Las devoluciones a los accionistas que perdieron toda su inversión tras la intervención del Popular en junio de 2017 quedan en el aire. La Audiencia Provincial de La Coruña ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para conocer si los exinversores del Popular tienen o no derecho a recuperar su dinero, puesto que la Directiva Europea de resolución bancaria marca que en caso de intervención de una entidad serán los inversores y bonistas los que asuman las pérdidas a través del proceso de bail-in sin que subsista responsabilidad alguna por parte del banco o de su sucesor, en este caso el Banco Santander, que compró la entidad por un euro.
Los accionistas del Popular perdieron más de 2.000 millones de euros (concretamente 2.098 millones) mediante la amortización de la totalidad de las acciones en circulación, tras ordenar la Junta Única de Resolución europea (JUR) resolver el grupo financiero por problemas de liquidez. Pocos meses después de la intervención del banco, el Santander puso en marcha un plan de compensación y fidelización para los accionistas minoritarios y bonistas, al que finalmente destinó 535 millones para aquellos que quisieron acogerse para recuperar parte de su dinero a cambio de no iniciar acciones legales contra la entidad cántabra.
Por tanto, en torno al 75% del dinero que perdieron los inversores está a falta de recuperar, aunque ya ha habido varias sentencias de juzgados inferiores que han dado la razón a los clientes y por tanto han fallado a favor de que el banco compense las pérdidas, al determinar que los folletos en los que se basaron las ampliaciones de capital del Popular de 2012 y 2016 no mostraban la realidad de la entidad.
La Audiencia Provincial de La Coruña dirimía el caso de un matrimonio que compró acciones en la ampliación de mayo 2016 por 6.890 euros y que, tan solo meses después, cuando el Popular ajustó sus cuentas en el último trimestre del año, perdieron 3.485 euros. A pesar de que el juzgado inferior dio la razón a este matrimonio, el Santander apeló la sentencia alegando que la resolución del Popular se ejecutó al amparo de los instrumentos normativos correspondientes, que tienen como objeto principal evitar que cualquier situación de dificultad de una entidad financiera tenga impacto en los recursos de los contribuyentes, imponiendo que sean los accionistas y los acreedores de las entidades los que soporten las pérdidas.
Ante este argumento, ahora la Audiencia Provincial de La Coruña pregunta al TJUE qué pesa más, si la directiva europea sobre resolución bancaria que hace a los accionistas responsables del rescate interno de una entidad en caso de resolución o las normas europeas y los fallos del propio tribunal de la UE de diciembre de 2013 en los que hace responsables a las compañías sobre la información veraz de sus folletos informativos y en caso contrario demanda la nulidad de los contratos y resarcir las pérdidas a los afectados.
La decisión del TJUE, que puede tardar años en llegar, será clave para determinar si los afectados del Popular tendrán o no derecho a ser indemnizados y, por tanto, si el Santander tendrá que asumir devoluciones que pueden ascender hasta los 1.500 millones de euros. "La sentencia que dicte el TJUE en este asunto previsiblemente condicionará la resolución de los procedimientos judiciales que en ese momento se encuentren en tramitación", señala el grupo cántabro en su Informe Anual de 2020.
Los otros grandes procesos
Al margen de este proceso, existen dos grandes causas judiciales por la resolución del Popular. Una de ellas se dirime en el Tribunal General de la Unión Eurpea (TGUE) contra la decisión de la JUR de resolver la entidad. Solo este tribunal tiene potestad para pronunciarse sobre las actuaciones que lleva a cabo una institución de la zona euro.
Los exaccionistas y exbonistas de la entidad denuncian además que la presidente de la JUR, Elke König, fue una de las causantes de la fuga de depósitos del Popular que se vivió en la primavera de 2017 y que llevó a una crisis de liquidez. Según las actuaciones judiciales, consideran que las palabras que se filtraron de König a la prensa en abril de ese año sobre que estaban vigilando al Popular acuciaron la salida de depósitos. Desde la JUR defienden que König no fue la autora de esas declaraciones que llegaron a la prensa.
Por otro lado, la Audiencia Nacional dirime la causa penal sobre el fin del Popular, que busca responsabilidades entre los entonces gestores de la entidad. El tribunal mantiene imputados en la causa, entre otros, a los equipos del presidente Ángel Ron y de su sucesor, Emilio Saracho, ambos incluidos.
