El desmantelamiento de las centrales nucleares acometido por Enresa, la empresa pública encargada de los elementos radiactivos, costará unos 4.200 millones de euros, a los que habrá que sumar alrededor de 8.500 millones para gestionar los residuos. Pero gracias al calendario pactado por el Estado y las eléctricas no tendrá impacto en el erario público y la tasa que lo financiará no subirá más del 20%. Otro asunto es el empleo: el sector nuclear en España da trabajo a cerca de 7.000 personas.
Enresa se encarga del desmantelamiento de las plantas nucleares y de la gestión de todos los residuos radiactivos, tanto el combustible gastado de alta actividad de estas centrales, como los de media y baja actividad procedentes de otro tipo de instalaciones, como la fábrica de combustible de Enusa o el equipamiento médico.
Para financiar su actividad, Enresa aplica una tasa, que, a su vez, se divide en cuatro subtasas: dos corresponden a las centrales nucleares y otras dos al resto de instalaciones, cuyos residuos terminan en el almacén de El Cabril.
Las dos tasas correspondientes a las centrales nucleares se destinan tanto al desmantelamiento como a la gestión futura de sus residuos. La primera asciende al 0,001% de lo recaudado con los peajes eléctricos y la segunda -mucho más importante, conocida en el sector directamente como Tasa Enresa-, es de 6,69 euros por cada MWh generado por las plantas. La recaudación de las dos tasas, dependiendo de la producción de las centrales, suma cerca de 400 millones de euros anuales.
Un Fondo con más de 5.000 millones
Lo recaudado por las tasas, que principalmente se carga sobre los ingresos de las eléctricas, se destina a un Fondo para la financiación de las actividades de Enresa que, de acuerdo con la última dato disponible, de cierre del ejercicio de 2016, ascendía a 5.326 millones, de los que las eléctricas habían aportado unos 3.500 millones. Las inversiones de este vehículo financiero le han proporcionado un rendimiento del 3,28%, un 2,18% en términos reales.
El coste del desmantelamiento de las centrales no depende significativamente de la vida útil de las plantas y ronda los 4.200 millones, pero no así el de la gestión de los residuos, puesto que cuanto más tiempo produzcan energía, más residuos generarán.
Las compañías eléctricas propietarias se deben encargar de la fase de predesmantelamiento de las plantas, que dura unos tres años, y ya tienen estos costes provisionados en sus cuentas. Después tienen que traspasarle la titularidad de las instalaciones a Enresa que se encarga del desmantelamiento propiamente dicho, que abarca otros 10 años y es la fase financiada por la Tasa.
Para estimar el coste de la gestión de los residuos hay que tener en cuenta otros elementos adicionales, como la existencia de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) -el conocido popularmente como cementerio nuclear- en el que depositar el combustible gastado hasta que esté listo un Almacenamiento Geológico Profundo (AGP) donde se confinen definitivamente, allá por 2089.
De momento, el retraso de más de una década en la construcción del ATC, además de provocar unos sobrecostes de 2.200 millones, ha obligado a construir Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en cada una de las plantas para albergar el combustible.
Déficit de 3.000 millones
Así las cosas, a mediados de 2014 el Tribunal de Cuentas alertó de que el Fondo de Enresa era insuficiente para cubrir los costes previstos de la gestión de los residuos, indicando que había un déficit de 1.500 millones. El sector eléctrico lleva tiempo alertando de que ese déficit se ha multiplicado por dos, porque se han incrementado los costes previstos hasta los 6.000 millones, por la construcción de los ATI, las contribuciones a los municipios cercanos a las plantas, la inflación, la baja rentabilidad del Fondo, el retraso en la planificación del AGP...
Así, según los cálculos de Enresa, considerando una vida útil de las centrales de 40 años, el coste de desmantelarlas y de gestionar sus residuos ascendería a 8.925 millones, lo que hubiera exigido subir la Tasa más de un 60%, hasta los 11 euros por MWh. Por el contrario, considerando una vida útil de 50 años, el coste ascendería a 9.328 millones, e incluso se podría rebajar la Tasa a 5,4 euros por MWh.
Al final el Enresa y las empresas han llegado a un acuerdo intermedio, con un calendario en el que las centrales operarán una media de 46 años y en el que se producirá una subida máxima de las Tasa del 20%, dependiendo de los factores aún desconocidos, como el momento en que se dispondrá del ATC.
Enresa está preparando el próximo Plan General de Residuos Radiactivos, el séptimo, en función del calendario pactado con las eléctricas, con la intención de absorber el déficit existente y cuadrar las cuentas del cierre nuclear.
En conjunto, el coste de gestión de todos los residuos radiactivos, tanto los de alta como los de baja actividad, según la última estimación de Enresa, de 2016, era de 18.500 millones; las eléctricas aumentan la cifra hasta más de 20.000 millones.