Liberbank va a adquirir al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) la cartera industrial de la antigua Caja Castilla-La Mancha (CCM). La entidad va a tener que ejercer una opción de compra de estas participadas, entre las que se encuentran el Aeropuerto de Ciudad Real, el complejo de ocio Reino Don Quijote y el Tranvía de Parla, que se agrupan en la sociedad Inversiones Corporativas y muchas de las cuales son de compañías en liquidación o concurso de acreedores.
El grupo asturiano se va a hacer con la totalidad de las acciones de este holding, que ha administrado durante los años tras los acuerdos alcanzados con el FGD derivados de la adjudicación en 2009 del negocio bancario de CCM y de que éste decidiera el pasado 20 de marzo ejercer su derecho de venta.
El valor de los activos se estima en 131,2 millones de euros, pero Inversiones Corporativas se encuentra con un patrimonio negativo. Liberbank se ha comprometido a llevar a cabo una operación de reequilibrio mediante la transformación de un préstamo en financiación participativa, algo que la sociedad ya ha reclamado, por lo que podrá seguir operando y no se verá abocada a la liquidación.
En 2015 el FGD llevó a cabo un deterioro total de su participación en Inversiones Corporativas y desde entonces viene estimando como muy remota cualquier tipo de rentabilidad. En 2016 formalizó con Banco Castilla-La Mancha (Liberbank) una quita sobre parte de la deuda y la conversión de créditos participativos en acciones para poder continuar su actividad, además de suscribir un acuerdo sobre dicha opción de compra-venta. Según los términos de este pacto, el precio sería igual al mayor importe entre un euro y el valor de mercado a ejercer el plazo de un mes a partir del 30 de junio de 2020, o antes si se dieran determinadas circunstancias.
El organismo gestionado por el Banco de España prevé que la operación no le implicará ningún quebranto adicional al agujero dejado de más de 2.000 millones entre los ajustes de financiación concedida y la valoración de la cartera. A diciembre de 2019, eso sí, tenía valorada a corto plazo la inversión en el holding en 669,7 millones.
CCM fue la primera caja de ahorros que fue intervenida durante la crisis financiera que arrancó en 2008, debido a sus exposiciones inmobiliarias. En 2009 el Banco de España tomó su control y, tras una subasta, adjudicó el negocio financiero a Cajastur (Liberbank en la actualidad). Para evitar riesgos, la cartera industrial se quedó en manos del Fondo de Garantía con el objetivo de ir recuperando parte del coste del rescate mediante posibles desinversiones y la entidad asturiana logró un esquema contra pérdidas crediticias de 2.475 millones de euros. Una cobertura que fue consumida íntegramente a finales de 2016.
Participaciones y gestión
Desde entonces, el FGD apenas ha podido vender estas participaciones. A día de hoy Inversiones Corporativas cuenta en su balance con un 36% del Aeropuerto de Ciudad Real; un 15% del Tranvía de Parla; el 12,8% de El Reino Don Quijote. Proyectos todos fracasados.
La cartera ha estado gestionada por una filial de Liberbank desde el rescate de la entidad y hasta finales de 2016, tras generarse conflictos que desembocaron en procesos judiciales. El FGD llevó a los tribunales a Briareo, franquicia de Liberbank, ante la controversia sobre el pago de las facturas por la administración en activos no dinerarios. Tras años de diferentes sentencias y recursos, este año la Audiencia Provincial de Madrid desestimó una apelación del organismo dirigido por el Banco de España.
Tras esta decisión, el FGD descartó un recurso de casación y ha abonado ya la cuantía acordada en sede judicial. El fondo de garantía ha pagado a Liberbank poco más de 89 millones de euros, aunque recuperará previsiblemente 11,5 millones en concepto de IVA.
Según las cuentas de esta institución, a diciembre de 2019 tenía provisiones para cubrir este litigio por un importe de 87,7 millones, de los cuales 60,9 millones correspondían al principal total de las facturas emitidas por la sociedad gestora, desde el tercer trimestre de 2012 hasta finales de 2016, más una factura rectificativa de aquellas emitida en junio de 2017. Otros 12,8 millones de la dotación en concepto de intereses legales, y 1,9 millones por las costas del procedimiento judicial.
