Empresas y finanzas

Los operadores de autopistas llevan a los tribunales el estado de alarma

  • Reclaman el reequilibrio de los contratos por el desplome del tráfico
  • El Gobierno opta por el silencio administrativo a las demandas de las concesionarias
  • El Ejecutivo negó las causas de fuerza mayor para fijar las compensaciones
Autovía en España

Las concesionarias de autopistas y autovías de España han lanzado una ofensiva en los tribunales para demandar compensaciones por el impacto que tuvieron en los tráficos el estado de alarma decretado por el Gobierno el 14 de marzo de 2020. El silencio administrativo ha sido la respuesta mayoritaria a las reclamaciones que los operadores presentaron por vía administrativa, lo que se traduce en el rechazo de las mismas. Ante ello, un gran número de compañías ha elevado ya los casos a la Audiencia Nacional para tratar de que los jueces sentencien la obligación del Ejecutivo de reequilibrar los contratos.

El mapa de autopistas y autovías está controlado por operadores como Abertis, Globalvia, Roadis, Itínere y Aleatica, grandes constructores como ACS, Ferrovial, Sacyr, Acciona y FCC, fondos como Meridiam, Vauban, Aberdeen, DIF, 3i, TIIC, Hermes y Pantheon, constructoras medianas como Copasa, Aldesa, Azvi, Puentes, Alvac, Sando, Ortiz, Sarrión, Lantania, Cyopsa, Extraco y CRC, e ingenierías como Typsa, Getinsa e Inocsa.

Son decenas las entidades afectadas, a través de sus participaciones en las operadoras, por las restricciones a la movilidad y el cierre de las fronteras que se impusieron hace ya casi dos años. En el primer estado de alarma -en noviembre el Gobierno decretó un segundo aunque más laxo-, la pérdida de ingresos para las concesionarias de autopistas y autovías de primera generación, con mecanismos de pago por disponibilidad, llegaron a alcanzar en las semanas más duras entre el 80% y el 100% con respecto a los niveles de 2019.

El Gobierno aprobó entre marzo y julio de 2020 varios reales decretos en los que fijó las condiciones para optar al reequilibrio económico de los contratos. Las empresas presentaron al término del primer estado de alarma sus reclamaciones por la vía administrativa. Sin embargo, ante la negativa generalizada por parte del Ejecutivo central -y también de otras Administraciones autonómicas-, las empresas ya han abierto los primeros contenciosos-administrativos en la Audiencia Nacional, según admiten oficialmente a este diario varios de los principales operadores de carreteras. Otros siguen estudiando caso a caso -las reclamaciones son individuales de cada concesión-, pero la previsión es que la mayoría recurra en el corto plazo a la vía judicial, según fuentes del sector.

El Ministerio de Transportes definió en julio de 2020, a través del RD-ley 26/2020, los requisitos para el reequilibrio económico de las concesiones de autopistas y autovías, aunque sin que se reconozcan las causas de fuerza mayor, como sostenían -y lo siguen haciendo- las compañías. Lo hizo a pesar de que el entonces ministro del ramo, José Luis Ábalos, había asegurado solo unas semanas antes -en mayo- que el Gobierno fuera a compensar a los operadores. Una posición que sustentaba en los informes de la Abogacía del Estado, en los que defendía que no existía ese derecho porque las carreteras siguieran abiertas al tráfico y este estuvo legalmente permitido.

La norma abundó sobre el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el que ya se incluyó la posibilidad del reequilibrio de las concesiones con la ampliación de la duración inicial del contrato hasta un máximo de un 15%. Aquel RD-ley, no obstante, fue modificado dos semanas después introduciendo restricciones temporales para que solo pudieran hacerlo aquellas concesiones posteriores a 2011 es decir, casi ninguna. En mayo rectificó este cambio.

En el RD-ley 26/2020, el Gobierno especifica que el derecho al reequilibrio "en ningún caso podrá fundarse en las normas generales sobre daños por fuerza mayor o sobre restablecimiento del equilibrio económico que, en su caso, pudieran ser aplicables al contrato". El Ejecutivo planteó así que esta normativa aplique con carácter retroactivo sobre las cláusulas de contratos que se firmaron en su momento. Además, limitó el derecho a aquellas concesiones en las que "el margen bruto de explotación durante el período de vigencia del estado de alarma haya sido negativo", una condición que en el sector tildan de "desproporcionada".

