Las presiones de Ryanair a su plantilla vinculada al aeropuerto de Gerona para modificar sus condiciones laborales a cambio de mantener la base durante nueve meses al año ha dividido a la Generalitat de Cataluña.
Mientras la Consejería de Trabajo abrió el jueves una investigación para aclarar si la propuesta realizada individualmente a cada empleado se ajusta a la legalidad, la Consejería de Territorio y Sostenibilidad mantiene su valoración positiva del acuerdo laboral que trascendió el lunes para evitar el cierre de la base de la aerolínea irlandesa en el aeródromo gerundense.
"Más vale un mal acuerdo que un gran desacuerdo"
"Más vale un mal acuerdo que un gran desacuerdo", sostuvo este viernes en declaraciones a elEconomista el secretario de Infraestructuras y Movilidad de la Generalitat, Isidre Gavin. Expuso que no sería de su agrado que la continuidad de Ryanair en Girona fuese a cambio de minar las condiciones laborales de la plantilla, pero que el ámbito inspector compete al departamento de Trabajo de la Generalitat: "Ni conozco con detalle los acuerdos ni me corresponde conocerlo. No nos podemos pronunciar sobre negociaciones entre partes, pero si los trabajadores aceptaron el cambio de contrato, alguna parte positiva debe tener, como mantener los puestos de trabajo".
Frente a las declaraciones de Gavin, los trabajadores aseguran que todos los contratos se "firmaron bajo coacción". Así, en la demanda que los tripulantes de cabina (TCP) van a presentar ante la Inspección de Trabajo se recoge una carta enviada por Ryanair en la que amenaza con despedir a los trabajadores que han firmado el contrato temporal con salvedades, ya que "incumple la legislación española" al eliminar la antigüedad y otra serie de cláusulas.
Si no recibimos confirmación hasta el jueves 12 de diciembre a las 14.00 horas (...) serás despedido cumpliendo con los 15 días de preaviso
"Si deseas aceptar el contrato de temporada, por favor confirma que la carta que has adjuntado al contrato desaparece y lo aceptas tal y como está. Si no recibimos confirmación hasta el jueves 12 de diciembre a las 14.00 horas (...) serás despedido cumpliendo con los 15 días de preaviso", recoge la misiva enviada por la irlandesa.
Ante esta amenaza, algunos trabajadores han vuelto a enviar el contrato que les obliga a renunciar a un 25% de su jornada y salario sin la adenda para evitar ser despedidos aunque no se han retractado de la misma. "Todos los contratos han sido firmados bajo coacción, careciendo de la voluntariedad propia de las novaciones y el contenido del clausurado firmado resulta contrario al derecho español ya que obliga a los trabajadores a renunciar a su antigüedad y salario", recoge la denuncia.
Forzar a los trabajadores a firmar nuevas condiciones implica atentar contra el artículo 12.4 del Estatuto de los Trabajadores, que dice que nadie puede obligar a un trabajador a firmar un contrato a tiempo parcial cuando lo tiene a tiempo completo. Una acción que puede llegar ser considerada un delito penal, porque la firma abusa de la situación de necesidad de los trabajadores de la base de Gerona, que necesitan su empleo para subsistir.
Cambiar las ayudas
Respecto al contrato de promoción turística por el que Ryanair recibe 3,5 millones de euros anuales por su actividad en Gerona, en lo que sí participa Territorio y otras administraciones locales, Gavin niega que se estén planteando retirar los fondos, sino que quieren reformular los contratos hacia un concurso público en vez de negociar bilateralmente con cada aerolínea como ahora, lo que puede ser considerado por la Unión Europea como una ayuda ilegal. La nueva fórmula debería ir vinculada a la potenciación de rutas que cada aeropuerto elija. Pero Gavin considera que más importante que estos contratos es conseguir una rebaja de tasas en Girona, lo que es competencia de Aena.
