Empresas y finanzas

Las constructoras reclaman que el Gobierno suspenda las obras directamente

  • Critican la "enorme burocracia" en un corto plazo que necesitan para poder parar los proyectos
  • El Ministerio de Transportes aclara que todos los contratos podrán detenerse si les afecta el coronavirus
Obras en Barcelona

Las constructoras ponen en tela de juicio la efectividad de las medidas adoptadas por el Gobierno para poder suspender contratos de obras y servicios debido a la "enorme burocracia" que entraña, hasta tal punto que demandan al Ejecutivo que imponga la paralización de los proyectos alegando causas de fuerza mayor como consecuencia de la crisis del coronavirus. Así lo expresan constructores y directivos de varias empresas, que lamentan que el Real Decreto-ley aprobado este martes dificulta la detención de las obras y servicios y la capacidad para poder aplicar Expedientes de Regulación de Empleo Temporal (ERTE).

Ni Seopan, la patronal de las grandes constructoras y concesionarias, ni Anci, organización que representa a las compañías no cotizadas, han querido por ahora pronunciarse oficialmente sobre las medidas aprobadas en materia de contratación pública. Sí lo ha hecho la Fundación Laboral de la Construcción, para la que el Real Decreto-ley "no parece haber resuelto la situación en la que se encuentran estos contratistas y sus empleados".

La Fundación Laboral de la Construcción cuestiona, en primer lugar, que la suspensión ha de ser solicitada por el contratista, justificando la imposibilidad de seguir ejecutando el contrato, y el órgano de contratación deberá resolver en el plazo de cinco días, considerándose desestimada la petición si en dicho plazo no hubiera resolución. Asimismo, señala, "inexplicablemente, el Real Decreto-ley limita la aplicación de este procedimiento a los contratos de obra que tengan prevista su finalización durante el periodo que dure el estado de alarma".

Como consecuencia de ello, apunta en una nota, "se está poniendo en duda la posibilidad de que las empresas constructoras de obra pública se puedan acoger a las medidas relacionadas con la suspensión de contratos de sus trabajadores, debido a que no podrían acreditar que la paralización de su actividad se ajusta a lo previsto en la normativa de contratación administrativa".

El Ministerio aclara que las constructoras pueden solicitar la suspensión de las obras indistintamente del plazo de entrega

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, consultado por este diario, aclara que "al sector de la construcción le aplican las medidas extraordinarias de orden financiero, fiscal y laboral que se han tomado para todos los sectores económicos afectados".

"Adicionalmente –continúa-, se ha establecido un régimen que les ofrece la posibilidad de promover una suspensión y prórroga especial para los contratos de obra públicos, oportunidad que antes no tenían". Además, "se establece un régimen de compensaciones para las empresas en caso de suspensión COVID-19 al que no podrían acceder antes de la modificación, lo que supone para ellos una situación más favorable que en el régimen de suspensiones vigente antes de ella", precisan fuentes oficiales del departamento que dirige José Luis Ábalos.

Más aún, el Ministerio se remite al artículo 34.3 del Real Decreto-ley para aclarar que las constructoras pueden solicitar la suspensión de las obras por el coronavirus para todas aquellas que se vean efectivamente afectadas indistintamente del plazo de entrega. Explica que para aquellas que estuvieran previstas su finalización entre el 14 de marzo y lo que dure el estado de alarma (por ahora el 30 de marzo), adicionalmente, se les ofrece la posibilidad de pedir una prórroga en el plazo de entrega final siempre y cuando ofrezca el cumplimiento de sus compromisos pendientes si se le amplía el plazo inicial.

La mayoría de las constructoras se queja de que la carga de solicitar la suspensión y de justificarla recae íntegramente en el contratista

La mayoría de las constructoras consultadas se queja, en cualquier caso, de que la carga de solicitar la suspensión y de justificarla recae íntegramente en el contratista, siendo además el silencio administrativo desestimatorio –sin en los cinco días posteriores a la solicitud el órgano contratante no se ha pronunciado supone la desestimación-.

Advierten de que elaborar la justificación "supone un jardín burocrático". Porque han de detallar los motivos para la suspensión, pero también todos los gastos que enfrenten durante la paralización de cada uno de los contratos, entre los que figuran los salarios, los de mantenimiento de la garantía definitivo, los alquileres y costes de maquinaria, instalaciones y equipos o los de las pólizas de seguro. "¿Cómo se puede justificar en tan poco tiempo la falta de hormigón o de tierras porque hay proveedores que no nos sirven?", cuestionan desde una de las constructoras que está analizando qué proyectos detener.

Además, algunas fuentes inciden en que "dejar toda la responsabilidad de aprobar la suspensión en un jefe de obra o un órgano contratante traerá problemas", porque estos a su vez, explican, "deberán justificarse ante estamentos superiores". Y la paralización de los contratos, recuerdan, "tendrá unos costes no menores para la Administración". Toda la burocracia que requieren los procedimientos para su paralización también dificultará la aprobación de los ERTE, aseguran las mismas fuentes.

A todo ello se unen las dudas sobre la capacidad de las mutuas para atender a los trabajadores que puedan sufrir un accidente laboral en la situación de saturación de los hospitales que existe en este momento en España.

Promotoras y proveedores

Son todos ellos motivos que les llevan a reclamar al Gobierno que adopte la decisión unilateral de paralizar las obras, si bien las patronales hasta ahora no se han pronunciado públicamente. Esta postura contrasta con la defendida por la patronal de las promotoras madrileñas Asprima o por la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco). Ésta considera que el efecto de una paralización de obra llevaría anexa la pérdida inmediata de cientos de miles de empleos y demanda al Gobierno que "el pago de los suministros realizados hasta la fecha de suspensión de la obra han de estar garantizados por la Administración Pública que ordene la paralización, subsidiariamente a que no lo hagan en tiempo y forma los contratistas principales".

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