El RD-ley señala que se compensaría con la menor de las siguientes cantidades: "el importe necesario para que el margen bruto de explotación durante el período de vigencia del estado de alarma llegue a cero o la diferencia entre el margen bruto de explotación durante el periodo de vigencia del estado de alarma y dicho margen durante el mismo periodo del año anterior". El reequilibrio consistiría en la ampliación del plazo de la concesión, para que se consideraría un crecimiento anual acumulativo de los ingresos del 2% frente a 2019.

Serán los tribunales los que decidan al respecto -lo que se demorará varios años-, pero las compañías cuentan además a su favor con la sentencia del Constitucional en la que declaró el estado de alarma inconstitucional.

Adicionalmente, las empresas tienen el foco en las reclamaciones por los daños causados tras el primer estado de alarma y por el segundo, entre noviembre de 2020 y mayo de 2021, aunque son procesos separados a los del primero.

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Comentarios 6

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Autopistas privatizadas ,rescatadas tras su ruina y abandono y se las dan a los mismos
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Autopistas como las de Valencia que se privatizaron en su dia por los politicuzos de turno y delincuencia economica adjunta , despues de su abandono y ruina , se han rescatado con dinero publico ,, y para mas coña se las han vuelto a dar a los mismos ,,, con el nombre cambiado ..

Puntuación 11
#1
La delincuencia economica en su maxima expresion
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El colmo de los colmos y el mundo al reves ..La delincuencia economica ensu maxima expresion e impunidad

Puntuación 12
#2
Kiko
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Lo que nos faltaba. Estos siempre ganan. Así hasta el más tonto es empresario de éxito. A ver si lo pillo - que soy muy corto- Si no hay pandémia ni impedimentos diversos que les incordien y mermen sus escándalosos beneficios, pues nos axfisian a peajes en unas autopistas que hemis pagado los ciudadanos. Si como ha sido el caso, nos confinan y no podemos circular por esas autopistas, pues entonces hay que indenmizarles por caídas drásticas de beneficios, apesar de que no han tenido que gastar ni un céntimo en reparaciones ni mantenimiento durante ese período. Y NO SE MUEREN DE VERGÜENZA. Claro, el covid sólo afecta a los negocios y empresas. Los que nos quedamos encerrados en casa con hijos, hipotécas y demás, pues no tenemos caída de ingresos y a tragar. Nos disparan los precios de todo. Todos tienen que recuperar lo que han dejado de ganar. Los ciudadanos de apié, como buenos borreguitos, a pagar y callar. A aplicar el " esto es lo que hay" y a callar que para eso somos plebeyos. Tiene que venir una gorda, pero gorda de c**** porque una cosa es el capitalismo y otra muy diferente es el aplastamiento de la sociedad por el bastardismo. Tiene que venir una gorda de verdad, de las que hacen época.

Aquí nos mienten, engañan, abusan, nos roban, estafan y se desco*** de los ciudadanos currelas todo dios. Y los que lo hacen, encima andan por la calle y son admirados como portentos y ejemplos a seguir.

Desde luego en esto no es mi caso, en lo otro, en lo ser estafado si. Ahí estoy en el montón de pringados.

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#3
Slipknotpm
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Que expropien las autopistas así no pueden reclamar y esos peajes para el estado...que si es listo pone a trabajar a los presos y se ahorra ese dinero.

Puntuación 8
#4
y
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Aquí hay un problema y las empresas no ganan dinero y el estado les tiene que pagar. Y las personas encerradas, trabajando y muriendo no tienen derecho. VIVA ETA, salvó muchas vidas acosta de matar asesinos de mierda.

Puntuación -1
#5
maqui
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Privatización de beneficios y socialización de pérdidas en una concesión de explotación de autopistas hechas con dinero públicos de los contribuyentes. Los panaderos etc. también perdieron dinero con el estado de alarma, pero tienen que amortizar el horno y todo el resto de su infraestructura, la panadería no es una concesión hecha con dinero público. Hay que tener más morro que un oso hormiguero para llevar esto a la justicia.

Puntuación 4
#6