Las constructoras han multiplicado sus reclamaciones a Adif en plena pandemia por discrepancias en las obras del AVE. Una situación que ha llevado al gestor ferroviario a aumentar las provisiones por estas disputas más de un 20% entre enero y septiembre de 2020. De este modo, la compañía pública asume riesgos asociados a estos litigios, que se dirimen en vía contencioso-administrativa, por más de 803 millones de euros, frente a los 664 millones que registraba al cierre de 2019.
El alza de las provisiones por disputas en las obras de la alta velocidad ferroviaria es aún mayor si se hace la comparativa entre septiembre de 2019 (605 millones de euros) y el mismo mes de 2020 (los 803 millones referidos). Así, estos casi 200 millones de incremento representan un 32,6% más.
Consultada por este diario, Adif explica que "contablemente esa provisión recoge pasivos no financieros surgidos por obligaciones de cuantía indeterminada derivados principalmente de litigios en curso" y precisa que "el incremento se debe básicamente a litigios judiciales nuevos presentados por contratistas".
Adif Alta Velocidad sitúa en máximos las provisiones por riesgo en proyectos, hasta 824 millones
Las entidades públicas están obligadas a provisionar los litigios cuando sus servicios jurídicos estiman que la posibilidad de recibir un fallo adverso es superior al 50%. Adif asume, por tanto, que existe una probabilidad de que las resoluciones judiciales la obliguen a hacer frente al pago de 803 millones por las demandas de las empresas.
Esta cifra, en cualquier caso, recoge únicamente aquellos procesos que ya se hallan en fase judicial y con riesgo para Adif y no todas las reclamaciones presentadas por los contratistas. La compañía que preside Isabel Pardo de Vera no publica el volumen de los procedimientos que aún se encuentran en la vía administrativa. No obstante, como muestra, en 2018 tenía 320 millones en esta situación, frente a unos 540 millones judicializados, tal y como publicó Cinco Días.
En el caso de Adif fue a partir de 2015 cuando se desató una oleada de demandas por parte de los contratistas
Las reclamaciones por parte de las constructoras son un recurso habitual en las obras públicas. Las causas más extendidas son los sobrecostes y la falta de reconocimiento de modificados, solicitudes de revisión de precios o las diferencias en las mediciones de las certificaciones. En el caso de Adif, no obstante, fue a partir de 2015 cuando se desató una oleada de demandas por parte de los contratistas, en un contexto en el que las bajas en las adjudicaciones se dispararon y la paralización de obras se contaba por decenas. El volumen creció paulatinamente desde aquel año, cuando el gestor ferroviario tenía provisionados más de 100 millones hasta alcanzar los 263 millones en 2016, los 504 millones en 2017 -ejercicio en el que se reactivaron la mayoría de los contratos parados-, y los 657 millones en 2018. En el primer semestre de 2019, la cifra se redujo a 600 millones, pero la tendencia alcista retornó hasta cerrar el ejercicio con 664 millones y se ha acelerado en 2020, en el que la pandemia afectó a los trabajos de multitud de proyectos, especialmente en los meses de marzo y abril.
Aunque en los últimos años los tribunales han dictaminado sentencias sobre múltiples disputas, favorables según el caso a uno u otro bando, la lentitud de los procedimientos judiciales y los recursos a nuevas instancias impide que esas cifras se recorten de manera significativa.
Bajan otras reclamaciones
Al margen de los litigios instados por contratistas, Adif Alta Velocidad también afronta riesgos por demandas en inversiones en terrenos instados por expropiados, aunque en cantidades mucho más limitadas. Al cierre de septiembre pasado, el importe de las provisiones ascendía a 16,7 millones de euros. Sumados todos los riesgos, la firma dependiente del Ministerio de Transportes alcanzó su máximo en el tercer trimestre de 2020, con 824 millones, un 20,4% más que en 2019 (684 millones).
Adicionalmente, la compañía enfrenta otras reclamaciones sin provisionar por responsabilidad patrimonial y expropiaciones por 90,6 millones, importe que, al contrario, se ha reducido drásticamente desde los 257 millones de 2016.
