Empresas y finanzas

La CNMC quiere más riesgo en las futuras subastas de renovables

  • Plantea una provisión de fondos anual para prevenir más costes a los consumidores
  • Pide despejar la especulación en la conexión a red antes de lanzar las pujas
  • Reclama que los ganadores puedan firmar contratos bilaterales a largo plazo
Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Foto: Archivo.

La Comisión Nacional de los Marcados y la Competencia (CNMC) considera adecuado el nuevo mecanismo de subastas para renovables elaborado por el Gobierno, pero recomienda introducir en él más riesgo -que una parte de la producción de los ganadores cobre el precio normal del mercado- y varios ajustes técnicos, como una provisión de fondos con carácter anual para no encarecer el recibo de los consumidores.

A finales de junio, el Gobierno sacó a información pública una propuesta de decreto para regular las futuras subastas de renovables con grandes cambios frente al sistema de las pujas celebradas hasta ahora, que también podría utilizarse. A grandes rasgos, plantea celebrar concursos muy flexibles, puesto que en cada convocatoria se decidirá qué se subasta, si energía, potencia o una combinación de ambas, junto con otros elementos, como el cupo a adjudicar o el plazo de entrega de la energía.

Además, para incluir el riesgo del mercado eléctrico en la retribución de las renovables y abaratar el precio final de casación de dicho mercado -también conocido como pool-, las subastas podrán establecer que una proporción de la producción, hasta del 50% y a definir en cada puja, no perciban el precio de adjudicación del concurso, sino el precio del pool, sujeto a incentivos y penalizadores, de modo que las instalaciones cobren más en aquellos momentos en que más interese al conjunto del sistema y menos en el caso contrario.

La CNMC avala el mecanismo, pero pide que se aumente la exposición al mercado: si la Cartera dirigida por Teresa Ribera plantea que pueda haber subastas en las que no se obligue a someter a una parte de la producción renovable al mercado, la entidad dirigida por Cani Fernández, en su preceptivo informe sobre la propuesta, plantea que sólo las tecnologías menos maduras puedan estar exentas y aboga porque al menos el 20% de toda la producción esté sometida al riesgo del mercado.

Otra de las novedades del proyecto normativo es que la retribución de los ganadores se liquide por un mecanismo de diferencias con relación al precio de casación del pool, es decir, que si el precio de adjudicación de la subasta es superior al precio de casación, éste se encarece, mientras que se abarata si sucede lo contrario. Hasta ahora, los ingresos de las instalaciones renovables están desligados del mercado y se consideran un coste fijo del sistema.

Evitar sobrecostes

Este sistema de liquidación introduce más incertidumbre sobre el negocio de la comercialización y encarece el recibo de los consumidores, porque los comercializadores, al adquirir la energía en el mercado, tendrán más coste cuando el precio de adjudicación sea superior al precio de casación, y, aunque obtendrán un ahorro con la situación inversa, trasladarán este mayor riesgo a sus clientes. Las empresas afectadas han advertido reiteradamente de este problema.

Para evitarlo, la CNMC propone la creación de una previsión anual del recargo/ingreso derivado de las subastas que ofrezca una señal de precio fija a los comercializadores; esta provisión de fondos se cargaría inicialmente sobre los consumidores y se regularizaría una vez vencido el ejercicio, como ya sucede con los costes fijos del sistema en la actualidad.

Por otro lado, la incertidumbre sobre el precio provocada por el mecanismo de liquidación también se traslada a los mercados a plazo y a las coberturas de los agentes. Al objeto de solventarlo, el Regulador defiende hacer las liquidaciones del precio de adjudicación contra el precio del mercado a plazo. Con ello se eliminan las distorsiones en el mercado al contado y aumentaría la liquidez de los mercados a plazo, ya que los propios generadores de renovables acudirían a ellos para cubrirse del riesgo.

Además, esta liquidación, en vez de ser constante -lo que también introduce la incertidumbre en los mercados intradiarios y en los ajustes técnicos- se haría mensualmente de forma provisional y se regularizaría posteriormente.

Atajar la especulación

Aunque el Gobierno aspira a celebrar la primera de las subastas antes de acabe el año, el Regulador le recomienda que espere a 2021, puesto que a finales de año concluyen los plazos otorgados a las empresas para que renuncien a sus derechos de acceso y conexión si no pueden cumplir con las garantías económicas exigidas, lo que debería acabar con la especulación y aportar nueva información sobre el estado real de saturación de las redes.

Entre otras recomendaciones, la CNMC quiere incluir en el decreto requisitos de precalificación comunes a todas la pujas para aumentar la solvencia de los participantes, con independencia de los que se establezcan en cada puja. También considera que deben excluirse a las instalaciones con almacenamiento del mecanismo de la opción de ajuste del mercado, abogando por dejar que sean las propias señales del pool las que indiquen la rentabilidad de estas aplicaciones. 

Sí a los contratos a largo plazo

El Regulador de los mercados rechaza que, como plantea la propuesta, las instalaciones adjudicatarias de la retribución regulada derivada de los concursos no puedan firmar contratos de compraventa de energía a largo plazo (PPA en inglés), al considerar que no está justificada, puesto que no afecta al precio del mercado ni a la liquidación de las subastas.

Es más, considera que esta prohibición es incoherente con el fomento de la contratación bilateral de las industrias electrointensivas con generadores verdes y cree que frena otras alternativas de contratación, penalizando a los generadores más pequeños, que no pueden cubrir su riesgo con ofertas complejas que combinan un parque de generación amplio y variado.

La CNMC también reclama introducir flexibilidad en la penalización prevista por no servir la energía comprometida en la subasta, por la existencia de casos excepcionales y la variabilidad de algunos de los recursos renovables.

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