La moratoria por el pago de las hipotecas, una de las medidas más importantes aprobadas por el real decreto-ley del Gobierno el pasado 15 de marzo, solo será accesible para un 10% de los potenciales beneficiarios. Así lo defiende un estudio de la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que denuncia la complejidad de cumplir los cuatro requisitos que Pedro Sánchez marcó junto a su equipo para que todos aquellos afectados por el coronavirus retrasen el pago de su vivienda sin efectos lesivos con los bancos.
El 90% de todas aquellas personas que quieran solicitar la moratoria hipotecaria quedará "excluido durante el proceso de tramitación por incumplir alguno de los cuatro supuestos que establece la norma". Asufin ha analizado un centenar de las 500 consultas que en los últimos días les han llegado sobre la medida del Ejecutivo y ha llegado a la conclusión que desempeñar todos los requisitos es tarea casi imposible y por ello, se deberían modificar "levemente" para triplicar los casos positivos al retraso del pago.
Más concretamente, los dos más "lógicos", según la asociación, que no son otros que el empeoramiento profesional (haber sufrido un ERTE o unas pérdidas del 40% en la facturación) y que la carga hipotecaria y los suministros básicos supongan más de un 35% de los ingresos familiares. Estos dos supuestos los cumplen un 82%, el primero, y un 51%, el segundo, de los demandantes, pero en su suma y más con los otros dos requisitos descienden el porcentaje de casos positivos hasta el citado 10,2%.
Esas dos condiciones son las relativas a que los ingresos no superen tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM), solo el 30% de los demandantes lo cumplen, y que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se multiplique por, al menos, 1,3 durante esta crisis (desempeñado por el 20%). Además, hay que tener en cuenta que el real decreto-ley exige que todos estos supuestos no respondan a aquellas personas que ya estaban en vulnerabilidad con carácter previo a la declaración del estado de alarma.
Por todo ello, Asufin defiende que el marco de cumplimiento para acceder al aplazamiento de la hipoteca resulta "excluyente". Como consecuencia, la única alternativa para los afectados sería acogerse a las soluciones individuales que ofrezcan sus entidades bancarias.
Aplazamiento de doce meses
Ante la dificultad de que los afectados puedan solicitar la moratoria por la extensa lista de requisitos, el conjunto de la banca española que está representada en las dos principales patronales (AEB y CECA) aprobó ayer que permitirá a las familias y empresas más golpeadas económicamente por la pandemia aplazar hasta doce meses el pago de su hipoteca y hasta seis meses el de los créditos al consumo.
Las entidades, no obstante, solo permitirán aplazar la parte del capital del préstamo, lo que quiere decir que los consumidores seguirán pagando los intereses en su cuota mensual. "Esto reduce la cantidad que pagarán al mes en este periodo y les permitirá afrontar la situación con más holgura de liquidez", señalaron ayer las dos patronales en un comunicado conjunto.
El aplazamiento se instrumentaría, según los casos y en función del criterio de la entidad, mediante un préstamo personal, una modificación del préstamo hipotecario u otra fórmula financieramente equivalente.
