Los promotores de proyectos de energías renovables han renunciado a los derechos de acceso y conexión a la red de 39,3 GW de potencia. Se han acogido a la amnistía aprobada por el Gobierno en junio, con lo que recuperan 1.572 millones de euros por los avales que habían presentado para respaldar sus peticiones.
La página web de Red Eléctrica de España (REE) señala que hay 121,7 GW de potencia eólica y fotovoltaica con los derechos de acceso y conexión a la red concedidos, más otros 47,6 GW en tramitación. Ese volumen de potencia duplica con creces las necesidades del país durante la próxima década, y además de revelar una tremenda burbuja, está respaldada por de 6.772 millones en avales, cuantificados en 40.000 euros por MW.
Para pincharla, el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) promulgó el junio el Real Decreto-ley 23/2020, que revisa el procedimiento de tramitación de las futuras centrales -deben culminarse en un plazo de cinco años, cumpliendo hitos concretos- y otorgaba la posibilidad de que los proyectos que no puedan cumplir esas condiciones renunciaran a los derechos de acceso y recuperaran los avales antes del pasado 25 de septiembre, en una suerte de amnistía.
Pues bien, el Miteco informa a elEconomista de que la potencia que a esa fecha había renunciado a sus derechos de acceso, tanto concedidos como en tramitación, asciende a 39,3 GW, lo que se traduce en la devolución de 1.572 millones en avales.
Aún hay más de 82 GW de potencia solicitados
La cantidad de potencia a la que han renunciado los promotores está en línea con las expectativas del sector, que apostaba por un 25% del total, y se ha quedado en un 33% de la potencia con derechos otorgados. Aún así, todavía se mantienen unos 82 GW de potencia con estos derechos, más que de sobra para cubrir el objetivo de instalar unos 60 GW hasta 2030.
La página web de REE aún no recoge el descenso resultante de las renuncias de los promotores, pero desde septiembre ha registrado 25 GW menos. Fuentes del Miteco han explicado que esos descensos no han tenido relación con las renuncias. REE nunca ha querido hacer ninguna declaración al respecto, remitiendo a este diario a la Carera dirigida por Teresa Ribera.
A finales de diciembre vence el plazo límite para que los proyectos que pidieron los derechos después de 2017 -la gran mayoría- presenten la autorización administrativa, y hay una carrera desatada para cerrar los contratos de compra o alquiler de los terrenos y obtener este permiso, so pena de perder los avales.
