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El Gobierno quiere dar a la Policia Nacional y a la Guardia Civil más respaldo jurídico ante la ocupación

  • La Fiscalía apuesta por dictar instrucciones que unifiquen la actuación en todo el país
Foto: Archivo.

La ocupación ilegal de viviendas se está convirtiendo en un problema que no cesa de crecer y que se estima que se agrave todavía más con la crisis. Los principales partidos de la oposición -PP, Vox y Ciudadanos- ya han denunciado que la actual ley no protege lo suficiente a los propietarios, y por eso en las últimas semanas han presentado distintas Proposiciones de Ley que apuestan por un endurecimiento de las penas a los okupas.

Aunque desde el Gobierno han defendido que la legislación actual es suficiente, tal y como lo expresó la pasada semana la ministra de Defensa, Margarita Robles, parece que han sucumbido a la presión de la oposición y de las cifras, que reflejan un incremento del 5% de estos actos delictivos en el primer semestre del año. Así, según ha publicado el diario ABC, el Ministerio del Interior estaría trabajando ya en un protocolo operativo para que Policía Nacional y Guardia Civil cuenten con directrices comunes y respaldo jurídico ante una ocupación. Según el mismo medio, todavía no hay fecha para conocer este nuevo protocolo, pero el objetivo es tener las líneas maestras en las próximas semanas.

Medidas cautelares

Además, el citado diario apunta que desde la Fiscalía General del Estado se estaría estudiando también dictar instrucciones en los casos de ocupación ilegal que unifiquen la actuación en todo el territorio.

La línea sobre la que se enfocarían estas instrucciones irían encaminadas a un reciente decreto del fiscal jefe de Valencia, José Francisco Orti Valencia, visado por la Secretaría Técnica bajo mando de Dolores Delgado y que destaca porque explora la vía del desalojo cautelar en los casos de usurpación. Normalmente, las medidas cautelares se aplican en delitos más graves, pero el fiscal valenciano, promueve que se solicite en los casos de usurpación una vez constatado de quién es la propiedad.

Sin embargo, hay quien considera que impulsar un desahucio cautelar puede convertirse en una sentencia anticipada y por otro lado no queda muy claro que sucede en situaciones de vulnerabilidad con viviendas de las que no se hará uso inmediato.

Con estas medidas se pretende agilizar un proceso que en la actualidad, y por la vía civil, se extiende hasta más de un año, lo que pondría en evidencia el fracaso del anterior cambio normativo del 2 de julio de 2018, popularmente conocido como desahucio express (desalojo por precario), que nació con la vocación de acelerar los plazos y los trámites de los desalojos.

Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior, durante los seis primeros meses del año se han presentado en España más de 40 denuncias de ocupación ilegal al día. Concretamente, entre enero y junio se registraron 7.450 denuncias relacionadas con este delito en España, lo que supone un incremento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

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forum Comentarios 76

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OKUPA OKUPA, que te protege la ley
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Un país en el que Gobierno y Jueces protegen a las mafias okupas y no defienden los intereses de los propietarios, se está convirtiendo en un lugar con alta inseguridad jurídica, que espanta inversiones que son tan necesarias. Ahora la okupación es un negocio de mafias que se enriquecen ilícitamente al robar propiedades inmobiliarias con el apoyo de los jueces. Y comarcas enteras viven atemorizadas por estas mafias violentas, como La Sagra en Toledo, tomada por los okupas, o Eurovillas donde queman los chalets de los propietarios que denuncian. ¿Esto es un estado de Derecho?. Vamos parece mentira que luego pretendan cobrar el IBI a los propietarios de las viviendas okupadas. Desidia y desinterés de políticos y jueces. Y mucho sufrimiento entre los afectados que ya se cuentan por miles.

Puntuación 6
#75
Cambios en el Código Penal
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El Código Penal, dice:

"CAPÍTULO II. Del allanamiento de morada, domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público.

Artículo 202

1. El particular que, sin habitar en ella, entrare en morada ajena o se mantuviere en la misma contra la voluntad de su morador, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

2. Si el hecho se ejecutare con violencia o intimidación la pena será de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses.

