La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, en materia de información no financiera y diversidad, vino a incorporar al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos (NFRD, por sus siglas en inglés). Su objetivo principal es la identificación de riesgos en la empresa para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, consumidores y la sociedad en general, incrementando la divulgación de información de carácter no financiero.
En este contexto, las empresas que cumplen determinados parámetros a partir de los ejercicios iniciados el 1 de enero de 2018 deben preparar, respecto al periodo anterior, un estado de información no financiera que contenga, al menos, información relativa a cuestiones medioambientales, sociales, relativas al personal, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.
Desde el 30 de diciembre de 2021, el ámbito de aplicación de la obligación de presentar el estado de información no financiera se extiende a todas aquellas sociedades con más de 250 trabajadores que (i) tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, exceptuando a las entidades que tienen la calificación de empresas pequeñas y medianas de acuerdo con la Directiva 34/2013, o que (ii) durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, un total de las partidas del activo que sea superior a 20 millones de euros o que el importe neto de la cifra anual de negocio supere los 40 millones de euros.
Adicionalmente, es importante tener en cuenta que la Unión Europea está trabajando de forma continua para conseguir un ecosistema financiero sostenible en línea con el Pacto Verde Europeo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Por este motivo, el 21 de abril de 2021, la Comisión Europea publicó la propuesta de Directiva sobre divulgación de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés), que revisará las normas de información introducidas por la anteriormente referida Directiva 2014/95/UE sobre divulgación de información no financiera, y hará que los requisitos de información sobre sostenibilidad sean más coherentes con el Reglamento 2019/2088, de 27 de noviembre de 2019, sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros (Reglamento de Divulgación) y el Reglamento de 2020/852, de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (Reglamento de Taxonomía).
La CSRD establece normas comunes en la Unión Europea en materia de información que permitirán mejorar la transparencia y obligarán a las empresas a comunicar información sobre sostenibilidad de manera coherente y comparable. Las principales novedades que introduce son las siguientes:
-Se amplía el ámbito de aplicación a todas las grandes empresas y todas las empresas cotizadas, excepto las microempresas que cotizan en Bolsa.
-Requiere la verificación de la información reportada.
-Introduce requisitos de reporte más detallados y la obligación de informar con arreglo a normas vinculantes de la Unión Europea sobre divulgación de información en materia de sostenibilidad.
-Requiere que las empresas "etiqueten" digitalmente la información reportada.
La información que se tendrá que reportar será prospectiva y retrospectiva, cuantitativa y cualitativa y contendrá, entre otras, la descripción del modelo de negocio y la estrategia de la empresa en relación a los riesgos y oportunidades relacionadas con cuestiones de sostenibilidad, la forma en la que se tienen en cuenta los intereses de las partes interesadas y una descripción de los objetivos relacionados con esta materia, así como de los progresos realizados durante el ejercicio de reporte de información.
Los principales destinatarios de esta información son los inversores, organizaciones no gubernamentales (ONGs) y otras partes interesadas. Con todas estas medidas se pretende fomentar la comprensión y transparencia de los riesgos y oportunidades que ofrecen las cuestiones de sostenibilidad, aprovechando el potencial del mercado europeo para contribuir a la transición hacia un sistema económico y financiero plenamente sostenible e inclusivo.
Entidades
Ignacio Ortiz del Río
Socio del área de Regulatorio y Compliance de Deloitte Legal
Araceli Massa Soler
Abogada del área de Regulatorio y Compliance de Deloitte Legal
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