El Gobierno espera que el déficit de la tarifa eléctrica se eleve hasta el entorno de los 1.500 millones de euros este 2020, prácticamente el triple de los 527,7 millones registrados en 2019. El descuadre le obliga a adoptar medidas adicionales a la retirada progresiva del sistema de los 7.000 millones en ayudas a las renovables para evitar una fuerte subida del recibo de la luz.
El Anteproyecto de ley por el que se crea el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE), que reparte los costes de las renovables eléctricas históricas con los productos petrolíferos y el gas ya ha salido a información pública, y señala que este 2020 espera un déficit de tarifa muy superior a la hucha eléctrica -el remanente de los superávit acumulados desde 2014- que ya ha usado para tapar el citado agujero de 2019.
Según los cálculos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a cierre de 2018 quedaban 1.037 millones de superávit y, a falta de conocer si se ha empleado para otros fines -en el pasado ha indemnizado con ellos a las empresas eléctricas-, ya ha tenido que dejarlo en la mitad, en 510 millones.
El FNSSE debería permitir el equilibrio del sistema eléctrico a medio plazo, puesto que retirará unos 7.000 millones de las antiguas primas a las renovables, obligando a los comercializadores de todo tipo de energía a asumirlas o a repercutirlas sobre los consumidores.
Pero esa retirada se aplicará progresivamente, durante un quinquenio, a razón de un 20% por año, de modo que el primer ejercicio completo sólo afectará a 1.400 millones, y ese no será 2021. La norma, aunque se tramita de urgencia, se empezara a aplicar a mitad del ejercicio y sólo afectará en muy pequeña medida al déficit de este 2020, que no se conocerá definitivamente hasta finales del año que viene, momento en que se podrá actuar sobre él.
En consecuencia, suponiendo que todavía quedan 510 millones en la hucha y que en 2021 se pueden retirar 700 millones de las antiguas primas, aún quedarían otros 300 millones de déficit por solventar, lo que exigiría adoptar medias adicionales.
Subidas del 15% al 7% según el tipo de consumo
Según la memoria de impacto del Anteproyecto, esos 1.500 millones de déficit de 2020 provocarían una subida del 15% de la parte regulada de la factura sobre las Pymes, del 10% para la industria y los consumidores domésticos y del 7% para la gran industria electrointensiva.
El martes, el Gobierno anunció que, entre otros motivos, creaba el FNSSE para evitar una subida del 6,5% en la factura doméstica en un solo ejercicio, pero sin concretar cuál.
El fuerte crecimiento del déficit responde a la coyuntura de la pandemia, que ha reducido tanto la demanda eléctrica -un 6,3% durante los primeros 10 meses del año-, como los precios del mercado eléctrico, que serán los más bajos desde 2004, ejercicio en el que se situó en 28 euros por MWh; hoy están un 19% por debajo de la media de los últimos cinco años.
Reparto de costes por sectores
Por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica era reacio ayer a facilitar una estimación del reparto de los 7.000 millones entre la electricidad, los productos petrolíferos y el gas, argumentando que dependerá de la política de ventas de cada comercializadora de energía.
Efectivamente, las empresas pueden optar o no por repercutir el coste a sus clientes y decidir si quieren asumirlos en función de su estrategia de mercado, aunque algunas estimaciones avanzaron que el litro de carburante podría encarecerse en siete céntimos de euro. Sin embargo, en la memoria de la futura norma, ya en información pública, sí aparece una estimación del coste que se repercutirá sobre cada una de las energías.
Como el traslado del coste de los 7.000 millones se hará progresivamente, en el primer año completo en que se aplique los comercializadores tendrán que aportar un total de 954 millones: la electricidad tendrá que soportar 300 millones (el 31,5%), el gas 236 millones (el 24,8%) y los productos petrolíferos 417 millones (el 43,7%).
Y en el quinto año del período, asumiendo que los porcentajes de reparto no varíen, la electricidad asumirá 1.500 millones, el gas 1.181 millones y los productos petrolíferos 2.085 millones, unos 4.765 millones del total.
El resto de los fondos necesarios para cubrir el coste total de las primas debe llegar del 90% de los ingresos de las subastas de CO2, los impuestos energéticos establecidos por la Ley 15/2012, fondos comunitarios -hasta un 10% del los ingresos anuales- y aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.
