La crisis de rentabilidad por la que atraviesa el campo español se ha convertido en uno de los temas de debate de las últimas semanas, una situación que se agravará con la subida del Salario Mínimo Interprofesional. Al menos eso es lo que auguran los sindicatos del sector y los propios agricultores, que han salido a la calle a protestar para que se adopten medidas. El Gobierno ha acusado a las grandes cadenas de distribución de la caída de los márgenes de los productores agroalimentarios.
El presidente del sindicato agrario Asaja, Pedro Barato; el director general de la patronal alimentaria Fiab, Mauricio García de Quevedo; y el director general de la patronal de los supermercados Asedas, Ignacio García Magarzo, han analizado la realidad del mundo agrario y las posibles soluciones en un debate organizado por elEconomista.
En el acto, Barato explica que el campo se vio agravada su situación en 2019, donde se produjo una caída de la renta del 8,6% tras una serie de acontecimientos climáticos y de acuerdos comerciales, de aranceles. Pero, a su juicio, "la gota que colma el vaso es el incremento del salario mínimo, que en dos años va a subir un 40%" porque "estamos pagando para producir a precios de 2020 y hay sectores que están recibiendo precios de quince e, incluso, de hace 30 años".
Con este mensaje el presidente de Asaja denuncia el momento en el que se encuentra el colectivo de agricultores por los diferenciales existentes entre los costes y los ingresos. Además, pone el acento en el sistema actual que no es el correcto, el precio que percibe el productor y el pagado por el consumidor. "Hay productos que tienen que encarecerse un poco más, pero qué transformación tiene la patata", se pregunta.
El director general de la patronal de alimentaria Fiab, por su parte, sí defiende que hay un valor añadido bruto en la cadena de distribución y pone de manifiesto que existe canales de distribución alternativos. Las frutas y hortalizas que se venden directamente no pasan por la industria de alimentos y bebidas. "Ahí el papel de las compañías que yo represento -unas 30.000 empresas y asentada en su mayor parte en el mundo rural- es nulo", señala García Quevedo.
"En los productos que sí pasan por nosotros para ser elaborados, ser procesados, nosotros incorporamos innovación para que mejore su vida útil y seguridad alimentaria, y, por eso, es lógico que entre el precio de origen y el del consumidor, en cada eslabón haya un aumento del valor añadido", sostiene el responsable de Fiab. El debate, añade, es cómo se hace el reparto de ese incremento, que dependerá de la productividad y de la capacidad negociadora.
Desde la patronal de supermercados, colectivo que ha sido atacado duramente por el Gobierno, se agradece la petición del Ejecutivo de hacer autocrítica y se tiende la mano a ayudar, aunque se manifiesta el deseo de que todos los eslabones de la cadena alimentaria se examinen porque estamos en "una situación muy difícil para el campo español que tenemos que resolver juntos y entre todos poniendo en valor lo mejor que hacemos, que es ser un gran país productor, ser líderes de la exportación en muchos productos transformados y en frutas y hortalizas y, a la vez, tener una gran cadena agroalimentaria".
Según indica García Magarzo, en España "los precios se forman de una manera correcta" y "existe una competencia de precios", a pesar de que hay una realidad, que es la que están denunciando los agricultores, que es un establecimiento de los precios por debajo de los costes de producción". Por ello, aboga por adoptar "medidas de medio plazo que ayuden a solucionar la crisis actual" entre todas las partes con una mayor estructura, un aumento de la capacidad negociadora, una estabilidad en las relaciones y una seriedad en los contratos.
Cumplimiento de sanciones
Barato considera oportunas estas vías de solución, pero considera que los contratos se tienen que cumplir, que es necesaria una transparencia total y que los pagos se tienen que hacer según la normativa, ya que en muchas ocasiones esto no ocurre así, por lo que ve necesario que las sanciones se ejecuten con su cobro.
Asimismo, el responsable de Asaja apunta que la distribución puede echar un mano con una ordenación de las importaciones y con una identificación completa de los productos, sobre todo en aquellos que son claves para nuestro país, como el aceite o los cítricos. "No se puede banalizar con los productos que son el nudo gordiano del campo español", asegura. "No puede ser que haya poca producción de un producto y el precio siga bajando", sostiene el presidente de la asociación de agricultores, que remarca que la venta a pérdidas puede hacerse de muchas maneras y así se ha comprobado.
En esta situación la subida del salario mínimo es "una autentica barbaridad", según Barato, no solo por su coste, sino porque con el nuevo sistema se pone fin a las relaciones laborales hasta ahora establecidas, donde los salarios se configuran entre la patronal y los sindicatos en el marco de los convenios colectivos. "Es un detonante de la crisis, que lo quieran quitar del debate es una barbaridad", subraya el presidente de Asaja.
Una crisis que puede amenazar a toda la industria alimentaria y a las cadenas de distribución. Según García Magarzo la subida del salario mínimo elevará los costes y perjudicará la competitividad, principalmente, en las zonas rurales. El director general de Asedas indica que las cadenas tienen 7.000 tiendas en los pueblos de menos de 2.000 habitantes, en donde los gastos laborales van a ser "un serio problema".
La patronal de la industria alimentaria muestra también su preocupación por el impacto del incremento del sueldo mínimo porque "los costes se disparan". "Estamos observando como influye en el tejido empresarial en los próximos meses", señala García Quevedo, quien considera que "la negociación colectiva es fundamental y hay que formentarla", por lo que critica que los salarios se hayan fijado por decreto.
Ataques del Gobierno
El sector del campo, tras la movilizaciones de protesta, se ha sentido atacado en las últimas semanas por el Gobierno, aunque los mensajes de agresión, según Barato, vienen de hace meses. Y pone en el centro de estos ataques al vicepresidente del Ejecutivo, Pablo Iglesias, que ha lanzado algunos mensajes contra los agricultores y los ganaderos. "Solo el ego de vicepresidente le permite decir esas cosas porque, de los contrario sería malvado", indica el presidente de Asaja, quien asegura que lo único que hacen los profesionales es cuidar a los animales y a la vegetación. "Hoy hay un mundo de ecologismo falso", denuncia.
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