La Audiencia Nacional ha declarado nulo el despido colectivo promovido por Ryanair entre sus trabajadores de las bases de Canarias y Girona tras apreciar "mala fe, fraude, coacción y abuso de derecho en el proceder patronal".
El tribunal ha condenado así a la aerolínea de bajo coste a readmitir de forma indemidiata a los 224 trabajadores afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) "en las mismas condiciones en las que venían desempeñando sus servicios antes del despido" y a abonarles los salarios que han dejado de percibir desde que salieron de la compañía a principios de enero, cuando se produjo el cierre de las bases de Canarias. La plantilla de Ryanair en España está sujeta a un ERTE por fuerza mayor ante la desaparición de la actividad aérea por el coronavirus, por lo que trabajadores readmitidos, en principio, se debería incluir en el mismo.
"La empresa no quiso abordar un período de consultas conforme al artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores"
La Audiencia da por probado que, tal y como denunciaron los sindicatos de pilotos y tripulantes de cabina (TCP), "la empresa no quiso abordar un período de consultas conforme al artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores" y que las negociaciones estaban plagadas de irregularidades, incumplimientos de la legislación española y amenazas, sobre todo en el caso de Girona, donde la compañía forzó a los trabajadores a cambiar sus contratos fijos y antigüedad por unos a tiempo parcial que incluían una rebaja de 25% de la jornada y el salario para no ser despedidas.
"Ya no somos los trabajadores los que tachamos de ilegales a Ryanair, la propia Audiencia Nacional es durísima en su sentencia con una empresa que siempre se ha valido de coacciones y amenazas a su plantilla y que ha desdeñado las leyes y todas las autoridades españolas", Gustavo Silva, secretario general de USO en Ryanair y TCP afectado en la base de Tenerife Sur . La aerolínea que preside Michael O'Leary tiene un plazo de cinco días para recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo.
A finales del año pasado, Sepla (pilotos), USO y Sitcpla (TCP) solicitaron a la justicia española la impugnación del ERE que finalmente afectó a 211 trabajadores en las bases de Canarias y 13 personas de la base de Gerona, la mitad de la cifra inicial, por estar "plagado de múltiples irregularidades e incumplimientos de la legislación laboral española". Unas irregularidades que denunciaron durante todo el proceso de negociación y que finalmente llevó a la inspección de trabajo a personarse en alguno de los encuentros para tratar de poner orden y garantizar unos mínimos legales.
Ryanair anució a mediados del año pasado el cierre de las bases de Canarias y Girona alegando falta de rentabilidad y caída de la demanda, así como la falta de aviones por los retrasos en las entregas del 737 MAX, que sigue sin conseguir los permisos para volar. La aerolínea irlandesa, que siguió adelante con el cierre de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Lanzarote y planteó transformar a base temporal la de Gerona, aunque a efectos prácticos no suponía casi ningún cambio con la operativa tradicional, no proporcionó ningún dato económico que justificara la decisión. La medida se tomó en un momento en el que la tensión entre la plantilla española y la firma que preside O'Leary crecía por los problemas para llegar a un acuerdo sobre el convenio colectivo y la composión de la mesa de negociación.
"Quedaba acreditado con nuestras pruebas que las causas productivas y organizativas en las que Ryanair basaba su decisión de presentar el ERE no estaban justificadas"
"Quedaba acreditado con nuestras pruebas que las causas productivas y organizativas en las que Ryanair basaba su decisión de presentar el ERE no estaban justificadas. Algunas, de hecho, eran inexistentes. Las irregularidades para presentar el ERE eran tanto formales como de intencionalidad", apunta Lidia Arasanz, secretaria de comunicación de USO-Ryanair.
Los representantes de los trabajadores señalaron en su día que la compañía no ha probado de ninguna manera el descenso de la demanda o facturación en las bases canarias (no ha dado datos) y que no ha demostrado un cambio en la operativa de Gerona, donde la estacionalidad de la demanda es "una constante desde la apertura de la base". "No se aprecian cambios ni en la capacidad ni en la demanda de Gerona desde el año 2016", explican los sindicatos en la denuncia.
En cuanto a los retrasos del 737 MAX, que según la compañía, les ha llevado a reducir su ritmo de crecimiento en Europa del 10 al 2% y a recortar un 2% de capacidad en España de cara al 2020, los pilotos y los TCP explican que la firma tiene 60 aviones parados durante la temporada de invierno por lo que no tendría por qué quitar aviones de nuestro país. En este punto, señalan que la compañía no tiene previsto en ningún caso llevar los 737 MAX a las bases de Canarias cuando los reciba.
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