El Gobierno prepara una nueva batería de medidas que afectarán de lleno al mercado del alquiler. Esta vez el objetivo del Ejecutivo pasa por "poner freno a otra lacra social que sufre nuestro país: los desahucios por impago del alquiler".
Los cambios en esta línea se llevarán a cabo en el marco de la reforma ya prevista de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), en la que se tomarán "las medidas necesarias para evitar este tipo de desahucios, especialmente aquellos que se dan en zonas de mercado de alquiler tensionado y por grandes tenedores de vivienda que se dedican al mercado inmobiliario", apuntó el lunes Moncloa en un comunicado.
Los grandes inversores aseguran a elEconomista que empiezan a "cansarse de que el Gobierno pretenda que seamos nosotros los que asumamos responsabilidades sociales que deberían solucionar ellos". Así lo apunta uno de los grandes fondos a este periódico, que asegura que "la sensación que tenemos es generalizada entre todos los inversores que estamos apostando por profesionalizar el mercado del alquiler en España y que además estamos desarrollando vivienda nueva destinada al arrendamiento".
Otro de los grandes fondos advierte de que "al final conseguirán romper el mercado del alquiler. Lo están atacando por todas las vías y están poniendo muchas barreras a la inversión. No puede ser que tengamos que hacernos cargo de la gente que no pague".
Los expertos también cargan contra las nuevas propuestas del Gobierno. "Las medidas son un brindis al sol, ya que el 95% del parque de alquiler está en manos de particulares", explica José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. "Lo que no pueden hacer es poner límites a las empresas que de alguna manera son las que pueden impulsar el desarrollo de nuevas viviendas. Si estos inversores deciden apartarse el negocio del alquiler el precio no bajará", argumenta el directivo.
Antonio Carroza, CEO de Alquiler Seguro, considera que con la limitación de los desahucios, "se transmite el mensaje de que van a proteger al que deja de pagar". El problema, según el experto radica en que "se están tratando los síntomas y no la causa que los genera. Hay que atacar la falta de empleo y eso se debe hacer con políticas sociales activas por parte de la administración. No pueden subrogar la responsabilidad social del alquiler ni a los grandes ni a los pequeños propietarios".
Ismael Kardoudi, director de Estudios de Fotocasa, advierte de que "las nuevas propuestas que el Gobierno está poniendo en marcha están 100% orientadas a los inquilinos y en ningún caso hay beneficio alguno para los propietarios, que si ven que cada vez tienen más dificultades en el mercado del alquiler o no tienen garantías legales que les abalen, optarán por no ofertar sus viviendas. Habría que encontrar medidas que fueran beneficiosas tanto para propietarios como para inquilinos".
Beatriz Toribio, analista del sector inmobiliario, cree que se trata de medidas "de cara a la galería más que efectivas. Y de hecho, más que efectivas son contraproducentes".
La experta considera que mientras se ponen en marcha el desarrollo de más vivienda pública "se debería apostar por evitar los impagos en lugar de por limitar los desahucios". "Para eso son necesarias medidas fiscales a favor de los propietarios que alquilen a precios asequibles o a determinados segmentos de la sociedad, así como medidas incentivadoras para que entren en el mercado viviendas vacías", concreta Toribio.
Asimismo, considera que "se debería que contar con el sector profesional a la hora de diseñar nuevas medidas, ya que de esta situación no vamos a salir sin la colaboración público privada. La administración por si sola no va a poder poner en el mercado vivienda asequible y social. Se necesita al sector y en los últimos meses se está generando una serie de legislación a espaldas del sector que no traerá buenos frutos a medio o largo plazo".
Prorroga de la moratoria
Según explicó el martes la ministra portavoz, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en 2019 el Gobierno ya ofreció mediante normativa una mayor protección a los inquilinos al introducir "un tramite obligado de comunicación a los servicios sociales y en caso de que se determinara la situación de vulnerabilidad se establecía una suspensión del procedimiento de desahucio hasta que se adoptaran unas medidas que los servicios sociales consideraran oportunas por un plazo máximo de un mes, o de tres meses cuando el demandante fuera persona jurídica". Si bien, "es preciso continuar abordando los problemas de acceso a la vivienda y de protección a los ciudadanos más vulnerables".
Montero: "hasta 2024 ninguna familiar vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca".
Durante el Consejo de Ministros se aprobó mediante Real Decreto ampliar la protección a personas que, encontrándose en situación de vulnerabilidad, no pueden hacer frente a los pagos inmediatos de la hipoteca y se encuentran en "riesgo de desahucio hipotecario". De este modo, "hasta 2024 ninguna familiar vulnerable será expulsada de su hogar porque se ejecute su hipoteca".
De no extenderse esta protección, el Gobierno estima que se podrían haber visto afectadas más de 29.000 familias, sin contar con las que en el futuro se puedan beneficiar de estas medidas.
Además, en el nuevo Real Decreto incorpora "la suspensión de lanzamientos con independencia de si la vivienda se adjudica a un banco o si se adjudica a un tercero", explicó Montero.
