España aplica la fiscalidad más severa de Europa a sus operadores de telecomunicaciones con 17 figuras impositivas diferentes, entre las generales y las propias del sector, tanto de ámbito estatal, autonómico como local. De esa forma, el listado de compromisos con las distintas administraciones está formado por el Impuesto sobre Sociedades; el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Tasa General de Operadores; la tasa de telecomunicaciones; la tasa por numeración, dirección y denominación; la Tasa por reserva del dominio radioeléctrico; las tasas propias de licitaciones de espectro mediante concursos y subastas; las aportaciones para financiación televisión pública; el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales Onerosas; el Impuesto sobre determinadas actividades que inciden en el medio ambiente; la tasa por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público; la tributación local especial (régimen voluntario - Telefónica); el Impuesto sobre Actividades Económicas; Impuesto sobre Bienes Inmuebles; el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; la tasa por apertura de zanjas, calicatas y calas; el Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
Mientras que el impacto del sector en el PIB español es del 3,17%, la contribución fiscal duplica con creces esa magnitud, hasta el 6,7%. Este ultimo porcentaje triplica el de Italia (1,93%) y duplica al de Alemania (2,96%) y se sitúa muy por encima de otros países vecinos como Francia (4,15%), y el Reino Unido (2,76%).
Las anteriores conclusiones se desprenden del informe titulado Análisis comparado del impacto económico de los principales tributos y cargas del sector de las telecomunicaciones, realizado por E&Y, por encargo de la asociación DigitalES.
Entre las tasas más dolorosas en comparación con otros países se encuentra la financiación del ente público RTVE, que "ha supuesto para las empresas de telecomunicaciones hacer frente a un desembolso de 842 millones de euros entre 2012 y 2018 teniendo en cuenta únicamente el importe de la aportación. Pero debe tenerse en cuenta que la tasa por uso del dominio radioeléctrico, de la que se ha hablado anteriormente, una parte importante va destinada a la financiación de RTVE, debido a la asignación que el Estado realiza en los Presupuestos Generales del Estado, con carácter finalista". El informe denuncia sobre la carga de RTVE que las "empresas del sector se ven obligadas a financiar (doblemente) la actividad del ente público audiovisual, actividad de la que no reciben beneficio alguno y que es una carga que no se ha implantado en la mayoría de los países de nuestro entorno".
Asimismo, los responsables del informe apuntan que, a la elevada carga fiscal se añaden otras trabas por la " multiplicidad de figuras que además vienen acompañadas en muchas ocasiones de la realización de trámites administrativos sometidos a plazos, en ocasiones escasos, que obstaculizan el desarrollo de la actividad y el despliegue de redes. Por si fuera poco lo anterior, también atenaza al sector "la ausencia de homogeneidad, lo que deriva en una considerable conflictividad con la inseguridad que ello comporta para los operadores ".
Ante este panorama, DigitalEs "advierte como necesaria una revisión profunda del marco fiscal del sector de las Telecomunicaciones que permita a los operadores una tributación adecuada y justa, que además de promover el desarrollo del mercado y el despliegue de redes, esté alineado con el entorno europeo". Todo lo anterior, añaden, permitirá "reducir la brecha competitiva y el nivel de litigiosidad que padece el sector desde que se produjo la liberalización del sector.