El empresario mexicano, Antonio del Valle, dueño del 4,2% del Popular antes de la resolución del banco, ha trasladado a La Haya la lucha por la caída del banco. Del Valle, que encabeza al Grupo de Inversores Mexicanos (MIG, por sus siglas en inglés), inició en agosto un arbitraje contra el Reino de España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI), ubicado en Washington, para reclamar los 470 millones de euros que perdió con la intervención de la entidad. Ahora, los inversores han decidido que el único procedimiento arbitral que continúe su curso será el llevado a cabo conforme al Reglamento de Arbitraje de UNCITRAL, en La Haya, Holanda.
Precisamente, este movimiento llega después de que el pasado día 20 se publicara en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una alianza entre el Gobierno, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España para defender los intereses del país ante los arbitrajes abiertos por los empresarios mexicanos.
Este grupo de inversores no ha tenido hasta el momento buenas experiencias en EEUU. Los empresarios iniciaron ante la Justicia norteamericano un procedimiento de solicitud de información al Banco Santander (puesto que tiene intereses en el país estadounidense) sobre la adquisición del Popular. Sin embargo, el juez determinó que solo la filial norteamericana podía dar información sobre el Popular, entidad que no tuvo ninguna relación con la compra. No obstante, los inversores recurrienron la decisión del magistrado neoyorquino al asegurar que la compra del banco se decidió en Nueva York.
Del Valle permanece en la actualidad imputado por la Audiencia Nacional en el procedimiento penal que investiga la caída del banco. El empresario está acusado, junto con el expresidente de la entidad Emilio Saracho, por presunta manipulación del precio de la acción.
