Empresas y finanzas

Las constructoras reclaman a Adif más de 450 millones por las obras del AVE

  • Llevan a los tribunales a la entidad por impagos en proyectos
  • El gestor ferroviario multiplica por 20 las provisiones por litigios
La ministra de Fomento en funciones Ana Pastor asistió en enero de 2015 al comienzo de las obras del nudo de Bergara, en la 'Y vasca'. Foto: Efe.

El conflicto que enfrenta a las constructoras y Adif por los retrasos y parálisis de decenas de obras en los corredores de alta velocidad al País Vasco, Galicia, Extremadura y Cataluña se ha elevado en muchos casos hasta los tribunales españoles. No en vano, el gestor ferroviario afronta reclamaciones judiciales por más de 450 millones de euros.

Las demandantes, además, están obteniendo sentencias favorables, según fuentes del sector, lo que ha provocado que el organismo que preside Gonzalo Ferre tuviera provisionados al cierre del último ejercicio 198,5 millones de euros para hacer frente a los litigios instados por determinadas constructoras y por expropiaciones de terrenos. Este importe supone multiplicar por 20 veces las dotaciones que sumaba por este concepto un año antes (9,8 millones).

"Hay decenas de obras de alta velocidad que se han realizado, que Adif aceptó, pero que nunca convalidó y no ha pagado". Así lo advierten desde una de las grandes constructoras españolas, que prefiere guardar el anonimato. Una denuncia extensible al resto del sector. En esta situación, los atrasos se acumulan en multitud de proyectos y, en algunos casos, incluso están paralizados.

Esto deviene de la adjudicación de contratos con bajas, en muchos casos, por encima del 50 por ciento, que desembocan en modificados que el gestor ferroviario ya no admite con tanta facilidad como antes, en un contexto en el que los objetivos de déficit público son la prioridad del Gobierno. Entre las empresas implicadas figuran ACS, Ferrovial, Sacyr, OHL, FCC, Acciona, Copasa, Copisa o Comsa Corporación.

Riesgo no probable

Con estos elementos, las constructoras han abierto una guerra judicial contra Adif Alta Velocidad. En total, el gestor ferroviario enfrenta litigios por 455 millones (al cierre de 2015). En la primera parte del año, esta cifra se habría incrementado, de acuerdo con las fuentes consultadas. No obstante, en el sector aseguran, igualmente, que la entidad pública ha acelerado los pagos en los últimos meses.

Del total, el grupo ha provisionado para riesgos y gastos a largo plazo los citados 198,5 millones, lo que equivale al 43,6% del total. Esto implica que la compañía considera probable que perderá en los juzgados reclamaciones por este importe y, por tanto, tendrá que asumir, a futuro, estos costes. "Con ello consiguen aplazar los pagos y así no contribuyen a aumentar el déficit público", avisan desde una constructora.

Por el contrario, la entidad dependiente del Ministerio de Fomento no ha provisionado ningún importe por litigios por responsabilidad patrimonial y expropiaciones, que espera que se resuelvan en un plazo más corto, por 257,3 millones de euros. En este caso, Adif confía en que estas demandas no se conviertan en una obligación de pago.  "Se ha estimado que existe un riesgo posible, pero no probable", señalan desde la empresa.

El enfrentamiento entre Adif y las constructoras ha provocado que la ejecución de líneas de alta velocidad quedara en 2015 muy alejada de los objetivos que se había marcado el Gobierno. No en vano, el AVE absorbió inversiones por 1.781 millones, menos de la mitad que los 3.626 millones presupuestados.

En este marco, la ministra de Fomento en funciones Ana Pastor ha impuesto la destitución del hasta hace unos días director general de Explotación y Construcción del gestor ferroviario, Javier Gallego. Le ha sustituido Isabel Pardo, que asume el mando de una compañía que gestiona más de 3.100 kilómetros de alta velocidad y que tiene 1.279 kilómetros de AVE en construcción y otros 1.496 kilómetros en proyecto en los corredores como la conexión a Galicia, el túnel que enlazará Asturias a la red de alta velocidad (Pajares), la Y vasca, el AVE a Extremadura o las obras de la estación de La Sagrera, en Barcelona.

La nueva responsable de Construcción, que depende directamente del presidente Gonzalo Ferre, tendrá que enfrentar las negociaciones con los contratistas para tratar de llegar a acuerdos y conseguir retomar las obras en aquellos tramos en que están paradas. La interinidad del Gobierno es una complicación adicional.

El pliego de contratación de Adif contempla que la oferta económica pueda llegar a pesar hasta el 80% en el resultado final, frente al 20% de la técnica. Esto propicia que, en definitiva, las propuestas más baratas obtengan la adjudicación. La normativa permite que pueda haber modificados de hasta el 10% del presupuesto de adjudicación. "El problema es que en ocasiones se está encontrando que lo que pide Adif es más que lo se establecía en el contrato o que ocurren errores técnicos", señalan fuentes sectoriales.

Sólo suspende 27 contratos

La alternativa que les queda, en dicho caso, es negociar con Adif. Cuando las posiciones son muy enfrentadas, como ha ocurrido en algunos tramos del AVE a Galicia, Extremadura o el País Vasco, las obras se paralizan, lo que puede llevar a la rescisión del contrato por parte del gestor o por mutuo acuerdo. La última opción es reclamar judicialmente, mecanismo al que ya han recurrido algunas empresas.

El organismo defiende que en la anterior legislatura (2012-2016) Adif y Adif Alta Velocidad tan sólo "suspendieron formalmente 27 contratos por diversas causas, entre las que se encuentran motivos sobrevenidos o nuevas circunstancias no conocidas en el momento de licitación" sobre un total de 21.386 expendientes de contratación (ya se han finalizado y liquidado 16.41), lo que supone el 0,1 por ciento. "Se trata de una cifra ínfima si tenemos en cuenta el volumen de contratación de ambas entidades", explican.

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