La propuesta que Ryanair ha puesto encima de la mesa de los pilotos y tripulantes de cabina (TCP) de la base de Gerona para evitar su cierre incumpliría varios artículos del estatuto de los trabajadores, atentaría contra la constitución y podría llegar a suponer un delito social.
La aerolínea de bajo coste ha planteado a cada trabajador de forma individual que noven sus contratos para reducir su jornada un 25% (convertirse en fijos discontinuos), un trato que incluye la perdida de la antigüedad, denuncian los sindicatos, y que implica el despido si el trabajador se niega a aceptarlo.
Según los abogados consultados por este diario, la solución planteada por la compañía y la forma en la que la está llevando a cabo podría ser "ilícita penal e ilícita laboral", apunta Enrique Lillo, abogado de CCOO, ya que busca modificar sustancialmente el contrato de un colectivo e, incluso, imponer uno nuevo, sin negociar, sin pagar indeminización alguna y sin dar explicaciones.
Además, pide que los trabajadores renuncien a derechos "indisponibles", como el de la antigüedad, lo que va contra el artículo 3.5 del estatuto de los trabajadores. Dentro de esta ley, también atentaría contra el artículo 41 en el caso de que se considerar que modifica sustancialmente las condiciones de trabajo, por lo que debería depedir a los trabajadores, pagar una indemnización y luego volver a contratarles.
Si se considera un despido colectivo tácito (articulo 51), Ryanair tendría que negociar el despido con los sindicatos. "La modificación colectiva de las condiciones de trabajo necesita el equivalente a un ERE", explica Luis Suárez Machota, de SBO Abogados. Al saltarse a los sindicatos para negociar el acuerdo va contra la libertad sindical.
Sitcpla y Sepal aseguran que los trabajadores están siendo coaccionados para firmar, lo que implica atentar contra el artículo 12.4 del estatuto que dice que nadie puede obligar a un trabajador a firmar un contrato a tiempo parcial cuando lo tiene a tiempo completo. En cuanto al ilícito penal, las fuentes legales consultadas aseguran que podría ser un delito penal porque abusa de la situación de necesidad de los trabajadores de la base de Gerona, que necesitan su empleo para subsistir.