Artículo 203

1. Será castigado con las penas de prisión de seis meses a un año y multa de seis a diez meses el que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público fuera de las horas de apertura.

2. Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público.

3. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años, el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento, mercantil o local abierto al público.

Artículo 204

La autoridad o funcionario público que, fuera de los casos permitidos por la Ley y sin mediar causa legal por delito, cometiere cualquiera de los hechos descritos en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena prevista respectivamente en los mismos, en su mitad superior, e inhabilitación absoluta de seis a doce años.

CAPÍTULO V. De la usurpación.

Artículo 245

1. Al que con violencia o intimidación en las personas ocupare una cosa inmueble o usurpare un derecho real inmobiliario de pertenencia ajena, se le impondrá, además de las penas en que incurriere por las violencias ejercidas, la pena de prisión de uno a dos años, que se fijará teniendo en cuenta la utilidad obtenida y el daño causado".



*Habría que empezar aumentando las penas mínimas y máximas de prisión, añadiendo otras complementarias, con la modificación del Código Penal:

-En el Artículo 202.1 habría que poner "con la pena de prisión de dos a cuatro años, multa de seis a doce meses e imposibilidad de acogerse a cualquier tipo de ayuda económica o de cualquier otro tipo de cualquier Administración durante seis a doce meses y en caso de que estuviese disfrutando de las citadas ayudas serán anuladas de inmediato, siendo además desalojados de inmediato por las FCS aún si está con menores o embarazadas".

-En el Artículo 202.2 habría que poner "con la pena de prisión de tres a cinco años, multa de doce a veinticuatro meses e imposibilidad de acogerse a cualquier tipo de ayuda económica o de cualquier otro tipo de cualquier Administración durante seis a doce meses y en caso de que estuviese disfrutando de las citadas ayudas serán anuladas de inmediato, siendo además desalojados de inmediato por las FCS aún si está con menores o embarazadas".

-En el Artículo 203.1 habría que poner "con la pena de prisión de uno a dos años, multa de seis a diez meses e imposibilidad de acogerse a cualquier tipo de ayuda económica o de cualquier otro tipo de cualquier Administración durante seis a doce meses y en caso de que estuviese disfrutando de las citadas ayudas serán anuladas de inmediato, siendo además desalojados de inmediato por las FCS aún si está con menores o embarazadas".

-En el Artículo 203.2 habría que poner "con la pena de prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses e imposibilidad de acogerse a cualquier tipo de ayuda económica o de cualquier otro tipo de cualquier Administración durante seis a doce meses y en caso de que estuviese disfrutando de las citadas ayudas serán anuladas de inmediato, siendo además desalojados de inmediato por las FCS aún si está con menores o embarazadas".

-En el Artículo 203.3 habría que poner "con la pena de prisión de dos a tres años, multa de doce a veinticuatro meses e imposibilidad de acogerse a cualquier tipo de ayuda económica o de cualquier otro tipo de cualquier Administración durante seis a doce meses y en caso de que estuviese disfrutando de las citadas ayudas serán anuladas de inmediato, siendo además desalojados de inmediato por las FCS aún si está con menores o embarazadas".

-En el Artículo 204 habría que poner "...imposibilidad de acogerse a cualquier tipo de ayuda económica o de cualquier otro tipo de cualquier Administración durante seis a doce meses y en caso de que estuviese disfrutando de las citadas ayudas serán anuladas de inmediato, siendo además desalojados de inmediato por las FCS aún si está con menores o embarazadas".

-En el Artículo 245 habría que poner "con la pena de prisión de tres a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e imposibilidad de acogerse a cualquier tipo de ayuda económica o de cualquier otro tipo de cualquier Administración durante seis a doce meses y en caso de que estuviese disfrutando de las citadas ayudas serán anuladas de inmediato, siendo además desalojados de inmediato por las FCS aún si está con menores o embarazadas".

No es tan dificil modificar estos artículos del Código Penal, endureciendo de forma sensible las penas de carcel, multas, e incorporando la imposibilidad de acceder a ayudas de todo tipo de las Administraciones o a su cancelación si ya las disfrutasen.

Puntuación 8
#76