El impuesto mínimo del 15% que están obligadas a pagar las grandes empresas y multinacionales desde el arranque del ejercicio por la regulación introducida por el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado amenaza la recuperabilidad de ciertos créditos fiscales de las compañías.
Los activos fiscales diferidos son derechos frente a la Hacienda pública que se generan al incurrir en determinados quebrantos o, incluso, por algunas partidas de costes cuando la empresa no tiene beneficios suficientes para compensarlos en ese momento. En algunos casos, la normativa establece un plazo máximo para poder deducirlos en la factura fiscal.
La fijación del tipo del 15% es susceptible de meter presión ahora en algunas de esas huchas en la medida que ya no se podrán desgravar llevando el tipo efectivo por debajo de ese umbral o, incluso, al 0%, y les tocará evaluarlo, según detallaron expertos en un encuentro organizado por KPMG y la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE).
"Las compañías deberán introducir la variable de la tributación mínima nueva al analizar la recuperabilidad de estos activos fiscales diferidos. Tienen que evaluar la generación de bases imponibles positivas que van a tener en los próximos años para comprobar que está dentro del horizonte temporal permitido a la potencial utilización de esos activos", explicó ayer el socio responsable de Auditoría de KPMG en España, Borja Guinea.
Si el examen concluye que será difícil o imposible proceder a su recuperabilidad en el plazo máximo que dispongan, les tocará activar los correspondientes deterioros por la cuantía que estimen imposible de deducir.
Esta situación afecta a aquellos activos fiscales diferidos generados con un plazo de ejecución o compensación predefinido que no se vayan a agotar dentro del mismo, sin que altere la situación para otros. Un ejemplo de estos últimos sería aquellos acumulados por la banca por las milmillonarias provisiones que realizaron para sacarse del balance los inmuebles o para financiar los severos ajustes acometidos en sus plantillas vía prejubilaciones.
"En banca se verían afectados por los DTAs en la medida que tengan un horizonte temporal. Pero no en el caso de las bases imponibles negativas, que no son deducciones y que sí se podrán seguir aplicando antes de la tributación mínima del Impuesto de Sociedades", aclaró a su vez el socio responsable de los Servicios de Asesoramiento contable de KPMG en España, Bernardo Ruecker.
Este potencial impacto es solo alguna de las novedades contables que encararán las empresas en la elaboración de sus estados financieros correspondientes al 2021, ya que sus informes deberán tener en cuenta la valoración de otros activos y pasivos que dependen de lo que vaya a pasar a futuro.
Un ejemplo ilustrativo es si se han adquirido ciertas existencias con un compromiso de venta a clientes a un precio cerrado donde podría impactar la situación de la logística internacional y las incidencias con los suministros originada por las restricciones de la pandemia, o sobre el propio desarrollo de la empresa.
Los riesgos climáticos cobran espacio en la rendición de cuentas, en la medida que el regulador ya exige explicar ciertas exposiciones y cómo es el proceso de adaptación al cambio climático en los estados no financieros, cuya última responsabilidad recae en la gerencia y el consejo de administración y se tiene que aprobar en junta de accionistas. Se trata de un documento además que debe ser verificado por un experto externo.
Todas las compañías van a tener que ver cómo clasifican sus actividades entre verdes y no verdes, con detalle sobre cómo es su adaptación al cambio climático y como contribuyen a su mitigación haciendo para ello el correspondiente análisis sobre sus ingresos e inversiones, por aplicación de la regulación aprobada en Europa en el verano pasado.
En una segunda fase está previsto que detallen además en qué medida la actividad de las empresas está alienada con ayudar en la transición hacia una economía circular, la protección de la recuperación de la biodiversidad y los ecosistemas y la prevención y control de la contaminación.
Los expertos avisan que se verá mucha casuística porque las obligaciones normativas se regularon en el verano pasado y no es fácil, dado que no han tenido tiempo para adaptar sus procesos a la norma, pero que no deja de ser una oportunidad de posicionarse y vender su transición para las empresas.
Detallar la exposición 'verde'
Las medidas aplican igual a todas las empresas, pero en el caso de la banca revierte cierto grado adicional de complejidad porque tendrán que detallar cómo de verdes son sus actividades dando proporciones dentro de su cartera, con el esfuerzo adicional de categorización que eso conlleva.
Bajo este contexto, el socio responsable de Auditoría de KPMG en España, indicó que los auditores "pondrán foco en todos aquellos activos que tienen que ver con acontecimientos futuros que no están bajo el control de la entidad". Se considerarán como "cuestiones clave en sus informes de auditoría, entre otros, aspectos como la recuperación de los fondos de comercio, puesto que es un activo que claramente tiene que ver con la generación de caja futura de negocio adquirido", agregó.
También apuntó que fijarán foco especial "en cuestiones asociadas a la cartera crediticia en las entidades financieras, en las recuperaciones de los activos por impuesto diferido, y en la situación de liquidez y cuál es el riesgo de una compañía a no poder seguir con sus operaciones como consecuencia de acontecimientos futuros". "Como auditores tenemos que evaluar las estimaciones y juicios de valor sobre el valor de los activos que estén sujetos a un potencial deterioro en el caso de que no se cumplan las expectativas que ha marcado la dirección", resumió.
