Las concesionarias de infraestructuras en España han comenzado a contratar a grandes consultoras y despachos de abogados para armar la estrategia de reclamación al Gobierno por la caída de la demanda derivada de la pandemia por el Covid-19.
Los tráficos de las autopistas de peaje y autovías, aparcamientos y otro tipo de activos con riesgo de demanda se hundieron durante las semanas del estado de alarma por el obligado confinamiento y el cierre de fronteras y los grupos que las explotan quieren hacer valer causas de fuerza mayor para que se reequilibren las concesiones. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya ha declarado que no "no estamos planteando ningún resarcimiento al respecto".
El Gobierno enfrenta en las próximas semanas una oleada de peticiones de compensación por parte de decenas de concesionarias
El Gobierno enfrenta en las próximas semanas una oleada de peticiones de compensación por parte de decenas de concesionarias. Según fuentes jurídicas que están trabajando en los procedimientos, las operadoras de las infraestructuras tienen un mes de plazo desde que finalizó el estado de alarma, el 21 de junio, para trasladar sus reclamaciones por la pérdida de usuarios desde el 14 de marzo al Ministerio. Por tanto, tienen hasta el 21 de julio de para hacerlo. No obstante, otras fuentes apuntan a que existe una interpretación alternativa de la legislación que permitiría presentar dichas demandas en un plazo de cuatro años.
La caída de los ingresos afectan a cientos de sociedades entre cuyos propietarios figuran grandes grupos de infraestructuras como Abertis, ACS, Ferrovial, Sacyr, Globalvia, Itínere, Acciona, Aleatica OHL o FCC, constructoras medianas, empresas de servicios, ingenierías, bancos, aseguradoras y fondos de inversión y de pensiones internacionales. Estos últimos, de hecho, son dueños, por ejemplo, de más de la tercera parte de las autopistas de peaje españolas y tienen una presencia muy relevante en autovías, aparcamientos y hospitales, entre otras.
Las empresas llevan varias semanas movilizándose a nivel sectorial para articular una estrategia a través de las patronales del sector. A finales de mayo, el presidente de Seopan, Julián Núñez, en un encuentro telemático de Nueva Economía Forum, ya abrió la puerta a las reclamaciones, como había adelantado este diario varias semanas antes. No obstante, indicó entonces que se formularía "en su momento, una vez los tráficos se vayan recuperando y se tenga una estimación del impacto real". "No se puede reclamar ahora, porque aún no se sabe qué reclamar", aseveró.
La Abogacía del Estado
Ese momento ya ha llegado, una vez finalizado el estado de alarma, y, al margen de la labor de las organizaciones sectoriales, las concesionarias ya han iniciado la contratación de distintas consultoras de primer nivel, entre las que se incluyen firmas del denominado Big Four (Deloitte, EY, KPMG_y PwC) y varios de los principales despachos de abogados para que articulen los procedimientos legales.
Las empresas están afinando los cálculos sobre el impacto que el estado de alarma, con las medidas asociadas, ha tenido en la demanda de las infraestructuras que explotan. Para ello, están cruzando los datos con los de 2019 y 2018. En las semanas más duras del confinamiento, la pérdida de ingresos se situó en niveles de entre el 80% y el 100%. En términos generales, el efecto de la bajada acumulada entre el marzo y junio se estima en cerca de un tercio de las ventas anuales. No hay cifras oficiales globales al respecto, pero sirva como ejemplo Abertis, la mayor operadora de autopistas de España, que registra un descenso del tráfico de casi el 40% en el actual ejercicio.
Sobre esa pérdida de ingresos determinarán la reclamación. En un contexto de restricciones presupuestarias, la pretensión más extendida es que el Gobierno admita un reequilibrio económico de las concesiones ampliando el plazo de los contratos. Pero la postura del Ejecutivo ya la ha dejado bien clara el ministro Ábalos al negar que vaya a haber ningún tipo de compensación. La extensión de las concesiones se enfrenta con la decisión política de no renovar ni relicitar los contratos de las autopistas que vencen.
Las concesionarias analizan si podrían también reclamar por la caída del tráfico posterior
Es más, tras incluir la posibilidad del reequilibrio de las concesiones en un primer Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo, con la ampliación de la duración inicial del contrato hasta un máximo de un 15% o mediante la modificación de las cláusulas de contenido económico incluidas en el mismo, dos semanas después lo modificó introduciendo restricciones temporales para que sólo pudieran hacerlo aquellas posteriores a 2011 –es decir, casi ninguna–, y en mayo rectificó este último cambio.
En su oposición al reequilibrio, el Ejecutivo se apoya en la Abogacía del Estado, que emitió un informe, tal y como adelantó elEconomista, en el que señala que el derecho al reequilibrio sólo nacerá "cuando el órgano de contratación a instancia del contratista hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato". Una circunstancia que, en su opinión, "no existe si la autopista o la autovía mantienen las condiciones que les permiten seguir abiertas al tráfico de vehículos y este sigue estando legalmente permitido". Una aseveración rebatida por las empresas.
Precedente
Al margen del impacto durante el estado de alarma, las concesionarias analizan si podrían también reclamar por la caída del tráfico posterior. No obstante, en este caso el éxito genera más dudas. No en vano, el Tribunal Supremo ya desestimó años atrás las demandas que interpusieron por los efectos de la crisis financiera.
Aunque en las últimas semanas la recuperación del tráfico en España se ha acelerado, los niveles aún están alejados de los que se registraban hace un año. Se espera que la prevalencia del turismo nacional y por carretera este verano impulse los datos. No obstante, un informe de S&P advierte de que se tardarán entre uno y dos años en recobrar el tráfico pre-Covid-19 en la mayoría de los países.
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