La búsqueda de temporeros es una carrera de obstáculos para el sector agrícola. El colapso del Sepe, y las excesivas limitaciones a la movilidad de los parados que quisieran reciclarse en el campo, dificultaron la cobertura de los 100.000 empleos necesarios.
Mientras en países como Alemania, Francia, Italia los salarios que cubre el Gobierno por la pandemia del Covid-19, ascienden a topes máximos de hasta 4.000 euros mensuales, en España alcanzan los 1.400 euros mensuales. En Reino Unido, las ayudas públicas tienen un tope de 2.870 euros y en Portugal de hasta 1.905 euros.
Aún se desconoce la cuantía de la subida del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) que anunció la pasada semana la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, pero según apuntan los expertos consultados por elEconomista, fuera cual fuere la medida supondrá de manera automática un incremento del gasto público asociado a ciertas ayudas y subvenciones que dependen en alguna medida de este indicador. "Ampliará las base de personas con acceso a ciertas ayudas, lo que repercutirá en un aumento del gasto público", apuntan al respecto.
El Gobierno de Angela Merkel aprobó en 2015 la imposición de un salario mínimo en Alemania (que ha ido escalando hasta los 9,19 euros por hora), una economía que hasta el momento había carecido de esta norma que pone suelo a la remuneración de los trabajadores. Tras cinco años se pueden extraer varias conclusiones entre las que destacan que las empresas más pequeñas han sufrido por un incremento de costes que no siempre han podido asumir, lo que ha producido un trasvase de trabajadores desde las empresas pequeñas a otras más grandes, que a su vez suelen ser más productivas. Esto, a su vez, ha reducido el número de estas pequeñas empresas, que en el caso de España conforman el 95% del tejido empresarial. También se ha observado una reducción de las horas trabajadas en las personas que han sido afectadas por el salario mínimo.
Me da pena comprobar cómo los sucesivos gobiernos incumplen sistemáticamente sus promesas electorales. Sánchez juró en campaña electoral que cuidaría el medio rural y lucharía contra la despoblación. Sin embargo, nada más ganar subió el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta 950 euros, una cantidad imposible de afrontar por buena parte las empresas que subsisten en la España vaciada.
Apenas dos meses desde la formación del Gobierno bastan para evidenciar las grietas de la coalición PSOE-Podemos. En todo Ejecutivo de este tipo, son previsibles las tensiones, pero sorprende el afán con que el líder del partido morado, Pablo Iglesias, las persigue. En determinadas áreas, no duda en tomar la iniciativa sobre medidas ajenas a las competencias de su Vicepresidencia. Así actuó cuando abogó por crear una renta mínima ciudadana.
La introducción de los planes de pensiones de empresa en España parece uno de los principales retos del tejido productivo de nuestro país de cara al mantenimiento del poder adquisitivo de los futuros pensionistas, que previsiblemente se verá reducido en el mismo volumen que lo haga en las próximas décadas la tasa de sustitución sobre el último salario, ahora en el entorno del 78%. Esta es una de las principales tareas pendientes de la sociedad española que puede favorecer a un mayor compromiso de ahorro a largo plazo por parte de los españoles cuenta pendientes si se compara la tasa de ahorro respecto a nuestros países vecinos- y sin embargo son varios los obstáculos que encuentra, tal y como se expuso este miércoles en la jornada de Previsión Social en la Empresa. Pensando en el futuro de las personas organizada por APD, Ocopen y Cecabank.
La presente semana quedó marcada por los negativos datos de paro y afiliación del mes pasado. El hecho de que el deterioro fuera especialmente agudo en la agricultura volvió a estimular el debate sobre cuáles son los problemas que del campo español. En el Gobierno no ha habido unanimidad en los mensajes hasta muy recientemente, cuando el ministro Planas, e incluso el presidente Sánchez, pusieron el foco sobre los distribuidores.
La subida del salario mínimo interprofesional "no es buena para las pymes", aunque es "menos mala del que tenía previsto y pensaba ejecutar el Gobierno". Es la advertencia que ha lanzado el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva.
La Cámara de Comercio de Barcelona aboga por un salario mínimo interprofesional (SMI) en Cataluña de entre 1.000 y 1.100 euros mensuales este año, y una evolución progresiva hasta entre 1.200 y 1.400 euros en 2030, como vía para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores sin afectar a la economía.
A pesar de que tradicionalmente enero no es un buen mes para el empleo (fin de la campaña navideña), este año, los datos han sido peores de lo que la mayoría de los analistas pensábamos. El invierno no suele ser una buena estación para el empleo, pero, en este caso, parece que los peores augurios se confirman y que será un momento extremadamente complicado para nuestra economía y, por lo tanto, para el empleo.
El número de parados en el sector agrario se elevó a 150.045 personas en enero de 2020, con un incremento de 9.085 -un aumento del 6,45%- con respecto a diciembre de 2019. Este incremento es el más elevado de los registrados desde 2013.
Las fuertes protestas de los agricultores por el incremento del Salario Mínimo Interprofesional han terminado por crear una "vía de agua" en el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, abrió este lunes una brecha con el resto del Gabinete al apuntar la posibilidad de establecer bonificaciones o incentivos que reduzcan el impacto del alza de los salarios en el aumento del desempleo agrario, algo que había sido rechazado categóricamente por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Nadia Calviño, por su parte, ha rechazado este lunes bajar el SMI en Extremadura.
El ministro de Agricultura, Luis Planas reconoce que los rápidos incrementos que acumula el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "condicionan la actividad agraria". Se trata de unas declaraciones de alcance debido a que, por primera vez, el Ejecutivo reconoce el especial perjuicio que, inevitablemente, provoca en el campo español la subida de costes laborales. No en vano se trata de un sector basado aún en un uso intensivo de mano de obra, ya que muchos de sus procesos no se pueden mecanizar.
