Los costes previstos de la gestión de los residuos radiactivos se han incrementado en un 50% en 12 años y ya supera los 20.000 millones de euros, según los datos del sector. Dos razones explican esta subida: los bajos tipos de interés, que han reducido la rentabilidad del fondo destinado a financiarlos, y el incremento experimentado por los costes, que según las empresas, supera los 6.000 millones.
Enresa, la sociedad pública encargada de todos los residuos radiactivos, publicó su sexto Plan de Gestión (PGRR) en 2006, previendo que su labor costaría 13.000 millones entre 1985 y 2070. En una actualización de 2016 ya elevó esa cifra a 18.500 millones.
Los operadores de las centrales nucleares -Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa y EDP-, han hecho un seguimiento de esas cuentas desde el año 2010, ejercicio a partir del cual se les repercute gran parte de los costes de gestión de los residuos, y el sector calcula que hasta mediados del año pasado habían superado los 17.000 millones. Esta cifra, sumada a los costes anteriores -se han abonado más de 3.100 millones hasta 2005- excede largamente los 20.000 millones.
La gestión de los residuos se financia mediante tres tasas -a la generación eléctrica de las centrales, a la fábrica de Juzbado y a otras instalaciones- destinadas al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, de Enresa.
Déficit de 3.000 millones
A mediados de 2014, el Tribunal de Cuentas alertó de un déficit en el Fondo de 1.500 millones, y hoy el sector apunta que ya duplica con creces esa cantidad.
El informe del Comité de Expertos en la Transición Energética, por su parte, expone que la tasa más importante, cargada sobre la generación eléctrica de las centrales y destinada a su desmantelamiento y a gestionar sus residuos, es insuficiente para la tarea, que evalúa en 8.925 millones. Según los sabios, esta tasa, fijada en 2010 en 6,7 euros por MWh -recauda unos 150.000 euros al año-, debería subir más de un 60%, hasta los 11 euros por MWh.
Según el sector, dos razones explican el déficit: por un lado están los bajos tipos de interés, que han mermado la rentabilidad esperada del Fondo: se calculó en el 1,5% anual, pero apenas ha llegado al 1%. Y por otro lado, resulta que se han disparado los costes; desde 2010 suman 6.000 millones.
Unos 1.400 millones porque todavía no disponemos de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para los residuos y ha habido que construir Almacenes Temporales Individualizados (ATI) en las centrales nucleares a fin de que puedan depositar su combustible gastado.
Unos 1.200 millones por contribuciones a los municipios cercanos a las centrales y porque el Impuesto sobre la producción de combustible nuclear gastado se destina a cubrir los costes corrientes del sistema eléctrico y no a paliar el déficit del Fondo, como inicialmente se pretendía. Ambas partidas se crearon en 2015.
Otros 1.100 millones son resultado de la inflación. Unos 700 millones del déficit del almacén de residuos de baja intensidad de El Cabril y la reevaluación del almacenamiento geológico profundo; el PGRR calculaba que los residuos se depositarían ahí en 2070, pero se ha retrasado a 2089.
Otros 300 millones porque Francia está albergando los residuos de la accidentada central de Vandellós II, que tenían que haber vuelto a España en 2010.
Y otros 1.300 millones porque Enresa pretende cerrar todas las centrales en un intervalo de cinco años -el país no está técnicamente preparado para ello- y ha alargado el plazo de desmantelamiento de cada planta de siete a 10 años.
Las empresas plantean que estos últimos costes desaparecerían si se clausuran escalonadamente las plantas -unas operarían más años que otras- y se aprovechan los cuatro años anteriores al cierre para hacer los proyectos de ingeniería y la caracterización radiológica de las instalaciones, de modo que se mantuviesen los siete años originales.
Alargar la vida útil 10 años
Más allá de este abaratamiento, todo el cuadro financiero daría un vuelco si las centrales prolongasen su vida útil de los 40 años previstos actualmente a los 50 años: los sabios de la Transición indican que con 10 años más la tasa del desmantelamiento de Enresa -considerando el mismo tipo de interés del 1,5%- podría incluso bajar a 5,4 euros por MWh. El sector apunta que los costes por esa década adicional sólo crecen 600 millones.
Estas cuentas son bien conocidas en el Ministerio de Energía y explican parte del empeño del ministro Álvaro Nadal por alargar la vida de las centrales nucleares: no sólo seguirían generando electricidad barata y sin emisiones de CO2, sino que desaparecería el opaco déficit que embolsa Enresa. Enresa, consultada por elEconomista sobre las cifras, guarda silencio, como es habitual.