Barcelona
Las denuncias por ocupación ilegal de viviendas han seguido creciendo en lo que va de 2020 en Cataluña, pese a la situación de confinamiento que se estableció durante buena parte del segundo trimestre. Con 3.611 casos probados de usurpación de pisos entre enero y junio pasados, la comunidad catalana lidera la cifra de demandas en España.
Cataluña es, por delante de Andalucía con 1.183 denuncias y una caída del 4,28%, Madrid con unas 657 y la Comunidad Valenciana con otras 566, la autonomía con una problemática más grave puesto que tiene más del 50% de las 7.450 denuncias contabilizadas en España.
El número de casas ocupadas ilegalmente en toda Cataluña es seis veces superior a las registrada en la Comunidad de Madrid en el mismo período, unas 657. Asimismo, mientras que en esta última autonomía la situación de pandemia parece haber actuado de freno, con una caída semestral del 9,5% respecto al primer semestre de 2019, en el caso de Cataluña se registró un incremento del 13,19%, según datos del Ministerio del Interior.
La acciones de irrupción en viviendas vacías hace tiempo que vienen denunciándose desde el sector promotor e inmobiliario. Han advertido de que en Cataluña lo que se detecta es que las ocupaciones ya no responden a temas de emergencia habitacional sino que en muchos casos se actúa de manera muy profesional en la usurpación de viviendas porque ya no se trata únicamente de entrar en inmuebles vacíos sino que también se invade la obra nueva lista para su entrega a los propietarios. Los constructores y promotores aseguran que en sus presupuestos figura de antemano una partida para seguridad privada puesto que la entrada en los edificios es para irrumpir en más de una propiedad privada, con el cambio de las cerraduras y, en muchas ocasiones, para alquilar los pisos a terceros con arrendamientos de hasta 1.500 euros al mes.
Labor judicial
Recientemente, Fernando Valdivia, magistrado juez de Primera Instancia de Barcelona y doctor en Derecho, solicitó al poder político "una actuación más contundente para facilitar la labor a los magistrados y la policía" y "establecer juzgados especializados en esta materia y los medios necesarios". Valdivia, en una intervención en un fórum organizado por el colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, aseguraba que "la mayoría de los casos de ocupación que me he encontrado en los últimos 30 años no eran por vulnerabilidad o riesgo de exclusión social y, sin embargo, suele ser la única alegación que realizan los abogados, en su mayoría de oficio, para proteger a este tipo de delincuentes".
La responsable de Asesoría Jurídica de la AIC y del COAPI de Barcelona, Montserrat Junyent, alertó de que pese a las últimas modificaciones de 2018, la legislación "tampoco está surgiendo el efecto deseado ni está permitiendo a los Tribunales el acelerar estos procesos".
Esto explica el elevado número de pisos afectados, en una práctica que se ha disparado en los últimos años. Según datos del Ministerio del Interior, entre el 2013 y el 2017 el número de denuncias presentadas por ocupación de inmuebles en España se incrementó casi un 30%, sumando casi 50.000 en el período.
Respecto al último semestre de 2020, el fenómeno también se ha intensificado en la Comunidad Valenciana, con un aumento semestral interanual del 14,11%, hasta un total de 566 denuncias; en Galicia donde la progresión registrada ha sido del 33,89% para llegar a las 79 demandas de enero a junio pasado, y en Murcia, donde los casos han crecido un 19,72%.
En el caso de Cataluña, la mayor parte de denuncias se producen en la ciudad de Barcelona. En el primer semestre de este año, las ocupaciones ilegales en la ciudad alcanzaron los 2.644 casos demandados, más de 200 respecto del mismo periodo de 2019. El último censo de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, de marzo de 2019, había detectado unas 10.052 pisos vacíos, que representaba el 1,22% del parque de viviendas de la ciudad.
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