El próximo 31 de marzo caducan los derechos de acceso y conexión a las redes eléctricas concedidos antes de 2013. Corresponden a cientos de proyectos renovables -suman unos 5.000 MW-, alguno en construcción, que también perderán la autorización administrativa y un aval de 10.000 euros por MW. El Gobierno conoce la situación y en los últimos meses ha anunciado a las empresas su intención de solucionar el problema, pero ahora indica que "cumplirá la legislación".
La Ley 24/2013, del sector eléctrico, estableció que los puntos de conexión concedidos antes de su entrada en vigor caducarían el 31 de diciembre de 2018. En aquel momento, según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), había permisos por unos 9.000 MW en las redes de alta tensión, la gran mayoría para parques eólicos, sin que haya información pública sobre las redes de distribución, que bien puede sumar otros 2.000 MW.
Prórroga por las subastas
Cuando el Gobierno lanzó las tres subastas de renovables de 2017 y 2018, era evidente que con los plazos establecidos por las pujas para culminar los 8.800 MW adjudicados, muchos no iban a llegar a tiempo si tenían que reiniciar las tramitaciones. Para evitarlo el Real Decreto-ley 15/2018 otorgó una prórroga, "excepcional y por una sola vez", a esos permisos de conexión, hasta el 31 de marzo de 2020.
Ese día vence el plazo de la última puja, en la que hay 500 MW eólicos, y muchos no llegarán a tiempo. De las otras dos pujas, ya han llegado tarde 2.500 MW eólicos y unos 1.000 MW solares, por el atasco administrativo en las comunidades autónomas, los cuellos de botella en las cadenas de suministro de los equipos y la falta de solvencia de algunos de los adjudicatarios.
Con este panorama, las empresas han intentado que el Gobierno apruebe una nueva prórroga para esos puntos de conexión, de un año, para que proyectos firmes, que puedan demostrarlo con una licencia de obras, con contratos de compra de equipos o, incluso, con una acreditación de la CNMC, se culminen.
El Ministerio para la Transición Ecológica les ha mostrado a puerta cerrada su voluntad de ampliar el plazo, pero esa intención no se ha plasmado en la normativa, y ahora únicamente señala a elEconomista que "cumplirá la legislación".
REE no da datos
Hay empresas que ya han renunciado a sus puntos de conexión para recuperar el correspondiente aval, pero no se sabe cuántas. Este diario ha solicitado a REE información sobre el volumen de los permisos que caducan, sin éxito alguno.
Fuentes solventes calculan que hay unos 5.000 MW en el alero; y como en la época en que se pidieron los permisos el tamaño máximo de cada central era de 50 MW, puede haber cientos de proyectos renovables amenazados.
Dando por bueno ese volumen de potencia en el aire, los promotores podrían perder los 50 millones en avales que respaldaron en su día los derechos de acceso y conexión de caducan, a razón de 10.000 euros por MW de potencia. El Gobierno ya ha empezado a ejecutar otras garantías financieras, en este caso de los proyectos que han incumplido plazos de las subastas.
Se trata de una cantidad menor que la exigida en las actuales garantías, de 40.000 euros por MW, porque se presentaron antes de que se produjese la subida, en octubre de 2018, para tratar de atajar la especulación, sin mucho éxito.
Además de perder el derecho de acceso y conexión -hay cierto debate sectorial sobre si debe notificarse o basta el silencio administrativo-, el promotor pierde también la autorización administrativa del proyecto, con lo que debe iniciar de nuevo todos los trámites.
Cabe la posibilidad de que un promotor solicite y obtenga el mismo punto de conexión que va a perder, pero con la especulación reinante, el sector teme una avalancha de peticiones el 1 de abril que termine obligando a comprar el derecho de acceso a los promotores serios para minimizar costes hundidos. El precio del MW oscila de 60.000 a 250.000 euros, según José Bogas, consejero delegado de Endesa.
