprobación definitiva del PNIEC
Otro punto clave esta legislatura es la aprobación definitiva de la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Transición Ecológica presentó en julio el borrador de la que será la estrategia energética de España la próxima década. Transición ecológica ya ha recibido ya las alegaciones de los diferentes sectores energéticos, así como de los demás agentes implicados. Según los documentos a los que tuvo acceso elEconomista.es, un buen número de asociaciones reclaman una reforma fiscal que sirva para afrontar los cambios necesarios hasta el 2030 -como una rebaja del impuesto de hidrocarburos para los combustibles renovables- así como un incremento de la seguridad jurídica, una mejora de la planificación y un impulso a la demanda de electricidad.
Las gasistas reclamaron incentivos para los ciclos combinados y más apoyo para el biometano. Las eléctricas pidieron al Gobierno garantizar la estabilidad regulatoria y favorecer la planificación. La mayoría de ellas hicieron incapié en la necesidad de agilizar los permisos de los grandes proyectos nacionales.
Extensión de las rebajas fiscales
Una de las decisiones más esperadas, y que afercta a más 30 millones de españoles, es la prórroga en la rebaja de impuestos que gravan la factura de la luz. Como parte del paquete de medidas aprobado para paliar los efectos de la crisis de Ucrania, hasta el 31 de diciembre se aplica un IVA a la electricidad del 5%, al tiempo que el Impuesto Especial sobre la Electricidad está rebajado al 0,5% (el mínimo que permite Bruselas) y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE) del 7% está suspendido.
La Comisión Europea ha avisado a España de la necesidad de retirar las medidas puestas en marcha para mitigar los altos precios de la energía. Tras la presentación, el pasado octubre, por parte de un Gobierno en funciones, de unos presupuestos prorrogados para 2024, Bruselas presentó esta semana sus previsiones de otoño y en ellas insta al Ejecutivo español a retirar las medidas antiinflación a final de año.
Centrales nucleares
Otro de los deberes pendientes de Ribera es la aprobación definitiva del VII Plan Estatal de Residuos Nucleares, un documento clave puesto que según el actual calendario de cierre pactado por el Gobierno y los propietarios de las centrales nucleares, al final de los próximos cuatro años comenzará a desacoplarse de la rede esta tecnología. El proceso previsiblemente comenzará el 1 de noviembre de 2027 en Almaraz I (Cáceres) y terminará el 1 de mayo de 2035 en Trillo (Guadalajara).
Fuentes del sector nuclear advierten que 2024 será el año límite para decidir la clausura de la central de Almaraz. Y es que el tiempo de panificación y gestión para el desmantelamiento de una central nuclear es de unos tres o cuatro años.
Subastas de eólica marina
La eólica marina sigue pendiente de unas subastas, que inicialmente estaban previstas para la primera mitad de 2023. El Consejo de Ministros aprobó en febrero los Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), que delimitan el espacio marino para la instalación de eólica, entre otras cosas.
La intención del Gobierno es que el próximo año puedan llevarse ya a cabo las primeras subastas de capacidad. Aunque todavía no se conoce cuál será la primera zona para estas adjudicaciones, desde el sector apuntan las Islas Canarias. El despliegue de los proyectos de energía eólica offshore ocupará hasta 5.000 kilómetros cuadrados de espacio marino, un 0,46% del espacio marítimo total según la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
Marco retributivo de la cogeneración
Otro punto clave es "culminar" la aprobación del nuevo marco retributivo de la cogeneración, así como de las subastas. Ribera tendrá que rematatar la aprobación de las órdenes de nueva metodología retributiva y subastas para la cogeneración previstas en el Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, y en el PNIEC, que permitan a las empresas planificar inversiones a medio y largo plazo.
Según la patronal de cogeneración, estas subastas posibilitarán un nuevo ciclo de inversión industrial que movilizará más de 800 millones de euros en cientos de industrias. El marco de subastas para 1.200 MW está ultimado desde hace dos años. Decenas de industrias esperan desde entonces su convocatoria y, cada año que se demora, el riego de deslocalización se hace más probable hacia países competidores europeos, según advierten.
Entrada en vigor de la nueva tarifa regulada
Uno de los retos más esperados es la entrada en vigor de la nueva tarifa regulada. El Consejo de Ministros aprobó en junio la reforma de la tarifa regulada de electricidad -el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC)- que afectará a nueve millones de clientes, alrededor del 34% de todos los domésticos, y supondrá una importante reducción de la volatilidad de los recibos de la luz. La nueva fórmula de cálculo entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2024 e incorporará parcialmente las señales de precio a largo plazo permitirá reducir la volatilidad de los precios de la electricidad.
Retribución del transporte de electricidad y gas
Red Eléctrica y Enagás arrastran en sus cuentas los problemas que les está suponiendo el incremento de costes, así como de los tipos de interés a la hora de llevar a cabo sus inversiones. En ambos casos, tanto las redes de electricidad como las futuras redes de hidrógeno requirirán importantes inversiones para poder dar entrada a los ambiciosos planes que el Gobierno ha puesto sobre la mesa en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
Por este motivo, ambas compañías han pedido que en la próxima revisión del periodo regulatorio (que se llevará a cabo entre 2025 y 2026) la situación española se equipare a la del resto de Europa de tal modo que incluya mecanismos que permitan reflejar el impacto de la evolución tanto de los tipos de interés como de los precios.
CNE y Ley de Movilidad Sostenible
Otra de las tareas pendientes que decayeron en la anterior legislatura y que tendrá que afrontar, aunque no en exclusiva en su departamento, será la Ley de Movilidad Sostenible y la recuperación de la Comisión Nacional de Energía (CNE), suprimida en 2013 con la creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y que viene recogida en el pacto de Gobierno de PSOE y Sumar, entre otras cuestiones. Una reivindicación personalmente defendida por la propia Ribera, el objetivo de recuperar la CNE, será para fortalecer una institución en este momento clave de la transición energética con vistas a dar respuesta a la protección del ciudadano y de las inversiones.
Normativa de almacenamiento e hidrógeno
Será clave también el desarrollo de un marco normativo para el desarrollo de tecnologías clave como el hidrógeno renovable y el amacenamiento energetico. El actual borrador del PNIEC contempla potencia instalada de electrólisis hasta 11.000 MW para 2030 (frente a los 4.000 MW contemplados en la Hoja de Ruta del Hidrógeno).
Por su par un objetivo de 22.000 MW de almacenamiento energético. El PNIEC se prevé el desarrollo de tecnologías tanto stand-alone (baterías conectadas directamente a la red de transporte, sin una planta generadora), como hibridadas con generación renovable.
COP 28
El próximo 30 de noviembre comenzará la XXVIII Cumbre del Clima de la ONU en Emiratos Árabes Unidos, la COP28. El objetivo de esta reunión anual es acelerar la transición energética y reducir las emisiones para 2030. El propósito de la Unión Europea es triplicar la capacidad de renovables en 2030 como gran objetivo de esta cumbre. También, reducir las emisiones de metano y combustibles fósiles en 2030, duplicar la ratio de eficiencia energética y aumentar la electrificación.
