CCOO y UGT coinciden con Ayuso y piden parar las obras no esenciales

Los sindicatos han coincidido hoy con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en paralizar todas aquellas obras de infraestructuras y de mantenimiento de instalaciones que no sean esenciales para la población o de primera necesidad (sanidad, energía, agua, gas, transporte, ect.) al objeto de evitar la propagación el coronavirus entre los trabajadores del sector. Esta semana también el colectivo de arquitectos, aparejadores e ingenieros habían pedido al Gobierno que ordene la suspensión temporal de las obras de construcción que no sean imprescindibles.

CCOO de Construcción y Servicios y la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT reclaman además garantías en la adopción de todas las medidas de prevención adicionales derivadas del COVID-19 en todas las obras de construcción que permanezcan activas, así como la determinación por parte de la Inspección de Trabajo de su idoneidad para seguir con la actividad.

Las dos formaciones sindicales exigen la incorporación de las actividades de empresas constructoras, subcontratas, distribuidoras y empresas de materiales de construcción al Anexo del Real Decreto del Estado de Alarma en todo aquello que no se refiera a infraestructuras críticas o al mantenimiento de instalaciones esenciales o de primera necesidad, procediendo por tanto a la paralización de su actividad por causa de fuerza mayor.

Son múltiples las voces empresariales del sector que han demandado al Gobierno que detenga unilateralmente las obras ante la excesiva burocracia

Precisamente, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, reclamó este lunes al Gobierno medidas adicionales para frenar la pandemia como causa de fuerza mayor tanto para los contratos de obras públicas y servicios como de concesiones. La organización que preside Julián Núñez no pedía explícitamente la paralización de los proyectos, pero sí contar con la seguridad jurídica para que las constructoras puedan hacerlo llegado el caso. "En esta línea están procediendo gobiernos de otros países, al igual que la Federación Europea de la Construcción - FIEC -, en la nota de prensa publicada ayer lunes 23 de marzo", recordó.

Ahora bien, sí son múltiples las voces empresariales del sector que han demandado al Gobierno que detenga unilateralmente las obras ante la excesiva burocracia requerida para que las propias contratistas puedan parar.

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, consideró este miércoles que el Gobierno debería parar las obras que no sean esenciales. "Tienen lógica parar los trabajos en el caso de las obras que sean innecesarias. De hecho, ayer la Consejería de Sanidad remitió al Ministerio una petición al respecto. Sin embargo hay otras actividades que sí son imprescindibles y necesarias y que no se pueden parar, teniendo en cuenta que las familias están en sus casas encerradas y necesitan bajar a un supermercados y tener comida e ir a una farmacia y tenerlas abastecidas".

Con esta postura, la presidenta regional comparte opinión con el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que ha asegurado que sigue esperando una respuesta del Gobierno tras su petición formal para que se paralicen las obras. El Estado "no nos ha contestado. Primero hicimos una consulta a la Comunidad; después, una petición formal con un informe de Madrid Salud en el que se alertaba de que eran un foco de contagio y molestias para los vecinos", ha señalado.

Seopan también ha demandado la autorización de anticipos a cuenta durante el periodo de alarma

Seopan también ha demandado "medidas específicas para la contratación pública como autorizar anticipos a cuenta durante el periodo de alarma, a deducir íntegramente de certificaciones futuras tras la finalización del periodo de alarma". La patronal advierte en que "el sector de la construcción e infraestructuras tiene un enorme impacto en nuestro desarrollo económico y social, al tratarse del sector productivo que genera la mayor actividad económica inducida de nuestra economía, 1,92 euros por euro invertido, con la menor cuota de importaciones de todos los sectores productivos - únicamente 9 de cada 100 euros producidos tienen su origen fuera de España –".

En términos de actividad representa el 10% del total de la economía española, con una producción en 2019 de 124.049 millones de euros y una ocupación de 1.268.600 trabajadores. Por origen de demanda, el 12% es pública y el 78% privada.

Impacto del 1% en el PIB

Mensualmente, las obras públicas producen de media 1.233 millones de euros/mes con 152.000 empleos directos, y las obras privadas 9.104 millones de euros/mes con 1.116.600 empleos directos, según los datos estimados por Seopan. "Y un mes de suspensión total de la actividad, implicaría cerca de un punto porcentual menos de PIB anual, afectando a más de 1.270.000 trabajadores", alerta.

Adicionalmente, la actividad en concesiones de infraestructuras y servicios representa un volumen anual superior a 2.800 millones de euros, con distintas tipologías tanto de infraestructuras de transporte, como hidráulicas, de medio ambiente y de equipamiento público, como por ejemplo la última extensión de la red de hospitales públicos realizada en la Comunidad de Madrid

Únicamente la actividad económica en contratos públicos de obras en ejecución con todas las Administraciones y entidades públicas empresariales - sin incluir contratos públicos de suministros, de servicios y de concesiones - representó en 2019 más de 14.800 millones, correspondiendo un 36% a la Administración General del Estado, un 28% a las Comunidades Autónomas y el 36% restante a las Administraciones Locales.