Dos tardes, es lo que duró Jordi Sevilla al frente de Red Eléctrica de España (REE). El mismo tiempo en el que había prometido enseñar economía a José Luis Rodríguez Zapatero. Su marcha de la presidencia del operador del sistema eléctrico más que a la intromisión de la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, fue causada por sus permanentes maniobras para ganar cuota de poder en la sociedad y sus constantes desafíos a la vicepresidenta.
Patronal y sindicatos ratificaron con el Gobierno el acuerdo para volver a subir el salario mínimo en 2020, hasta 950 euros. Fue en el mismo día en el que siguieron sucediéndose las protestas en el sector agrario. No en vano, como el presidente de Asaja, Pedro Barato, denuncia en elEconomista el fuerte alza acumulada por esta remuneración ataca en su misma línea de flotación a sectores como el agrícola, intensivos en mano de obra. Es más, provoca ya claras anomalías.
Resulta anómala la desmadrada actitud de la oposición política del tripartito de derechas y la de los medios de comunicación afines al mismo. Y de la misma manera son de notar las declaraciones de representantes cualificados de la Iglesia o la diligencia desacostumbrada de algunos poderes del Estado en dictar sentencias o ponerse en guardia. Por otra parte, y desde la caverna ideológica y política, hay una actividad trepidante a la hora de plantear medidas y propuestas que parecen inspiradas en el Syllabus o en la encíclica Quanta cura, ambos de Pío IX en 1864.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los agentes sociales han firmado este jueves el acuerdo por el que se subirá a 950 euros brutos mensuales el salario mínimo interprofesional (SMI) en 2020 | Documento: Acuerdo para el incremento del salario mínimo interprofesional.
El presidente de ATA y vicepresidente de la CEOE, Lorenzo Amor, ha asegurado este lunes en Sevilla que la Encuesta de Población Activa (EPA) del cuarto trimestre que se publicará mañana no va a ser "nada buena", ya que la creación de empleo en la empresa privada es "prácticamente nula", por lo que ha pedido que la reforma laboral "no se haga por decretazo".
Euskadi vivirá el próximo jueves 30 de enero una huelga general por las pensiones, el empleo y los servicios públicos que más bien será parcial, porque el movimiento sindical y la sociedad están divididos.
Si el histórico dirigente de la patronal española, Jose María Cuevas levantase la cabeza se volvería a morir del susto contemplando al nuevo presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, haciendo de tonto útil para mayor gloria del gobierno de Pedro y Pablo. La firma solemne de la subida del salario mínimo con la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y con los secretarios generales de CC.OO. Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, es un paripé de tal envergadura que da vergüenza ajena.
El presidente del Gobierno,Pedro Sánchez, visitó esta semana el Foro de Davos acompañado de dos de sus vicepresidentas (Nadia Calviño y Teresa Ribera) y de una cohorte de empresarios de primera fila: Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Francisco Reynés (Naturgy); Ana Botín (Santander), Josu Jon Imaz (Repsol), Rafael del Pino (Ferrovial), Carlos Torres (BBVA) ó José Manuel Entrecanales (Acciona).
Todos ganan y todos pierden con la subida acordada del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La medida, que mejorará la situación salarial de unos dos millones de trabajadores, según cálculos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, aunque no existe un registro oficial que determine el número exacto de trabajadores que recibe el salario mínimo, supone a su vez un claro interrogante respecto a sus efectos sobre el mercado de trabajo de un país con falta de amplios sectores productivos punteros y muy dependiente del sector servicios que compite vendiendo en general con márgenes muy apretados, con lo que finalmente el valor añadido generado es bastante reducido. Y una de las consecuencias de este modelo son los salarios bajos.
El sector de Comercio ha sido el último en sumarse a las críticas dirigidas a la subida del Salario Mínimo Interprofesional, a 950 euros. La contracción de la contratación o generación de empleo, y la economía sumergida pueden ser las primeras consecuencias
El economista de IU Eduardo Garzón, hermano del actual ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, ha sembrado la polémica tras publicar un hilo en Twitter en defensa de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 950 euros.
Como era previsible, la reunión en la que el Gobierno, la patronal y los sindicatos retomaron el diálogo social estuvo protagonizada por el salario mínimo interprofesional (SMI). Tras volver a subir las pensiones con el IPC y elevar el sueldo de los funcionarios, el Ejecutivo seguía teniendo pendiente el cumplimiento de su ambiciosa promesa electoral referida al SMI.
En vísperas de la apertura de FITUR, y tras las bambalinas de esta gran muestra internacional del turismo se esconde la realidad de un sector que empieza a ser preocupante, afectado por la caída de la demanda de los destinos tradicionales europeos, el descenso de la productividad y el aumento de los costes laborales.
España vio en 2019 dispararse sus costes laborales por causa del alza del 22% en el salario mínimo interprofesionales y por las subidas de sueldos de media muy superiores al IPC pactadas en la negociación colectiva. Como resultado, el desembolso que las empresas hacen derivado de sus empleados lleva casi un ejercicio entero creciendo más de un 2% mensual.
Como recordará el lector, "El Gabinete del Doctor Caligari" es una película de terror alemana de 1920, es decir, hace ahora un siglo exactamente. Ahora nos llega el "remake", una nueva película de terror, en este caso gubernamental y económico, de la mano de otro doctor, también de cine mudo porque de momento no dice ni pío, y con otro argumento: Sánchez y su gobierno socio comunista en brazos del independentismo. Si ya esto da miedo de por sí, el anuncio de sus medidas económicas convierte a este filme en una ficción más terrorífica que toda la saga de Frankenstein y Drácula juntas.
