La factura por no disponer aún de un almacén para los residuos radiactivos de las centrales nucleares ronda los 2.200 millones de euros y seguirá creciendo, ya que esa instalación difícilmente estará lista antes del año 2025; sólo el hecho de que Francia acoja los residuos de la accidentada central de Vandellós I desde el año 1985 cuesta más de 74.000 euros diarios -penalización incluida- y acumula 800 millones, según los datos facilitados por Enresa, la sociedad pública responsable de estos residuos, a elEconomista.
El Gobierno ha decidido suspender la tramitación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) para dichos residuos que estaba previsto en la conquense población de Villar de Cañas porque alberga dudas sobre la idoneidad del emplazamiento y sobre el proyecto mismo, según explicó recientemente la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en el Congreso de los Diputados.
La decisión de levantar el ATC en Villar de Cañas la adoptó el anterior Ejecutivo del PP en diciembre de 2011, tras un proceso que arrancó en 2004 y que protagonizó una comisión interministerial que seleccionó varios emplazamientos.
No se hizo un análisis geológico previo de los terrenos elegidos y los estudios posteriores, tanto del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) como de la consultora especializada URS, indicaron que no son adecuados, lo que incrementará el coste de la instalación y puede comprometer su seguridad.
Plan de residuos caducado
Las características actualmente previstas para el ATC se basan en el VI Plan General de Gestión de Residuos Radiactivos, fechado en 2006 y caducado en 2010, y el actual Gobierno del PSOE quiere elaborar un VII Plan -vinculado con el Plan de Energía y Clima a 2030 que ha de regir el inicio del proceso de descarbonización- antes de seguir avanzando con la instalación. Ribera explicó que la previsión de costes de la gestión de los residuos atómicos de alta actividad ha crecido un tercio sobre las previsiones de 2006 y que quiere manejar magnitudes económicas actuales.
Adicionalmente, se debe cumplir la Directiva 2011/70 de Euratom, sobre la seguridad del combustible nuclear gastado, cuyo retraso a la hora de incorporarlo al ordenamiento jurídico -el límite venció hace un año- ha derivado en un expediente de Bruselas contra el país.
Con independencia de lo acertada o lo errónea que sea la decisión del Gobierno de analizar con más detalle la ubicación y las características del ATC -no cuestiona en ningún caso su necesidad, como sí hacen alguna empresa eléctrica y los ecologistas- lo cierto es que no disponer de la instalación está provocando un coste enorme a las arcas públicas y a los consumidores de electricidad, sobre todo por dos vías.
La mayor de ellas se corresponde con la construcción de Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para que cada una de las plantas nucleares puedan albergar sus residuos a la espera de que se disponga del ATC. En la actualidad hay tres ATI operativos -en las centrales de Trillo, Ascó y José Cabrera-, pero está previsto en todas ellas; de hecho, la de Almaraz acaba de recibir el último permiso que le faltaba para construirlo.
El coste total de los ATI, de acuerdo con cálculos de empresas operadoras de las centrales, asciende a unos 1.400 millones, aunque otras fuentes próximas al CSN lo reducen hasta el entorno de los 500 millones. Esta disparidad de estimaciones en fuentes autorizadas explican que Ribera quiera conocer mejor el estado del arte.
Más de 74.600 euros diarios
Donde no hay dudas en el perjuicio económico que la ausencia del ATC provoca es en el importe que abonamos a Francia por acoger los residuos de la accidentada planta de Vandellós I: los costes totales de las actividades de reproceso y densificación del combustible de la central, así como los contenedores, el transporte y almacenamiento de sus residuos, desde el año 1985 hasta el 31 de julio de 2018, suma 795 millones de euros, según los datos facilitados por Enresa.
Francia nos cobra una cantidad diaria que durante 2017 ascendía a 74.603,14 euros, incluyendo una penalización desde julio de 2017 que suma 29,5 millones y que el país vecino devolverá cuando el último de los contenedores de residuos vuelva a España.
¿Y eso cuándo ocurrirá? Pues es difícil saberlo, aunque en el sector se da por sentado que, a la vista de la revisión en la que se ha embarcado el Gobierno, difícilmente antes de 2025. Como parte de esta revisión se estudiarán las inversiones de Enresa en Villar de Cañas.
73 millones invertidos sin tener ningún permiso
Enresa, según comenta a elEconomista, ha invertido 73 millones de euros en el proyecto del ATC en Villar de Cañas desde el año 2012, en adecuar los terrenos previstos, en reforzar las carreteras de la zona para que soporten el pesado transporte de los residuos atómicos, en estudios de consultoría, en un centro tecnológico asociado...
Y todo ello sin que el proyecto disponga de una sola de las autorizaciones que precisa por parte del Gobierno central: no tiene ni la Declaración de Impacto Ambiental, ni la Autorización de Emplazamiento, ni la Autorización de Construcción, ni la Autorización de Explotación. Las tres últimas son sucesivas y cada una debe estar precedida por un informe favorable del CSN. Éste sólo ha emitido el primero de ellos y estaba trabajando en el segundo cuando el Gobierno, en julio, le indicó que no siguiera con él.
Las previsiones originales eran que el ATC, sin instalaciones anejas, exigiese unos 540 millones, pero los últimos datos, recogidos en un Anexo de los Presupuestos de 2018, elevan la cifra hasta los 687 millones; el sector, empero, maneja el número redondo de 1.000 millones para todas las infraestructuras.
Durante este año, según la información facilitada por la empresa presidida por José Luis Navarro desde julio, sólo se ha invertido un millón de euros, frente a los 144 millones previstos.
