La España rural se está quedando poco a poco sin sucursales bancarias, tras el proceso de ajuste continuado llevado a cabo por el sector desde el inicio de la pasada crisis financiera. Además, los recortes no han finalizado y se espera otro tijeretazo relevante en los próximos años por la necesidad de aumentar los ahorros operativos y por el auge de la digitalización tras la pandemia. Ya cuatro provincias, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Mellilla, cuenta con solo un centenar de oficinas.
Soria y Palencia ni siquiera alcanzan este umbral después de que en doce años, la red física de las entidades se haya reducido en un 40 y un 56% y una parte de sus pueblos hayan visto desaparecer de sus calles las oficinas o la oficina con la que contaban. Segovia y Ávila, aún, tienen más de 100, pero están a punto de bajar de este umbral próximamente, al disponer en todo su territorio, 115 y 112 sucursales.
Pero, esta problemática no ha sido homogénea en toda la España vaciada. Cuenca y Teruel existen para la banca, de momento. Aunque estas dos provincias junto a Soria, lideran el movimiento contra la despoblación rural y la falta de servicios, para las entidades financieras son hasta la fecha una pieza fundamental para operar de manera física. En concreto, Cuenca y Teruel son los territorios donde se ha producido un menor cierre de sucursales desde entonces. Y con gran diferencia. Mientras en el conjunto del territorio han desaparecido de media un 51% de las agencias bancarias, en dichas provincias las clausuras han sido del 25 y 26%, respectivamente, es decir un porcentaje que es la mitad.
Detrás de estos descensos tan inferiores se encuentran diferentes factores, entre ellos, la presencia relevante de alguna caja rural, la menor intensidad en la apertura durante el boom de la burbuja inmobiliaria y un menor solapamiento de de red del continuo proceso de fusiones del sistema financiero, que aún no ha terminado.
Cuenca y Teruel, por tanto, han escapado de la fuerte incidencia del cierre de sucursales y el riesgo de exclusión financiera. También se han librado, en parte, del ajuste significativo Badajoz y Ciudad, con menos de un 30% de descenso.
Si bien, no ha sido en estas zonas rurales o interiores donde se han registrado los mayores cierres. Barcelona, Tarragona, Gerona y Castellón encabezan las clausuras con más de un 60%, muy por encima de la media nacional, debido sobre todo a que las entidades con una presencia más destacada se han integrado y provocado solapamientos más elevados. Hay que destacar, además, de las diez antiguas cajas catalanas solo queda una en la actualidad, CaixaBank, que acaba de absorber Bankia.
De hecho, los datos de ahora se quedarán cortos ante la esperada oleada de cierres anunciados y previstos para los próximos meses. Se espera que la banca reduzca su red física en más de 4.000 oficinas a lo largo de 2021. Una cifra que llevará al número total a 18.000 sucursales. Las entidades se están viendo obligadas a recortar costes operativos para mejorar su rentabilidad y a eliminar red ante el despegue de la digitalización.
Uno de los problemas que deja este imparable es la falta de servicios financieros a un parte de la población. Aunque el Banco de España sostiene que sólo el 3% de los ciudadanos no tiene acceso en sus municipios a los mismos, ya que estos se suplen bien con ofibuses que tienen los bancos para llegar a la España más despoblada o con los canales a distancia.
80% de municipios sin oficina
Las cifras ponen de manifiesto que hay infinidad de localidades donde ya no hay ni una sola oficina y es creciente. Según un informe del sindicato Fine, de finales de 2019, más del 80% de los pueblos de seis provincias no contaban con una agencia financiera en sus calles. Éstas eran Ávila, Palencia, Salamanca, Guadalajara, Segovia y Soria. Y en Burgos, Valladolid y Zamora el porcentaje se acercaba peligrosamente a ese nivel.
En Cuenca y en Teruel el problema era entonces menos profundo, debido a la menor intensidad de los cierres, pero más del 60% de los municipios de ambas tampoco disponía de una sucursal.
En algunos comarcas, donde los ciudadanos son de una elevada edad, se están adoptando decisiones para evitar el riesgo de exclusión. Las localidades palentinas de Fechilla y Guaza de Campos van a poner en marcha una línea de autobús pública, que lleve un día a la semana a sus habitantes a Paredes de Nava para que puedan ir a una sucursal.
